El gran símbolo de la montaña mendocina, el cerro Aconcagua, ha cumplido recientemente tres décadas como parque provincial; una situación sabiamente prevista por la ley de creación, la N° 4.807 de 1983, para resguardar y proteger unas 65.000 hectáreas de rico e insustituible patrimonio natural.
El Gobierno tiene bien asumido lo que significan esas tierras, con su elevada cumbre, y hace lo que puede para que su conservación y mantenimiento se lleven a cabo lo mejor posible.
Pero de hecho, no alcanza y por eso hay que ponerse a trabajar con todas las herramientas que la ley prevé. No desconocemos que es una región que preocupa y mucho a la Secretaría de Ambiente que acaba de anunciar, al cerrarse la temporada de escalamientos 2012, que se presentará la propuesta de reformulación de la Comisión Asesora Permanente del Parque Provincial Aconcagua (PPA).
Es de esperar que finalmente se cumpla con ese imprescindible requisito: disponer de un plantel técnico y especializado que maneje, proteja y administre de manera científica y racional la montaña y sus alrededores, con sus reservorios de agua de incalculable valor y hábitat maravilloso de una bellísima fauna y flora; y por si fuera poco, recurso turístico de inmensas posibilidades.
Es necesario que la comisión asesora elabore y entregue el plan de manejo del área protegida, en reemplazo de los reglamentos que regulan los usos principales de los ambientes del Centinela de Piedra, que básicamente tienen que ver con la escalada y el trekking.
Ese plan debe contemplar el relevamiento de los bienes naturales y culturales presentes en el área, y determinar las prescripciones de manejo específicas que regulen de manera adecuada los usos permitidos dentro de mismo.
Zonificar los campamentos de altura, remediar el viejo camino de acceso a la laguna de Horcones, calcular el impacto de los baños instalados en zonas de aproximación y gestionar adecuadamente toneladas de residuos que genera la presencia humana en el cerro, son tareas pendientes.
Los especialistas en montaña se pronuncian por la necesidad de prever con tiempo suficiente las tarifas de ingreso, las normas operativas, las presencias individuales y las grandes expediciones; y un capítulo muy difícil, el control pertinente y permanente.
Aunque se reconoce como beneficioso el crecimiento de las áreas naturales protegidas de la provincia, ese aumento de territorios emblemáticos no ha sido acompañado por el incremento de recursos humanos ni por infraestructura ni tecnología. Hombres que controlan el área recordaron que pese a vivir en la era de las comunicaciones y la informatización, en nuestro parque Aconcagua se anotan a mano las personas que ingresan a su jurisdicción.
También está en déficit el tratamiento de los residuos y excretas de los miles de montañeros que recorren los flancos de ascenso. El cierre del hotel de Plaza de Mulas es una muestra de una marcha en retroceso.
No negamos que se ha avanzado mucho en la administración del parque, por comparación a lo que ocurría tres décadas atrás, pero falta mucho.
Quienes estudian el fenómeno de la montaña sostienen que si una parte importante de los fondos para sostener la estructura de las áreas protegidas proviene de los recursos producidos básicamente por el pago de ingresos de los visitantes y por el canon previsto de las concesiones o permisos por la prestación de servicios de las empresas que actúan en los distintos contrafuertes del cerro, esas situaciones deberían estar sumamente optimizadas.
Todos esperan entonces que se pongan en marcha las acciones correctivas para la mejor administración del Aconcagua.
