Cuidar los bienes patrimoniales es una exigencia de los tiempos actuales y, cuanto más se sepa de ellos, más tiempo podrán mantener intactos su mensaje y belleza. Así lo sostuvimos en una editorial en julio de 2015.
En ese momento afirmábamos la importancia de conservar en buen estado el acervo que trasciende a la acción del gobierno que lo administra y al conjunto de profesionales encargado de proteger, restaurar y poner en valor las realizaciones que conforman el patrimonio histórico cultural, el conformado por el conjunto de objetos y manifestaciones materiales o inmateriales que heredamos y que definen nuestra identidad como pueblo.
Para una especialista, Clara Abal, el elemento más visible de esta variedad de elementos es el patrimonio tangible. Una categoría muy importante son los monumentos, en los que entran las obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, objetos o estructuras de carácter arqueológico; otra, los conjuntos, grupos de construcciones, aisladas o reunidas cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les confiere un valor universal excepcional. También se consideran los lugares (obras del hombre o conjuntas del hombre y la naturaleza), y los bienes culturales que conforman la actividad creadora nacida de las manos y la mente del hombre.
Entonces el patrimonio cultural, como construcción social, histórica, cambiante, resignificada, o ignorada, es variable de acuerdo a criterios que se van renovando.
Un factor determinante, a su vez, a los actores locales y a la sociedad civil en todo el proceso es la patrimonialización, desde la identificación de las prácticas y bienes que merecen ser protegidos hasta el compromiso con su conservación, gestión y uso.
Según el arquitecto Pedro Delheyes, titular en Argentina de Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), esto que se ha planteado “aleja al Estado como el único activador patrimonial e incorpora otros agentes, e integra también otras voces en el debate, no necesariamente surgidas de los ámbitos académicos o institucionales”.
La participación de los ciudadanos/as que se organizan y se movilizan por la promoción y protección del patrimonio cultural, de los museos, del desarrollo sustentable de una comunidad, es un hecho incontrastable que merece ser reconocido y apoyado por los gobiernos a partir de medidas que impulsen esa posición.
Las entidades como Icomos, o Fadam (Amigos de Museos), así como las organizaciones de la sociedad civil y entidades vecinales que se reúnen y defienden el patrimonio en el territorio (un ejemplo puede ser Basta de Demoler, en la CABA), poseen capacidad para generar bienes y servicios y movilizar causas vinculadas al bien común.
Por eso sostenemos la necesidad de que además de la gestión estatal, surja o se manifieste la participación de los ciudadanos como agentes de planificación, vigilancia y promoción de nuestros lugares emblemáticos. Su colaboración es un requisito imprescindible para el Estado en el momento de la toma de decisiones e implica una nueva manera de entender las políticas públicas a partir de la construcción de consensos.
Fomentar la participación y la asociatividad es un nuevo modelo de gestión compartida. Significa la construcción de una cultura cívica que propicia la “ciudadanización” de la gestión pública, estimulando la apertura de espacios ciudadanos para la decisión en el ámbito público y orientados a que avancen hacia la co-responsabilidad a la hora de gestionar los ámbitos colectivos.
La progresión de la participación ciudadana institucional se inicia desde modelos tradicionales caracterizados por su unidireccionalidad (mecanismos meramente informativos, de la institución a la ciudadanía sin retorno de la opinión o posibilidad de intervención de ésta). Otros intermedios o de consulta, sin carácter vinculante, como las audiencias públicas, los foros de participación ciudadana convocados por los ámbitos públicos, las consultas a partir de la web o de otros medios.
Para llegar a lo que serían las expresiones más avanzadas, de participación activa, implicando para ello a la ciudadanía en la decisión y/o gestión de recursos públicos. Un ejemplo de esto son los presupuestos participativos o el financiamiento a proyectos o la actividad de las asociaciones de amigos de un museo o de otras estructuras que hay que preservar en el tiempo.
