Con el problema generado por Vale encima, el gobierno de Francisco Pérez necesita desactivar otros frentes de conflicto que puedan complicar la gestión en un año bravo en lo financiero y crucial en lo electoral. Por eso la noticia del acuerdo con el gremio docente, que aceptó ayer un 25% de aumento salarial en una sola cuota a partir de marzo, trae alivio a la administración justicialista, que ahora apuesta a que la desactivación de la discusión paritaria con el SUTE se pueda trasladar al resto de los gremios que mantienen medidas de fuerza.
Detrás de los problemas de gestión, la dirigencia peronista se debate en una interna que termina movilizando al partido, como se vio en la convocatoria del sector que lidera Ciurca con los intendentes Abraham y Miranda. Siempre hay quienes han dicho que una interna a veces se transforma en un mal necesario para un gobierno.
El de Potasio Río Colorado es un problema de difícil resolución. Lo sabe muy bien el Gobernador. Desde la oposición se hizo reflexionar al Ejecutivo sobre la tardanza (¿o desidia?) que tuvo para advertir la crisis que se comenzaba a gestar cuando Vale hizo una advertencia de los problemas que empresarialmente le generaba la situación económica argentina. Esa lentitud de reacción, tanto del gobierno local como del nacional, condujo al actual lamento por la inversión perdida, más allá de las críticas de rigor que políticamente se realizan a la minera brasileña.
Francisco Pérez ha convocado para mañana temprano a los diputados y senadores nacionales por Mendoza del radicalismo para escuchar opiniones y abrir el diálogo en la búsqueda de una salida consensuada.
El gesto es bueno, porque de algún modo mantiene vivo el diálogo que ha caracterizado, en mayor o menor medida, a la política mendocina. Pero los legisladores de la UCR ya anticiparon que no tienen muchas esperanzas en lo que se pueda resolver en ese encuentro. Consideran que la situación de la economía en el país en estos momentos desalienta la llegada de inversores, si entre las alternativas que se plantean a futuro está la posibilidad del control del Estado ante una eventual caída de la concesión de la empresa brasileña.
A través de un proyecto el senador nacional Ernesto Sanz pretende que las principales autoridades de Economía expliquen por qué el emprendimiento del sur de Malargüe pasó de ser "la inversión extranjera directa más importante de Argentina" y "un ejemplo para mostrar que la Argentina no está aislada del mundo y es un país confiable", según dichos de la presidenta Cristina Fernández, a una empresa víctima de "la inflación, el tipo de cambio y conflictos político-sindicales".
El escepticismo no es sólo de los radicales. Desde el Partido Demócrata también consideran que el gobierno local ha quedado atrapado por los desatinos del manejo económico.
Entienden que quitar la concesión a Vale generaría más desconfianza en el país y en la provincia. Se alude a la seguridad jurídica y ponen como ejemplo la controvertida forma de hacerse de la mayoría accionaria de YPF que eligió el año pasado el kirchnerismo. "Pensar en la nueva empresa provincial de energía es algo muy lejano. Hay que hablar de una inversión de 6 mil millones de dólares. Es más viable buscar que Vale se asocie o venda a otra empresa", reflexionó ayer el senador Carlos Aguinaga.
Sin dejar de admitir que la de Vale es una legítima decisión empresarial, al gobierno de Pérez le cabe ahora cuidar el mayor detalle: el problema social y laboral derivado. No hay que descartar que se enfoque hacia ello en el corto plazo. Por eso el vicegobernador Ciurca explicó en la semana que se debe tener previsto un plan de contingencia para cuando venza el plazo de la conciliación obligatoria. En el cuarto piso de la Casa de Gobierno analizaban todas las alternativas legales para que una eventual presentación judicial del gobierno de Francisco Pérez contra Vale contenga efectividad y no signifique un paso en falso.
Mientras tanto, que no se apague la mística. Las contratiempos de la gestión hacen que en el gobierno de Pérez no vean con tanta preocupación los roces que persisten entre los sectores internos del PJ, especialmente a partir del quiebre de los bloques en la Legislatura. El justicialismo movilizado puede generar efectos fuertes, como el de la línea conocida como La Corriente, que juntó 14 mil personas el viernes a la noche en la cancha de fútbol de Andes Talleres.
Es la línea que lidera el vicegobernador, Carlos Ciurca, junto con los intendentes Alejandro Abraham, Rubén Miranda y Carlos López Puelles. Territorialmente, se trata de departamentos muy poblados y en los que el peronismo se siente seguro, especialmente Las Heras y Guaymallén.
A viva voz Ciurca y compañía salieron a resaltar que no se veía una movilización de la militancia peronista de tal envergadura desde hace 30 años. La elección de un estadio descubierto contribuyó para ello. Además, el Vicegobernador se siente muy cómodo montando este tipo de actos. La política en la calle es su fuerte.
Ciurca, criticado por muchos dirigentes antagónicos del peronismo local por poner sus objetivos en territorios en manos de otras líneas internas, no ve ninguna falta grave en dicha postura. "Incentivar a la militancia no es robar dirigentes", dijo la otra noche como respuesta a quienes lo acusaron de tentar a gente de Mazzón, principalmente, para que se cambien de bando. Ya hemos opinado desde este mismo espacio que así como es válido pretender hacer política en cualquier punto de la provincia, no es correcto cooptar voluntades.
Lo del viernes en Andes Talleres no sólo consolida al sector de Ciurca en la pulseada interna del peronismo, sino que da oxígeno al gobierno provincial. El apoyo irrestricto esgrimido a la conducción de Francisco Pérez en Mendoza y a Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional compromete más aún a La Corriente con el modelo kirchnerista pero, a la vez, la constituye en un respaldo sólido para un gobierno cuya cabeza carece de estructura propia en lo partidario.
Simultáneamente con la convocatoria en Andes Talleres, en el sur provincial Integración Peronista y el sector liderado por Juan Carlos Mazzón sellaban un acuerdo para competir juntos en la interna de junio.
Para muchos observadores de los movimientos internos del PJ, se trató en mayor medida de una movida de urgencia para defender el territorio sureño (cuarto distrito electoral) de los efectos abarcativos de La Corriente. Por eso presidieron el acuerdo los tres intendentes de la zona: Emir Félix, Juan Antonio Agulles y Juan Carlos de Paolo. El argumento vertido para apurar la alianza y lanzarla en simultáneo con el acto en Godoy Cruz fue "la decisión inconsulta" del Consejo partidario provincial de convocar a internas para el 2 de junio. Sin embargo, muchos coinciden dentro del oficialismo en que la prioridad de los Félix es cerrar el cerco sobre San Rafael y el resto del Sur.
Desde La Corriente destacaban ayer que "prudencia y responsabilidad" serán las premisas en adelante. "No queremos que se piense que venimos a combatir a la gente de Mazzón o a otros sectores. No dejamos de lado el diálogo ni las posibilidades de unidad", señalaba un vocero todavía colmado por la euforia que dejó el masivo acto del viernes. En tal sentido no descartan que, con un previo compromiso de no invadir municipios conducidos por el sector azul, en el primero y segundo distritos, se pueda arribar a un acuerdo que evite innecesarios desgastes en un año clave para la continuidad del peronismo en el poder.
Por ahora, Pérez deja que la militancia juegue a la interna, con tal de que se mantenga fuerte un partido que tiene que sostener una gestión con vaivenes y ligada a los aciertos o errores de la Casa Rosada.
