En estos tiempos no es poco común escuchar cómo muchos actores sociales depositan en diferentes instituciones la causal de la gran mayoría de los problemas que nos aquejan como sociedad. Es común escuchar hablar de una falta de institucionalidad o de ausencia de la misma.
Sin embargo, y ante esto, cabe preguntarse: ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de instituciones? ¿Éstas son algo natural o son construcciones sociales que responden a momentos históricos determinados? ¿Existen instituciones perfectas? ¿Qué hace a una mejor institucionalidad?
Para ir aproximándonos al tema diremos que las instituciones son un conjunto relativamente estable de reglas y prácticas, formales e informales, que hacen posible llevar adelante determinadas acciones y que explican y justifican el comportamiento, roles, identidades y pertenencias, según definen autores como March y Olsen.
Éstas son muy importantes para una sociedad ya que crean actores y espacios de encuentro y organizan las relaciones e interacciones entre actores; guían el comportamiento y estabilizan las expectativas. En palabras simples podemos decir que las instituciones son las reglas de juego que enmarcan el proceso político y que condicionan el movimiento de los actores.
Estas reglas de juego no son algo natural ni algo inmutable, sino que han sido construidas en un momento dado y que son el producto de consensos e imposiciones de poder que están vigentes en la sociedad.
Si estas reglas de juego permiten un mayor ejercicio de Derechos al conjunto de la sociedad, las mismas ganarán en legitimidad y fortaleza, hecho fundamental para la existencia de instituciones que posibiliten o favorezcan una gobernanza democrática.
Una institución fuerte y de calidad no es un tema técnico de construcción de capacidades, sino que es un aspecto político donde la participación ciudadana es fundamental y complementaria de los mecanismos de representación.
Estas instituciones deben ser construidas y reconstruidas democráticamente, deben poseer canales abiertos a la recepción real, no solamente discursiva, a las demandas de toda la sociedad y en especial a las de los grupos menos favorecidos que la componen.
No deben existir márgenes de discrecionalidad por parte de los decisores, sino que deben basarse en un sistema de derechos sociales cuyo cumplimiento es tendencialmente efectivo; deben existir reglas claras y conocidas por todos, sistemas apropiados y transparentes de rendiciones de cuentas; criterios claros para definir premios y castigos y capacidad y responsabilidad de quienes conducen estas instituciones.
A partir de esto, podemos decir que, en Democracia, poseer mejores instituciones depende tanto de funcionarios como de ciudadanos; unos deben -entre otras cosas- generar y promover las condiciones y los otros deben velar tanto porque se cumplan los compromisos adquiridos como porque se reconozcan nuevos derechos y se garantice el ejercicio de los mismos.
Es fundamental en una democracia el fortalecimiento de instituciones políticas, que den cuenta de la construcción de lo público, que reconozcan la diversidad y la coexistencia de intereses compartidos, diferentes y muchas veces en conflicto.
Es importante que estas instituciones, tanto en su composición como en su diversidad, sean espacios de debate donde puedan verse reflejados los intereses diversos de la sociedad.
Es por estos motivos que hay que evitar la politización de las mismas, sin caer en la ingenuidad de pensar que éstas no van a reflejar los intereses de quienes ganan las elecciones, y pujar para que sean espacios de permanente negociación y debate que muestren la verdadera vocación democrática de éstas.
A modo de conclusión podemos decir que las instituciones responden a momentos históricos y sociales determinados y que la mejora de las mismas es responsabilidad de todos.
Es difícil pensar en instituciones fuertes y de calidad si a las mismas no se las dota de transparencia, de mecanismos de rendiciones de cuenta y si la ciudadanía no se organiza, conoce y participa en defensa de sus derechos, variables que se implican mutuamente.
Es muy importante fortalecer y legitimar los organismos de control existentes como Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado, los cuales no escapan a la necesidad de ser repensados en código de transparencia, fortalecimiento democrático e independencia institucional.
A la Mendoza de hace 100 años, en la que se renovó nuestra Constitución y en la que se creó una institución como el Departamento General de Irrigación -tal como hoy se lo conoce- se le valoraba su gran institucionalidad y como mendocinos nos enorgullecíamos de esto.
Pero de a poco parecería que esta valoración positiva se ha ido perdiendo, lo cual se transforma en un desafío que implica reedificar la misma.
Hoy vemos que, tímidamente, el sector público y la sociedad civil están contemplando que para tener una Mendoza con instituciones adecuadas a la época deben adoptar herramientas, como los planes de metas, que promuevan Gobiernos más abiertos y que inviten a los ciudadanos a participar más activamente.
Hoy parece que estamos cerca de dar otro paso importante para nuestra época en lo que podría implicar el fortalecimiento de las instituciones públicas.
Este paso es la sanción de la postergada Ley Provincial de Acceso a la Información Pública la que, a través de su correcta aplicación, tendrá un impacto positivo en la transparencia de las instituciones públicas dotándolas de mayor legitimidad y brindando información a los ciudadanos para poder participar fundadamente en la construcción de lo público.
