A partir del 6 de agosto las universidades nacionales protagonizaron una lucha que estuvo marcada por el cese total de actividades en reclamo de la convocatoria de la Mesa de Negociación Salarial docente universitaria, que venciera el 28 de febrero y cuya última reunión se desarrollara el 14 de mayo.
Luego de una semana de la medida adoptada por las dos federaciones mayoritarias -Conadu y Conadu Histórica- y tras 90 días sin reunirse la paritaria, el Ministerio de Educación de la Nación convoca nuevamente. Tres meses el Gobierno nacional estuvo ausente de una negociación que debería haberse cerrado, con acuerdo de las partes, como muy tarde en abril.
El acuerdo firmado por cuatro de las seis federaciones establece 15% en blanco, un adicional (no bonificable) promedio de 10%, y sin cláusula gatillo. Frente al contexto inflacionario, cuya proyección mínima es del 42% para 2018, es una condena a seguir bajo la línea de la pobreza para casi 60% de nuestros docentes, y una reducción salarial para todos por licuación del poder adquisitivo. Por eso considero, junto a 70% de la docencia universitaria del país, que se firmó un mal acuerdo a la baja.
Por los motivos antes expuestos es que Conadu Histórica, de la que Fadiunc forma parte, no aceptó la propuesta realizada por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y el Consejo de Rectores (CIN) y en consecuencia no suscribió el acta respectiva.
Es importante señalar que, pese al acuerdo salarial a la baja cerrado por el Gobierno nacional, el conflicto continúa. En primer lugar, porque miles y miles de estudiantes, universitarios y preuniversitarios, hicieron suyo el reclamo de sus docentes, entendiendo que era, y lo sigue siendo, mucho más profundo que una simple y mezquina lucha por el salario. Lo que lograron entender y asumir como propia fue la lucha por el presupuesto.
Presupuesto que comienza a discutirse en el Congreso de la Nación, y que este año ha sufrido un ajuste real vía devaluación e inflación, pero además fue recortado en casi 5 mil millones de pesos.
Se entendió que, sin presupuesto, la docencia, la investigación y la extensión no pueden desarrollar todo su potencial. Porque si se exige turno noche no puede llevarse adelante con la planta docente existente, tanto por el número como por los magros salarios que perciben. Porque sin presupuesto las becas se van a ver disminuidas, el boleto educativo no podrá ser una realidad. Porque sin presupuesto peligran los laboratorios, los hospitales universitarios, la labor de extensión, etc. En definitiva todos comprendimos que no hay un proyecto de desarrollo nacional sustentable si se destruye el derecho social a la educación pública.
Por esto, y no por otra razón, se explica que a lo largo y ancho del país comunidades completas se movilizaran y, que en nuestra provincia, treinta mil mendocinos colmaran las calles en defensa de la Universidad, de la educación y de la ciencia. Claramente estas manifestaciones fueron en defensa de la educación y la Universidad pública, gratuita, laica, al servicio del pueblo argentino y de nuestra nación. Porque frente a las políticas que pretenden imponerse en el ámbito educativo en general, y en el universitario en particular, la respuesta fue y seguirá siendo: “La educación del pueblo no se vende, se defiende”.
