Los datos dados a conocer por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), respecto de la participación del Estado en la renta agrícola de cultivos intensivos y los cambios que se están produciendo en la elección de la siembra por parte de los productores, deben constituir un severo llamado de atención para quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos del país.
Porque a diferencia de lo que sucede en otros países del continente, incluyendo América del Norte, en la Argentina se está produciendo una derivación casi excluyente hacia el cultivo de la soja, dejando de lado otras plantaciones, en una actitud que también influye sobre la actividad ganadera.
El informe de FADA señala que de cada $ 100 de renta que genera una hectárea promedio de cultivo extensivo (que se da esencialmente en la Pampa Húmeda), el Estado se queda con $ 74 que se transforman en recaudación fiscal efectiva, medido como la sumatoria de los impuestos nacionales, impuestos provinciales y costos de intervención del mercado sobre la renta de una hectárea de uso agrícola.
Esa participación -dice- reduce los márgenes de rentabilidad de la producción agrícola, afectando la sustentabilidad económica del productor e incentivando el cultivo de la soja.
Expresa en ese marco que en la última década se ha evidenciado un deterioro crónico de la rotación de cultivos, destacando que si se toman los cuatro principales cultivos del país -soja, maíz, trigo y girasol- se ha pasado a cultivar soja en 49% de la superficie en la campaña 2000/02, a hacerlo en 69% en la campaña 2013/14, lo que determina que para la última campaña se hayan cultivado 4,7 hectáreas de soja por cada una de maíz, mientras que este índice en Brasil es de 1,75 y de 0,90 en Estados Unidos.
Otro de los aspectos en que hace hincapié es en las trabas y cupos de exportación. Si bien la entidad se refiere a lo que sucede en la actividad agrícola de la Pampa Húmeda, la medida también alcanza al resto de las actividades en las distintas regiones del país, incluyendo a Mendoza.
En la Argentina se aplica el denominado Registro de Operaciones de Exportación, por el cual se otorgan permisos o cupos para exportar de acuerdo con la estimación del Remanente Exportable, que surge de la diferencia del stock físico y la estimación de abastecimiento interno, lo que en la práctica representa una cuota a la exportación que introduce distorsiones a la comercialización y que ha generado desde su aplicación una reducción promedio del 10 por ciento en el precio del trigo y el maíz.
Se estima, en ese marco, que los derechos de exportación o retenciones que se pagan en nuestro país y que no existen en Brasil o los Estados Unidos, generan ingresos para el Estado en torno a 10 mil millones de dólares anuales.
El avance de la soja y las trabas impuestas a las exportaciones también ha influido sobre la actividad ganadera. En algún momento se llegó a hablar del avance del “desierto verde” en razón de que tierras destinadas a la ganadería eran derivadas hacia la soja, desplazando la actividad ganadera hacia zonas marginales, especialmente de secano.
Esa situación ha determinado que la Argentina, que se mantuvo durante décadas como el mayor productor de ganado vacuno en América del Sur, haya sido desplazada a un segundo lugar, por el crecimiento de Brasil y que muchos ganaderos argentinos hayan decidido derivar su actividad hacia Uruguay, favoreciendo así el crecimiento exponencial de la ganadería en ese país.
Frente al panorama señalado, resulta necesario que el Gobierno deje de lado la política de confrontación que ha venido utilizando, y cuyos resultados han sido negativos, y reconsidere, a través del diálogo y la búsqueda de consensos, su política relacionada con la actividad agrícola y ganadera.
Es factible que en su planteo tenga bases de razón, pero también debe saber escuchar, porque los acuerdos que se alcancen redundarán en beneficios para todos, incluyendo en ellos a los actores del sector.
