Mientras en la Legislatura todavía se debate el Presupuesto provincial y se esperan novedades en el mismo sentido a nivel nacional, las negociaciones salariales en la provincia van ocupando la agenda del Gobierno y también de los 12 municipios oficialistas
Las paritarias con los empleados municipales "van a comenzar la semana que viene, después de la Vendimia, y serán en sintonía entre los distintos municipios y el Gobierno provincial", indicó Marcelino Iglesias, jefe comunal de Guaymallén. El acuerdo al que llegaron los intendentes de Cambia Mendoza es que no habrá cláusula gatillo, los aumentos serán en tramos y no superarán el 30%. En algunos casos, para quienes menos ganan, está la posibilidad de entregar bonos.
Este propuesta que elevarán los gremios va en sintonía con la austeridad con la que se están manejando otras paritarias en el contexto nacional. Por ejemplo, el primer acuerdo 2020 fue el de Encargados de Edificios, Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc): aumento de 20% en tres cuotas hasta julio, cuando volverán a reunirse con su contraparte para negociar los aumentos del resto del año.
En materia educativa, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), que lidera Roberto Baradel, aceptó la semana pasada una oferta que contempla una cláusula de garantía ante eventuales incrementos inflacionarios que superen el aumento acordado: dos subas, una de 8,9% en marzo y otra en junio que acumulan 16,66% en el primer semestre.
La Asociación Bancaria, por su parte, negoció aumentos de "suma fija" de $ 4.000 a $ 10.500 según escalafón (7 a 9% en el primer trimestre), antes de sentarse a discutir la paritaria 2020.
Afinar el lápiz
El número fino en las municipalidades locales aún está en evaluación y tomará forma en los próximos días, luego de que se oficialice la oferta del Gobierno provincial a los gremios estatales. Será después de la Vendimia e iría a tono con la inflación prevista en el presupuesto local, que es del 34%.
Los intendentes quieren un acuerdo con "cascada descendente" que favorezca a los sueldos básicos más bajos, contrario a lo que sucedió con las últimas cláusulas gatillo, donde los aumentos anuales impactaron más en los salarios más altos, al tratarse de un porcentaje fijo para toda la planta.
Los municipios oficialistas se encolumnarán detrás del Poder Ejecutivo provincial y si bien nadie quiere hacer pública la propuesta, no será mayor a la inflación proyectada. El dato se desprendió de la reunión que mantuvieron los caciques oficialistas el último viernes en Casa de Gobierno. Si bien el motivo del cónclave fue solucionar el conflicto por los residuos luego de que el jefe comunal de Las Heras, Daniel Orozco, impidiera el ingreso a los camiones que venían de tierras oficialistas del Gran Mendoza, hubo otra reunión.
Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz), Ulpiano Suárez (Capital), Marcelino Iglesias (Guaymallén), Sebastián Bragagnolo (Luján de Cuyo) y Orozco, llegaron al cuarto piso con un temario definido: ponerse todos de acuerdo en lo que van a ofrecer a sus empleados, algo que no habían hecho años anteriores.
Algunos intendentes consultados por Los Andes aseguraron que la incertidumbre en torno a la pauta de gastos local, y a la nacional, no les permite tener referencias claras en cuanto a los números. Sin embargo, muchos de ellos ya cuentan con Presupuesto comunal.
De caerse el endeudamiento para el plan de obras que Rodolfo Suárez ha pedido autorización a la Legislatura (necesita los votos peronistas y todo indica que no los tendrá), "habrá que hacer ajustes en otras áreas", dijeron desde una de las comunas. Y como lo que se sabe por estas horas es que el aval es casi imposible de conseguir, los intendentes deberán afinar el lápiz y "no prometer cosas que no se puedan pagar", según reconoció un intendente, aclarando que "a ningún municipio le sobra, ni siquiera a los que han estado mejor".
El martes se inicia la negociación provincial
El Gobierno ya confirmó la apertura de paritarias para los días 10, 11 y 12 de este mes aunque no tenga en mano la ley del Presupuesto, luego de haber dialogado con los distintos gremios estatales.
La intención del Ejecutivo es que la negociación sea “sincera y transparente”, por lo que pedirá a los gremios que “tengan responsabilidad de llegar a un acuerdo”, considerando “la difícil situación en que se encuentra la actividad económica de la provincia”, según explicaron desde el Ministerio de Gobierno.
Uno de los gremios que recalentó la previa de la discusión fue el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) al considerar que el Gobierno plantea "fechas tardías para una negociación que aún no comienza, llegando casi a mediados de marzo, cuando los salarios se liquidan".
"Esto nos pone al filo de una negociación que quieren empezar lo más tarde posible, pero terminar lo más pronto, condicionando los tiempos de debate en nuestras unidades de trabajo, manejando tiempos a su antojo y jugando con nuestra necesidad", manifestaron desde el sindicato que conduce Sebastián Henríquez.