El problema se replantea año tras año. Los dirigentes sindicales de los gremios que nuclean al personal que se desempeña en el Estado provincial comienzan a presionar en procura de aumentos salariales. Están en todo su derecho de hacerlo, porque responden al mandato de sus bases, pero la situación se complica por la metodología utilizada, especialmente cuando se realizan medidas de fuerza que terminan afectando a toda la población.
La paritaria docente, como en años anteriores, no hace más que dejar señales inquietantes. No es la primera vez que el ciclo lectivo no puede comenzar porque no se alcanzaron los acuerdos salariales en la discusión entre las partes. Y cada uno de ellos da una dosis atendible de razón. Desde el sector laboral, porque reclama salarios acordes con el incremento de los precios y desde el Gobierno, porque debe ajustarse a un presupuesto que no le permite salirse de determinados porcentajes. Y en el medio quedan de rehenes los chicos, que no pueden comenzar las clases.
Si nos atenemos a lo sucedido en otras oportunidades, situaciones similares a las del conflicto docente se darán cuando se discutan los salarios del resto de la administración pública y con situaciones muy parecidas, como sucede cuando la discusión se centra en el sector de la salud. En ese caso son decenas de miles los mendocinos perjudicados cuando se deciden medidas de fuerza y los hospitales y centros de salud sólo atienden casos de emergencia.
A las diferentes gestiones gubernamentales les ha resultado muy difícil enfrentar el problema. Esencialmente porque la Provincia no cuenta con una necesaria ley de sueldos que establezca con seriedad la pauta de que a igual salario corresponde igual remuneración. No se puede aceptar en ese marco que un oficinista, sin título, de la administración pública tenga un salario mayor que un profesional de un municipio o que un administrativo del área del Ministerio de Salud tenga un escalafón diferente al de otro, con igual función, en otro ministerio.
Las diferencias sí podrían recaer en aquellos casos en que el trabajador realice tareas riesgosas o que puedan llegar a afectar su salud, como es el caso de quienes se desempeñan en los hospitales o centros de salud, pero ello a través de ítems especiales. Dentro de ese marco también, por la función que desarrollan y por las responsabilidades que le demanda la tarea, un docente debería tener también una remuneración acorde con la situación.
Esa ley provincial de sueldos, que ya se trató a través de un proyecto en la Legislatura años atrás, pero que nunca obtuvo la sanción definitiva, debería contemplar también otros aspectos para que el ingreso a la administración pública se realice por concurso, a los efectos de dar posibilidades a todos por igual y se termine de una buena vez y para siempre los contratos por favores políticos que al poco tiempo terminan en cargos permanentes. No debe olvidarse en este aspecto que la única vez que ese ingreso por concursos se produjo fue en 1969 y, a partir de allí, todo quedó en promesas que nunca se concretaron. Debe terminarse también con un Estado que se convierta en el gran proveedor de empleos cuando el sector privado no puede cumplir esa misión.
Pasadas las elecciones y con dos años vista para una nueva elección, puede constituir el momento ideal para que la dirigencia política en general -oficialismo y oposición- dediquen sus tiempos para concretar una verdadera reforma del Estado, que modifique las actuales falencias y que contemple una real y concreta ley de sueldos que beneficie a todos, no sólo a los que cuentan con mayores posibilidades de presión. Será una forma de salir de la coyuntura y de pensar con seriedad y justicia en el largo plazo.
