Policiales
Chaco: detuvieron un camión que llevaba 28 toneladas de sandías y tenía pedido de secuestro en Mendoza
hace 7 horas
Los trabajadores de
Desarrollo Social
, del Órgano Administrativo Local (OAL), apoyados por los gremios ATE y Ampros, realizan mañana
un paro sin asistencia a los lugares de trabajo en solidaridad con los trabajadores de la Dinaf
que fueron imputados por la muerte de Luciana Rodríguez, la chiquita de 3 años que fue asesinada a golpes por su padrastro.
“La ley dice que debe existir toda una red de operaciones que no existe”, denunció
Claudia Iturbe
, secretaria gremial de AMPROS a
Los Andes
.
El paro será durante 24 horas y a las 10 habrá una movilización en la puerta del OAL, ubicado en la calle Montevideo 578. “Vamos a estar informando a la gente y solidarizándonos con los compañeros imputados”, dijo Iturbe.
La secretaria gremial explicó que “el problema es que la ley está incumplida, no por el trabajador sino por el (Poder) Ejecutivo que no destina presupuesto. Todos deberían hacerse cargo (de situaciones como esta). Es una red de operaciones que no está, que es inexistente”.
Iturbe denunció que los funcionarios trabajan “sin infraestructura, sin presupuesto, sin movilidad” y aseguró que “durante el 2013 se trabajó en 27 mil situaciones y son sólo 60 empleados”.
Pero el campo de trabajo es mucho más amplio que una denuncia. “Tenemos que tener en cuenta que no hablamos de un paciente o una persona particular. Detrás de una denuncia hay toda una familia (que también debe ser asistida)”, explicó.
Por su parte, la secretaria general de ATE,
Raquel Blas
dijo: “Se decidieron (a ir a paro)porque creo que ellos también están entendiendo, como nosotros entendemos, que cuando uno como trabajador -más en estas situaciones extremas en las que está en riesgo la vida de un menor- no es provisto de los elementos indispensables para desarrollar (sus) tareas, debe de alguna manera llamar la atención de las autoridades. La única manera que tenemos los trabajadores es la huelga”.
El lunes seis integrantes de la Dinaf -entre operadores y funcionarios- fueron imputados por la fiscal especial Claudia Ríos, quien intenta dilucidar por qué había más de 16 denuncias por maltrato y la niña fue restituida a su familia, la que finalmente la asesinó a golpes.
