Cada año, “entre marzo y mayo” según indican los que conocen el tema, la Legislatura debe discutir, refrendar o rechazar, los acuerdos paritarios a los que llegó el Ejecutivo con los gremios estatales.
Este 2015 no será la excepción, aunque sí tiene la característica distintiva de que el debate por el incremento salarial -y el pase a planta permanente de varios contratados- pactado, se realizará en el medio de un proceso electoral para la Gobernación, lo que puede condicionar posturas.
Es que si bien, como dice el titular de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, “nunca se ha rechazado ningún acuerdo paritario en la Legislatura, ni aún en años electorales”, nadie desconoce que la situación de campaña puede ser aprovechada por unos y otros para sacar el debido provecho político y, de paso, para que el adversario se vea disminuido en su carrera electoral.
Pero como en el medio está la discusión, nada más y nada menos, de los derechos adquiridos de los trabajadores (las paritarias implican precisamente eso), difícilmente haya un rechazo, aunque el debate, que va tomando fuerza, promete ser de alto voltaje.
La discusión que se viene
Los distintos acuerdos paritarios aún no llegan a Diputados, cámara por donde los hará ingresar el Ejecutivo. "Se están confeccionando los decretos de homologación, procuramos terminar esta semana", indicó el paritario gubernamental, Andrés Cazabán, confirmando que más allá del ingreso, recién la semana que viene comenzará el debate legislativo.
De todos modos ya hubo anuncios. De hecho, ayer Los Andes publicó las diferencias entre oficialismo y oposición sobre lo que le costará a la provincia este aumento generalizado del 35%, de $5 mil millones según lo expresado por el Gobierno, de unos $6.400 millones según el cálculo de los radicales.
Y más allá de esta diferencia, “nadie irá en contra del porcentaje del acuerdo”, aseguran los radicales, concientes de que una posición opuesta les puede perjudicar electoralmente.
Pero en donde la discusión no parece tener visos de acuerdo, es en el pase a planta permanente de los contratados, algo que fue resuelto en las paritarias de Salud y Administración Central, que implica la incorporación de aquellos contratados “entre 2012 y 2014”, que sólo en el caso de Salud abarca a más de 900 agentes, y la incorporación directa a la estabilidad laboral, desde la visión radical, puede tener visos de ilegalidad.
Sobre esto, Cazabán dijo que “ni en este caso, ni en anteriores acuerdos, se incumplió la ley”, y reiteró uno de los fundamentos que el Gobierno esgrime para esta situación, basándola “en la ley que promovió Julio Cobos en su gestión que implica que cuando alguien pasa 2 años contratado, hay presunción de empleo y puede pasar a planta”.
En la oposición igualmente dudan. “Queremos revisar caso por caso los pases a planta, para ver si cumplen con la ley”, señaló el senador radical Sergio Moralejo, interpretando también las sospechas de que “hay funcionarios políticos que dejan de serlo, obtienen el pase a planta, y después vuelven a ser funcionarios políticos”, explicó.
“Nuestra intención es que no haya nada ilegal”, destacó por su lado el diputado radical Martín Kerchner, y rescató el artículo 82 de la ley 8.729 (especifica el funcionamiento de paritarias), que señala la prohibición del Estado de paritar cláusulas que impliquen “un compromiso de características permanentes”.
Y sobre la maniobra de algunos funcionarios que “se bajan, consiguen la asignación y luego vuelven”, los radicales hicieron foco en el ejemplo del ministro de Salud, Oscar Renna, de quien dijeron que “en la época de Jaque consiguió una asignación 8 (máxima de los profesionales de la Salud) y cuando deje de ser ministro, terminará cobrando más de $60 mil”.
En este punto Kerchner fue cuestionado por Isabel Del Póppolo, de Ampros, que le achacó al diputado haber dicho que Renna trabaja “como asesor” en ese gremio.
“Si no se retracta le iniciaré una querella”, dijo la gremialista. Kerchner negó haber dicho eso. “Sobre Renna sólo hablé de su maniobra”, indicó, denunciando también a otro ministro, Rodolfo Lafalla (de Gobierno), que “busca que su hermano quede en planta”.
Está claro que el debate que se viene será duro.
La ley de Convergencia está vigente
En el debate legislativo de los acuerdos paritarios del año pasado, hubo un hecho que generó alta controversia entre la clase política y los gremios.
Cuando se aprobó en Diputados la paritaria de Salud, se estableció una cláusula que indicaba que quien ganase más que el gobernador, no recibiría el incremento que se había logrado.
Esto generó la reacción inmediata de ATE y Ampros que volvió a la carga contra los funcionarios. En el Senado, la situación se resolvió con la Ley de Convergencia, también conocida como “Simón-Jaliff”, por el nombre de sus autores, el justicialista Fernando Simón (hoy en la Fiscalía de Estado) y el radical Juan Carlos Jaliff.
Esa ley especificó que el incremento para quien gane más que el gobernador sea “del 30% de lo que el mandatario perciba de aumento salarial”, lo que significa que si a Pérez le toca una suba de $15 mil, al trabajador que gane más que él, sólo le puede tocar $5 mil, por ejemplo.
Desde su promulgación, los gremios judicializaron esta norma, apelando al derecho de todo trabajador de gozar del beneficio paritario. Sin embargo, “hoy esa Ley está en plena vigencia”, confirmó Cazabán, lo que significa que los que más cobran, no percibirán el mismo aumento acordado.
