La relación entre el Gobierno provincial y los gremios que nuclean a los trabajadores del Estado en estos primeros seis meses de gestión no transitó precisamente por un sendero cubierto de pétalos de rosas. Hubo fuertes discusiones que no terminaron en acuerdos y las diferencias se mantuvieron.
Pero hay detalles que no han terminado de cumplirse por parte del Gobierno, como es el hecho de finalizar con los cortes de calles, tal como se había comprometido, mientras es necesario comenzar a trabajar también sobre lo que sucede con la realización de asambleas en los lugares de trabajo que, en los hechos, terminan siendo paros de actividades, disfrazados.
El resultado de las paritarias debe ser analizado en forma individual. Todo comenzó con la discusión por los salarios de los docentes, en la que se introdujo el famoso ítem aula. El Gobierno logró imponer su posición y días pasados mostró las cifras de un primer análisis, en el que indica que se había reducido sustancialmente la cantidad de inasistencias por parte de los trabajadores.
Un tema interesante pero que merece seguir siendo considerado en razón de que no se trata sólo de números, sino que detrás de ellos hay personas. Pueden haberse dado casos en que docentes que se encontraban enfermos lo mismo fueron a trabajar para no ver reducido su salario, lo que termina determinando que pagaron justos por pecadores. Existe un compromiso por parte del Gobierno en el sentido de analizar caso por caso y es necesario que ello se produzca.
En el caso de los trabajadores de la salud, el Gobierno hábilmente logró dividir los reclamos entre profesionales y empleados, mientras en lo referido a la administración central, ante la negativa de parte del gremio en llegar a un acuerdo, el aumento se produjo por decreto. Si nos atenemos a lo sucedido con la inflación de los primeros meses del año, el incremento salarial otorgado no es el que debería corresponder, pero también es necesario advertir que es lo máximo que se podía dar por parte del sector “patronal”.
De no ser así, se corría el riesgo de que se repitiera lo que sucedió el año pasado, en que los trabajadores no podían cobrar sus sueldos en término porque la caja había quedado vacía.
Pero hay dos temas que aún deben solucionarse. En primer lugar, al asumir sus funciones, el Gobierno advirtió que no permitiría los cortes de calles por parte de manifestantes. En los primeros días la regla se cumplió pero, con el correr del tiempo, la medida fue haciéndose más laxa y hay manifestantes -no sólo por reclamos gremiales- que cortan las arterias, como sucede habitualmente frente a la Legislatura provincial o en el denominado Kilómetro Cero que constituye la intersección de San Martín y Garibaldi.
El aspecto restante, lo que sucede con las famosas “asambleas” en los lugares de trabajo que, por su extensión, terminan siendo paros de actividades disfrazados, con el agravante de que muchas veces esa situación se plantea en hospitales o centros de salud, donde la atención es imprescindible porque está en juego la vida de las personas. También se plantea con el paro de trolebuses, por señalar otro ejemplo, en el que miles de mendocinos quedan en la calle sin poder concurrir a los lugares de trabajo.
El Gobierno ha anticipado que pondrá coto a esta situación a través de la sanción de una ley respectiva y es de esperar que ello suceda, porque también en este caso hay una tarea pendiente.
