Oscar Parrilli, quien fuera secretario general de la Presidencia y el último jefe de la ex SIDE del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue procesado ayer bajo la sospecha de no haber impulsado la búsqueda del narcotraficante prófugo Ibar Pérez Corradi durante la época de las elecciones de 2015.
Quedó embargado por la suma de 100 mil pesos. La ex mandataria, dijo la Justicia, fue desligada de la causa.
El juez federal Ariel Lijo decidió el procesamiento de Parrilli -el primero del ex funcionario- por entender que tuvo conocimiento de que Pérez Corradi estaba en Paraguay y no hizo nada para buscarlo.
Horas antes, el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) había pedido a la Corte Suprema que determine quiénes fueron los responsables de la grave filtración de escuchas ordenadas en esta causa y de la que hasta el momento nadie se hizo cargo.
Sobre este punto, el juez Lijo despegó al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti -de quien depende la captación legalizada de comunicaciones telefónicas-, de la difusión de las escuchas y remarcó que “son una medida de prueba como cualquier otra”.
El juez Lijo también desligó a la ex presidenta Fernández del encubrimiento: “Yo no tengo ninguna prueba; no encontré ninguna”, pero afirmó que la actuación de Parrilli fue “doblemente agravada por la calidad del funcionario y por la gravedad del hecho que encubre”.
La causa se abrió por la denuncia de Graciela Ocaña y apuntaba al ex secretario de Seguridad Sergio Berni, pero Lijo encontró evidencia que complicó a Parrilli y ordenó su indagatoria.
Pérez Corradi estuvo prófugo desde 2011, acusado como supuesto autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez vinculado al tráfico de efedrina.
Pérez Corradi fue detenido en junio pasado en Paraguay y trasladado a la Argentina. Se le dictó la falta de mérito por el crimen de General Rodríguez, pero fue procesado por tráfico de efedrina.
Según el juez, los elementos reunidos a lo largo de la investigación indican que Parrilli designó a dos agentes de la AFI para ubicar a Pérez Corradi. El 13 de noviembre de 2015, Parrilli recibió un informe en el que corroboraban la información aportada por un testigo de identidad reservada, donde se había identificado a la mujer del prófugo, Gladys Delgado, y, además se había individualizado a una persona de características fisonómicas similares a las de Pérez Corradi.
En la resolución, el juez estableció que desde el 19 de noviembre de 2015 esos informes se encontraban en condiciones de ser remitidos al Ministerio Público Fiscal, pero ello no sucedió hasta el 21 de enero de 2016.
Parrilli y Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo a partir de la filtración de escuchas, dijeron ser víctimas de un “espionaje político” y culparon por la maniobra al gobierno de Cambiemos.
