Durante el ciclo lectivo 2016, 90 chicos y adolescentes hipoacúsicos o no oyentes pasaron por las aulas del instituto Antonio Próvolo, ubicado en Boedo 385 de Luján de Cuyo, y entre 10 y 15 pernoctaron en el albergue (se quedaban de lunes a viernes y volvían a sus hogares los fines de semana).
Sin embargo, luego de que desde el 25 de noviembre salieran a la luz 22 denuncias por aberraciones sexuales cometidas en ese lugar -y por el que hay dos curas y tres administrativos detenidos acusados de cometerlos-, el futuro pedagógico de estos menores es incierto.
Si bien la semana pasada terminaron las clases con una medida judicial que obligaba a los religiosos y a trabajadores que respondían a ellos a no ingresar al predio de 6 hectáreas y que cerró el albergue, legalmente hablando el establecimiento y el extenso terreno son propiedad de la orden.
Por este motivo es que la Defensoría de Personas con Discapacidad solicitará formalmente durante las próximas horas que se entregue el predio al Estado, para que la DGE pueda disponer de éste y así garantizar la escolaridad de los alumnos el año próximo. Además, el mismo organismo solicitará que se retire definitivamente la orden religiosa del lugar.
“El instituto ha perdido autoridad moral y si bien no tiene la obligación legal (de entregarlo), entiendo que tienen justamente una obligación moral. Claramente esta acción no repara los daños ya hechos, pero dejaría de ocasionar nuevos. No queremos llegar a la expropiación por parte del Estado, ya que esto implicaría que lo tengamos que pagar todos los mendocinos”, indicó el titular de la Defensoría, Juan Carlos González, quien resaltó que el órgano que comanda ha solicitado constituirse como querellante en la causa contra los imputados.
La falta de institutos y edificios que puedan contener a chicos con estas discapacidades es justamente lo que motiva el pedido, que será remitido a la
“Casa Generalicia en el país de la Congregación Compañía de María para la educación de niños sordos, que tiene como razón social al instituto Antonio Próvolo” (según indicó González).
En La Plata, en tanto, avanza una investigación por -al menos- una víctima de abusos sexuales que denunció a los curas Nicolás Corradi y Horacio Corbacho, los dos sacerdotes detenidos a fines del mes pasado en Mendoza. Sin bien el caso salió a la luz recientemente, éste dataría de hace 28 años (ver aparte).
Querellantes
Durante la mañana de ayer, González y la vicegobernadora Laura Montero se refirieron a las recientes novedades en la investigación que tiene a 22 denunciantes y que se refiere a abusos cometidos incluso en 2008.
En este contexto, González destacó que hicieron la presentación formal para constituirse como querellantes y que es el fiscal que instruye la causa (Fabricio Sidoti) quien debe hacer lugar a este pedido.
“Hasta tanto se defina si nos aceptan o no el pedido, la Defensoría está recibiendo a familiares y víctimas los viernes de 8.30 a 13, en Espejo 65, planta baja oficina 7, para que los padres sepan cómo actuar. Si nos aceptan como querellantes, lógicamente se va a extender el régimen de consultas.
Nosotros estamos actuando de oficio desde el principio y queremos establecer un acompañamiento y asesoramiento legal para que las víctimas que declaren en el juicio no estén solas, todo de forma gratuita. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, manifestó el funcionario.
Sobre el rol del Arzobispado y su primera reacción de despegarse del escándalo, el defensor de personas con discapacidad también fue contundente. "La orden no escapa a las responsabilidades del Arzobispado. El instituto fue inaugurado en 1998 en Mendoza y, según el informe que la Dirección de Culto envía a la Nación, al ser de derecho pontificio significa que cuenta con la aprobación del Vaticano, pero no implica necesariamente que dependa de la Santa Sede. Incluso, el informe dice que depende del Arzobispado, por lo que ni puede abrirse de la situación", indicó González
Además, el titular de la Defensoría indicó que el objetivo es conocer y poder conformar de forma oficial el mapa de la orden en Mendoza.
Por su parte, la vicegobernadora Laura Montero viajará el jueves, primero, a la Confederación Argentina de Sordos (CAS) para interiorizarlos en estos casos y, luego, a la ciudad de La Plata, donde se reunirá con el fiscal que lleva adelante la investigación por los abusos sexuales en la sede platense, Fernando Cartasegna. “Lo que se ha descubierto acá tiene que servir para llegar al fondo, para conocer responsabilidades personales e institucionales. Finalmente se liberó la compulsa y se pudo abrir la causa en La Plata, por lo que nos vamos a reunir con el fiscal con el objetivo de poder darle las herramientas necesarias para que él tenga contenido para el juicio y los antecedentes que hay”, agregó la mandataria.
“Esto (que salieran a la luz las denuncias del Próvolo) permitió que también se conocieran las denuncias del Verbo Encarnado, en San Rafael. Quienes se han animado a denunciar lo que les ocurrió en el Próvolo son pequeños héroes que están permitiendo que salga a la luz un problema y gracias a ello están cambiando el dolor por la posibilidad de visualizarlo”, siguió Montero.
Sobre el pedido que hará la Defensoría de personas con discapacidad para que la orden religiosa Antonio Próvolo entregue el establecimiento ubicado en Carrodilla, indicó que “no es descabellado” y resaltó que no existe en Mendoza otros institutos para cubrir esta demanda en lo que a educación e infraestructura se refiere.
Quieren entrevistar a todos los alumnos que pasaron por La Plata
La olla destapada con la denuncia de una serie de abusos sexuales cometidos en el instituto mendocino contra menores hipoacúsicos salpicó también en La Plata. Es que una vez que salieron a la luz las 22 denuncias de Mendoza, un hombre salteño -identificado como Daniel Sgardelis (hoy tiene 42 años)- también hizo públicas las aberraciones sexuales a las que fue expuesto mientras se encontraba en el instituto homónimo de La Plata. En aquel momento, tanto Corradi como Corbacho se encontraban asignados a esa sede.
“Fue el intérprete de la CSA Luis Batistelli quien nos contó que le había llegado la denuncia de un caso ocurrido en La Plata y que tenía a los dos curas como protagonistas. Entonces se juntó con el fiscal Fabricio Sidoti y él liberó la compulsa para que se abra la investigación en La Plata”, destacó la vicegobernadora Laura Montero. Incluso, el intérprete luego indicó que por las redes sociales siguieron llegando versiones de posibles episodios una vez que se conoció el caso de Sgardelis.
Fernando Cartasegna es el fiscal de la Unidad 4 de La Pata y es quien está investigando el episodio denunciado en esa ciudad y que dataría de 1988. "Estamos en permanente conexión con el Ministerio de Justicia de Salta y éste ha sido el nexo para que vaya recibiendo toda la información. La víctima no se ha comunicado conmigo directamente y estamos analizando la posibilidad de hacer una teleconferencia para que él pueda hacer la declaración. En ese caso, él estaría con un fiscal y un intérprete en Salta y yo en La Plata", destacó Cartasegna a Los Andes.
Si bien lo ideal para el fiscal sería que el hombre pudiese viajar a La Plata a declarar junto a un intérprete -y permitir así alguna repregunta que pueda surgir-, Cartasegna entiende que podría no ser lo indicado. “No quiero que se revictimice al viajar, justo en la época de Fiestas. Quizá sería hacerlo volver a una ciudad de la que se fue y no quiere volver. Le he enviado un mail y aún no me lo ha contestado”, destacó el fiscal, quien también investiga episodios vinculados a Trata de personas, pedofilia y pornografía infantil en la ciudad bonaerense.
“El episodio denunciado data de hace 28 años -la víctima tenía 14 en ese momento- y fue bastante extenso el tiempo en que estuvo en el instituto de La Plata. A raíz de lo que ocurrió en Mendoza y que se mencionó la posibilidad de que se hubiesen registrado abusos en la sede de aquí, decidí abrir la causa de oficio el 6 de diciembre. Y el 7 me llamó la vicegobernadora Laura Montero para contarme”, acotó.
La posible videoconferencia no tiene fecha aún e -incluso- la decisión de concretarla o no dependerá de cuán cómodo se sienta Sgardelis. “Él dijo que podría aportar nuevos casos, aunque todavía no tengo nada concreto de eso. A raíz de esto pedí informes al Arzobispado y al instituto de La Plata solicitando información sobre dónde y cuándo estuvieron los dos sacerdotes (Corradi y Corbacho) mientras estuvieron asignados en esta ciudad”, indicó.
“Voy a pedir el listado para ir entrevistando a todas las personas que hayan estudiado, se hayan alojado o hayan sido derivadas desde el instituto Próvolo de La Plata mientras estuvieron los dos curas aquí, para ver si aparecen nuevos casos”, sentenció Cartasegna.
