La detención de
José Santos "Pipo" Chiófalo
, integrante de
Los Trovadores de Cuyo
, se convirtió en una noticia que nadie esperaba. El músico de 79 años quedó privado de su libertad hace 13 días a raíz de una investigación que terminó involucrándolo a delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983). Su familia asegura que no sale de la consternación y temen por su estado de salud.
En efecto, Chiófalo está imputado y detenido en el Penal de San Felipe, en donde comparte el pabellón 6 con otros detenidos en la misma causa, entre ellos, los ex magistrados Otilio Romano y Luis Miret. Allí aguarda una nueva citación de la justicia en la que se sabrá, como paso siguiente en su situación procesal, si se le dicta prisión preventiva, en el caso de que se logren establecer los elementos de pruebas para mantenerlo en esa condición.
La noticia se conoció el pasado 8 de mayo y causó “sorpresa y consternación” en su ambiente, tal como lo señala su familia. Y es que la vinculación del folclorista con los abusos cometidos en la etapa militar se fue dando casi sin querer, y tiene como punto clave y fundamental, el desempeño de Chiófalo como director de la banda de la Fuerza Aérea durante aquella época, hasta 1986.
El testimonio de algunos de los sobrevivientes que estuvieron detenidos en la última dictadura en los hangares de la IV Brigada Aérea de Mendoza y en el centro de detención clandestino Las Lajas, señalan a los integrantes de la banda de música como encargados de la “custodia, guardia y traslado”. De allí que, a partir de la teoría del derecho de autor mediato, Chiófalo quede vinculado a la investigación.
“Nosotros hicimos la denuncia hace unos años por la existencia de centros clandestinos por donde pasaron 76 personas, algunas desaparecidas y otras sobrevivientes”, explicó Diego Lavado, abogado encargado de llevar adelante la investigación que hoy involucra al músico. En torno a esto, sostuvo: “No buscábamos un nombre, sino que surgió del informe del Ministerio de Defensa y de la propia Fuerza Aérea”.
El expediente permanece en secreto de sumario y sólo se pudo conocer, al momento de la imputación, que 5 testimonios que no lo involucran a Chiófalo directamente dan cuenta de la participación de los músicos de la Fuerza Aérea, uno de los sectores que ha mantenido una cierta autonomía en las causas de delitos de Lesa Humanidad.
Según explicó el abogado defensor, Javier Pereyra, la detención del músico se dio a partir de que, tal como sostiene la teoría de autor mediato, “se supone que por el cargo que ostentaba no podía ignorar y desconocer que gente de la banda de música estaba involucrada en estas tareas”. Ante este concepto, el encargado de defender a Chiófalo contrastó: “Él era director, pero musical. Esto no significa que tuviera un cargo jerárquico sobre sus compañeros”.
Por otro lado, la familia desconoció un pasado vinculado a las tareas represivas de la dictadura militar: “Nosotros tenemos hijas radicadas en el exterior. Si mi marido se hubiera tenido que esconder de algo no habría pasado toda su vida en la Argentina”, defendió su mujer. “Hablan de mi viejo como si fuera (Jorge Rafael) Videla. La única ideología de él es la música, y el hecho de que haya sido director de la banda de la Fuerza Aérea fue sólo una salida laboral ya que comenzó siendo un simple trompetista”, agregó su hijo, José Carlos Chiófalo.
A su vez, la familia dijo que el artista tiene un estado de salud delicado, y que la cárcel lo ha deteriorado. “El domingo fuimos a verlo y lo vimos mal en su ánimo. Ha empezado a tomar pastillas para dormir y para la depresión, además de la medicación que tiene que tomar porque es hipertenso. Ya no quiere ni tocar la guitarra”, dijo su hijo.
Lo que sigue
El 3 de mayo Chiófalo llegó al aeropuerto para tomar un avión a Colombia, en donde se presentaría con Los Trovadores de Cuyo. Allí se enteró que había una orden de captura en su contra, por lo que el lunes siguiente se presentó ante el juzgado federal para conocer qué es lo que sucedía. La respuesta no tardó en llegar, y el jueves siguiente fue detenido y trasladado al Penal de San Felipe. La causa está titulada como “privación ilegítima de la libertad agravada, con tormentos agravados y lesiones agravadas”.
En ese momento se solicitó la excarcelación, pero el pedido fue denegado por el hecho de que se trata de delitos vinculados a lesa humanidad. “Ahora estamos tramitando la prisión domiciliaria, por lo que el Juzgado debe solicitar estudios médicos”, explicó Pereyra. En lo que sigue, en el caso de que prospere la causa, el juez federal Walter Bento, encargado de la instrucción, debe reunir las pruebas y, si lo considera, lo eleva a juicio por lo que pasaría al Tribunal Oral de Mendoza.
Pero para esto no hay un tiempo determinado, por lo que es clave para la defensa lograr la prisión domiciliaria, al menos, hasta que se sepa si sigue o no vinculado a la causa.
