Los rebeldes de las FARC y el gobierno de Colombia alcanzaron un histórico y definitivo acuerdo de paz para acabar con una lucha de medio siglo que deja cientos de miles de víctimas, según anunciaron ayer al término de casi cuatro años de negociaciones.
Las difíciles discusiones que albergó La Habana llegaron a feliz término con la firma de un acuerdo de seis puntos sustanciales que, para hacerse efectivo, deberá ser aprobado en un plebiscito que se realizará el 2 de octubre.
“Hemos acordado suscribir el presente acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de cincuenta años”, dice el comunicado conjunto leído en La
Habana por los garantes de Cuba y Noruega.
El pacto prevé en esencia que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) depongan las armas y se conviertan en un partido político.
“Hemos ganado la más hermosa de todas la batallas: la de la paz de Colombia”, proclamó Iván Márquez, jefe negociador de los rebeldes tras suscribir el pacto con Humberto De la Calle, su contraparte del gobierno.
El acuerdo con la mayor guerrilla de Colombia, en armas desde 1964, permitirá superar en gran parte un enfrentamiento que deja unos 260.000 muertos, casi 7 millones de desplazados y unos 45.000 desaparecidos.
El pacto de La Habana prevé compromisos para solucionar el programa agrario, que dio origen al levantamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y enfrentar el del narcotráfico, combustible de la violencia.
También acordaron un alto al fuego bilateral y definitivo, fórmulas de justicia y reparación de las víctimas, y la participación en política de los futuros ex combatientes.
Se espera que las FARC inicien su desarme en un plazo de 6 meses contados a partir de su concentración en 23 zonas y ocho campamentos en Colombia.
Observadores desarmados de la ONU y delegados de las FARC y el gobierno verificarán el proceso de abandono de las armas, con las cuales se levantarán tres monumentos.
“Hemos llegado a la meta: la firma de un acuerdo final con la guerrilla de las FARC es el fin del conflicto armado, la mejor forma de ganarle a la guerra fue sentándonos a hablar de la paz; la guerra ha terminado”, dijo De la Calle.
El proceso de La Habana es el primero de cuatro que se han intentado con las FARC que está a punto de concretarse. Antes fracasaron las iniciativas en 1984, 1991 y 1999.
En Bogotá unas 400 personas siguieron con emoción el anuncio a través de una pantalla gigante en un parque.
“Uno no cree que puede vivir para ver cosas como estas, históricas para el país”, dijo Marcela Cárdenas, un empleada de 24 años.
Por el momento no se ha anunciado una fecha para la rubricación del acuerdo por parte del presidente Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez (Timochenko), jefe máximo de la guerrilla.
Aun cuando las negociaciones se cerraron exitosamente, Colombia todavía deberá esperar a que lo pactado en La Habana sea aprobado por los colombianos.
Sólo si el acuerdo supera la prueba en las urnas (para lo cual requiere al menos 4,4 millones de votos afirmativos y que el “No” tenga una votación menor), podrá decirse que el último conflicto armado en América está en vías de extinguirse. Sin embargo, todavía están activos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) - una organización casi igual de antigua que las FARC pero más débil - y grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico y la minería ilegal.
Con la negociación concluida formalmente, el gobierno de Santos preparará ahora la convocatoria del plebiscito, mientras la guerrilla, con el texto en la mano, realizará una última reunión de comandantes con la tropa en Colombia para dar el paso definitivo hacia su desarme y transformación en partido político.
Un sector influyente en Colombia encabezado por el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) se opone firmemente a lo pactado en La Habana por considerar que dejará en la impunidad delitos atroces de las FARC.
El compromiso alcanzado en Cuba establece que quienes confiesen sus crímenes atroces ante un tribunal especial podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas.
Si no lo hacen, y son declarados culpables, serán condenados a penas de ocho a 20 años de prisión.
