Durante el encuentro del gabinete de ministros de Mauricio Macri, en Chapadmalal, para evaluar la gestión de gobierno tras dos años en el poder, el Presidente de la Nación vivió momentos complicados al conocerse pedidos de investigación y denuncias contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo; el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, y una hermana del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Una acción judicial, otra de la Oficina Anticorrupción y una publicación en un diario español fueron los detonantes en estos casos.
En conferencia de prensa ofrecida el viernes en el mencionado complejo turístico presidencial, Macri señaló claramente que “uno de los principales compromisos con todos los argentinos es un apego absoluto a la transparencia, una administración clara”. E instó a sus colaboradores a “encarar como corresponde todo el suministro de la información, como yo he hecho cuando me tocó a mí”, destacó, haciendo clara referencia a situaciones que lo vincularon a irregularidades que luego la Justicia desestimó.
Macri expresó su deseo de que los funcionarios denunciados, “en los cuales yo confío”, se encuentren en condiciones de demostrar que las acusaciones contra ellos “no tienen sustento”.
Debe destacarse, en primer término, la tranquilidad que mostró el Presidente al hacer frente al tema ante los periodistas convocados en Chapadmalal. No hubo excusas ni justificativos. S
Simplemente la intención de que la Justicia y los organismos públicos competentes, como la Oficina Anticorrupción, investiguen los hechos que son de dominio público y se expresen en consecuencia.
En otras administraciones, casos de gravedad institucionalidad, en caso de comprobarse, como los que involucran a funcionarios del actual gobierno, hubiesen desatado una catarata de justificaciones y peleas públicas y, por qué no, alguna contraofensiva desde ámbitos oficiales haciendo alusión a algún tipo de persecución política o judicial.
Es correcto dejar actuar a los organismos que las leyes definen para investigar conductas y determinar si hubo o no comisión de algún delito. En ese aspecto aparece como atinada, o prudente, la decisión presidencial de no remover a sus colaboradores denunciados mientras no se compruebe alguna irregularidad que justifique lo que ha sido denunciado contra ellos. En todo caso, dependerá de la voluntad de cada uno de los involucrados dar un paso al costado o pedir licencia en la función pública.
Esa transparencia que públicamente hace el Presidente a sus colaboradores en la mira por denuncias es la que debe sobresalir siempre en todos los ámbitos del Estado.
La Argentina es un país en el que la corrupción está enquistada en la función pública y, por añadidura, en amplios sectores sociales, por lo que ya es hora de que quienes gobiernan por mandato popular admitan someterse sin ningún reparo a todo aquello que conduzca al esclarecimiento de lo que está sospechado de mala praxis o de intereses contrapuestos con lo que se debe esperar de un funcionario público.
El voto mayoritario que depositó en el poder a Cambiemos en el orden nacional y en distintos distritos del país incluyó, en gran medida, el deseo del ejercicio de una nueva política, alejada de los negocios turbios u oscuros siempre a tiro de intereses que van más allá de la función pública.
Sin embargo, la aparición de este tipo de denuncias o revelaciones periodísticas sobre procederes no del todo claros u honestos por parte de personas del actual gobierno nacional, hace presumir a muchos ciudadanos que, más allá de la alternancia en el ejercicio de poder, siguen existiendo nichos de corrupción que debilitan la credibilidad y decepcionan sobre la calidad institucional que se pretende.
Por eso es de esperar que la templanza del Presidente ante las denuncias a colaboradores suyos se mantenga firme si alguna de las investigaciones determina que hubo realmente hechos inconvenientes.
