El pasado 17 de setiembre se cumplieron exactamente dos años desde que se conociera la sentencia en que la Corte Suprema de la Nación le daba la razón a la UNCuyo en su litigio por terrenos con la empresa Dalvian SA y ordenaba a la firma a "devolverle" 31,9 hectáreas ubicados en la zona del pedemonte mendocino, justamente donde se encuentran los terrenos de la universidad y del barrio privado (lindantes).
Si bien esto fue en el 2012 y asomaba como la palabra final en este conflicto (que está próximo a cumplir 28 años), dos años después el litigio continúa, los terrenos siguen en disputa en la práctica y el caso sigue judicializado, esta vez en lo que se denomina "proceso de ejecución de sentencia".
Así lo explicó el Secretario legal y técnico de la UNCuyo, Gustavo Castiñeira de Dios, quien indicó que se llegó a esta instancia porque la firma delimitó arbitrariamente una parcela para devolver a la UNCuyo que no se ajustaba para nada a lo que fijaba el fallo de la Corte.
"Después del fallo, se notificó a la familia Vila y la empresa alambró una propiedad diciendo que era eso lo que le correspondía a la UNCuyo. Pero fue algo que hizo de acuerdo a su criterio y que no se condice con lo que nosotros tenemos en nuestros planos ni con lo que establece el fallo", destacó el vocero de la casa de estudios, resaltando que por eso volvieron a recurrir a la Justicia, esta vez para que haga cumplir la sentencia.
En los últimos dos años, la Justicia ordenó una pericia para determinar cuál es el terreno que tiene que volver a manos de la UNCuyo, aunque fue esta institución quien pidió que se impugne dicho trabajo "por varios errores", pedido al que hizo lugar el juez. Hace dos semanas se sorteó un nuevo perito para que vuelva a trabajar en el lugar.
Dilatado
Todo parecía haber llegado a su fin en setiembre del 2012. El conflicto había comenzado en noviembre de 1986 con una demanda presentada por el empresario Alfredo Vila (fundador de Dalvian SA), reclamando la titularidad de casi 32 hectáreas que habían sido donadas a la UNCuyo, aunque estaban administradas por el emprendimiento privado. Incluso, ya había dos fallos a favor de Vila por parte la justicia provincial.
Sin embargo, y luego de hacerse lugar a un recurso extraordinario, la Corte nacional falló hace dos años a favor de la UNCuyo, determinando que el área en litigio era "territorio de dominio público", poniendo fin de una vez por todas al conflicto. O al menos eso era lo que parecía.
Es que esta resolución fue sólo teórica, ya que -siempre de acuerdo a lo manifestado por Castiñeira de Dios, Dalvian no devolvió los terrenos en cuestión.
"El sector que alambró Vila con la idea de devolverlo a la UNCuyo no coincide con lo que tenemos nosotros delimitado en nuestros planos. En base a esta diferencia, recurrimos a la Justicia nuevamente", explicó el letrado.
Fue justamente en la instancia de resolución de conflicto en que la Justicia Federal (por medio de un juez sanjuanino) ordenó una pericia en el lugar, con la idea de determinar si el predio delimitado por el empresario era efectivamente el que debía devolver y se ajustaba a la sentencia de la Corte de la Nación.
"La UNCuyo se opuso y pidió que se impugne esa pericia los últimos días de agosto de este año, justamente porque encontramos varios errores. Y el juez hizo lugar a nuestro pedido, ordenando una nueva pericia. Esta vez recayó sobre la Corte Suprema de la Nación, que ya sorteó el perito", continuó el ex subsecretario de Justicia durante la gobernación de Julio Cobos.
"El plano que presenta Vila tiene muchas diferencias con el que nosotros tenemos, especialmente en lo que se refiere a la cantidad de hectáreas y la ubicación. Según Vila, el terreno a devolver está al pie del Cristo de los Cerros, pero no tiene nada que ver con lo que reclama la universidad. Además, reconoce sólo seis o siete hectáreas. Para nosotros es el terreno que la UNCuyo ha reclamado siempre y son 32 hectáreas. Por eso es que se llegó a la ejecución de sentencia", amplió Castiñeira de Dios.
"El fallo de la Justicia no especifica las coordenadas exactas de los terrenos, por lo que da lugar a que se hagan las interpretaciones y jugadas que ha hecho Dalvian. Esperemos que cuando esté lista la pericia, se resuelva el conflicto y sea la sentencia definitiva", sentenció el funcionario universitario.
Apenas conocida la sentencia, las autoridades universitarias habían anunciado que harían un estudio de suelo para ver qué zonas podían reutilizarse y cuáles quedarían para estudio (por encontrarse en "riesgo ecológico"). Pero nunca pudo concretarse esta iniciativa.
Repaso
Todo se remonta a fines del siglo XIX. En 1896, los hermanos Epifanio y Pedro Nolasco Ortiz donaron dos predios a la Provincia: uno de 101 hectáreas y otro de 46,772 . En 1898, en tanto, Mendoza le trasladó el segundo inmueble a la Nación y esta área se destinó para lo que sería un campo de tiro que pasaría a depender del Ejército. Este dato no es para nada menor, teniendo en cuenta que aquí se explica por qué a lo largo de toda la disputa se habló de ese predio como el "polígono de tiro".
Tiempo después el Ejército le dio las 46 hectáreas a la UNCuyo para que construya allí sus instalaciones. Las mismas fueron inscriptas a nombre de la universidad a mediados del siglo XX, como lo fijaba la ley 22.207.
Es decir que esos terrenos fueron privados únicamente mientras estuvieron bajo la propiedad de los Ortiz. Pero desde 1896 han sido de dominio público, por lo que -legalmente hablando- están fuera de cualquier posibilidad de comercio y su titularidad no se ve afectada por el paso del tiempo.
En 1986, Alfredo Vila llevaba adelante el proceso de expansión del barrio privado que había construido en la zona (Dalvian) y presentó una demanda reclamando la titularidad de 31,9 de esas 46 hectáreas. Entre sus argumentos, Vila sostenía que el Estado ha hecho "abandono tácito" del predio y que él había trabajado activamente durante 30 años en el lugar (avanzando con ripieras y calles) sin que nadie lo notifique de la existencia de otro propietario, por lo que de acuerdo al criterio de prescriptibilidad es que ya se considera en condiciones de reclamar y considerarse dueño.
Una fuente que siguió el proceso de cerca desde el primer momento confió a Los Andes hace dos años que "si bien es cierto que nunca se construyó nada en el lugar, eran tierras públicas. Y al no existir una ley en la que se renuncie a las tierras, nada cambiaba y seguían siendo de la universidad. No se aplica el abandono tácito, tal como pedía Alfredo Vila".
Con la demanda y el plano presentado por Vila por un lado y con la argumentación de la UNCuyo por el otro, ese mismo año comenzó la instrucción de la causa a cargo del juez federal Alfredo Manuel Rodríguez.
Las dos partes presentaron los planos en los que -de acuerdo a su criterio- se encontraban los terrenos de su propiedad y el magistrado ordenó a un tercer agrimensor hacer sus propias mediciones en nombre de la Justicia. Y si bien ninguno de los tres planos coincidió, en todos había un sector de 19 hectáreas que era común. En 1999 Rodríguez falló fijando que el polígono de tiro está comprendido en esas 19 hectáreas y determinó que le pertenecían a Dalvian.
"El fallo de Rodríguez es un mamarracho, porque el juez no puede otorgar algo distinto a lo que se reclamaba. Vila pedía 31 y lo que corresponde es que el juez falle por todo o por nada. Pero nunca se ha visto que dictamine que va a darle una parte de lo que pide", acusó la misma fuente consultada por Los Andes en 2012.
Como era de esperarse, la UNCuyo apeló el fallo ese mismo año, insistiendo en que no existe prescripción por abandono tácito en ese caso.
La causa llegó a la Cámara Federal de Apelaciones y recayó en un tribunal que tenía a Julio Demetrio Petra (hoy ex juez) como preopinante. De acuerdo al curso esperable de cualquier causa judicial, cuando llega a la cámara de apelaciones los jueces deben limitarse exclusivamente a expedirse sobre la queja que plantea cada parte en relación al fallo en primera instancia. Pero esto no fue precisamente lo que hizo Petra.
"Revisó el fallo completo, y con respecto a lo que pedía Vila en la apelación, fue más allá aún de sus facultades. En mayo de 2007 se conoció el fallo en segunda instancia, en el que rechazaba las queja planteada por la UNCuyo, pero que además y de forma inconcebible, otorgaba a Alfredo Vila la totalidad de las 31 hectáreas que había pedido inicialmente (en 1986). ¡Es una locura teniendo en cuenta que Vila, en la demanda, ya había acatado y decía conformarse con las 19 hectáreas del primer fallo!", resaltó el especialista consultado por Los
Andes hace dos años
Después del fallo de Petra, la UNCuyo planteó un recurso extraordinario y pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo revise. Lo mismo hizo la Procuración del Tesoro Nacional, aunque ambos fueron considerados inadmisible por el propio Petra.
Entonces, la PTN presentó otro recurso ordinario de queja de forma directa a la Corte de la Nación, quien hizo lugar al pedido. Una vez que la Corte hizo lugar, pasando por alto el rechazo de Petra y en base a la lectura del expediente (pasó por todos los ministros), ratificó que todo lo que Dalvian pretendía -las 31,9 hectáreas- pertenece a la UNCuyo y es "imprescriptible".
