Somos conscientes de que la ignorancia es un flagelo que disfraza la esclavitud y que la educación es el mejor camino para desterrar la pobreza, alcanzar el desarrollo de las personas y el bien común de la Nación. Los encargados de enseñar a nuestros hijos son los docentes y valoramos el ejercicio de esta responsabilidad. Es lógico que quienes cumplen esta tarea tengan una retribución acorde con ese papel. Nuestra Constitución de 1994, en el artículo 19 y la Ley de Educación 26.206 en su artículo 3, establecen que “la educación es una prioridad nacional”.
Ahora bien, hay algunos docentes que, como herramienta para lograr un incremento salarial, han decidido dejar sin clases a casi 6.000 alumnos en los distintos colegios de la UNCuyo, ocasionándoles un daño irreparable. Además del abuso psicológico, hostigamiento, adoctrinamiento, incitación, por parte del sindicato y hasta de algunos políticos. Esta es una de las peores noticias que un país serio puede recibir.
Nos encontramos con un panorama desolador: no se cumplen las normas sobre equidad educativa ni muchas de las obligaciones que surgen de la Ley de Educación Nacional, como tampoco con los 180 días de clases mínimas. Hay alto porcentaje de ausentismo docente y paros interminables con toma de colegios. Y lo peor, que ningún organismo del Estado sea provincial o nacional, asume la responsabilidad. En éste contexto, miles de jóvenes se quedan privados del derecho constitucional de estudiar.
Surge una pregunta obligada ¿qué se puede hacer? La ley Nacional de Educación, en sus artículos 2, 4 y 115 pone al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, como los responsables de garantizar el derecho a la educación y como bien “público y derecho personal y social”. Asimismo, entre las obligaciones de los docentes la ley ordena “ejercer su trabajo de manera responsable”. Para que estas obligaciones se cumplan, los padres y los ciudadanos debemos reclamar y hacernos oír.
Nos preguntamos ¿cómo es posible que estemos frente a la clara amenaza de perder completamente el cuatrimestre? ¿No deberían asegurarse las 25 horas mínimas semanales del ciclo lectivo? ¿Los reclamos y las manifestaciones de los docentes no podrían hacerse en días y horarios que no impidan el derecho a educarse que los menores tienen? ¿Qué es más importante y prioritario: el derecho de huelga de los docentes o el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes?
La Justicia Federal, entre otros, ya se ha expedido al respecto, dejando por sentado que el derecho a la educación está por sobre el de la huelga.
En otro orden, el artículo 28 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, expresa claramente y sin lugar a dudas la prioridad de la educación.
La sociedad es consciente del derecho del docente a una buena remuneración, pero es absolutamente aún más consciente del derecho constitucional del menor a aprender. “La educación es prioridad nacional” dice nuestra ley. Las autoridades y los docentes deben respetar esta norma, pilar fundamental de cualquier país que quiere ser libre y soberano.
