Aunque las discusiones paritarias parecen, a esta altura, superadas y lejanas en el tiempo, un nuevo reclamo hizo resurgir los cuestionamientos. El Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea) denunció ante la Justicia que los acuerdos que fijaron una suba anual del 17% van en contra de lo que establece la Constitución nacional.
Se trata de una solicitud para que la Suprema Corte de Justicia provincial declare que el acuerdo salarial es inconstitucional, por considerar que viola el principio de progresividad salarial y de derecho de los bienes. El reclamo se fundamenta en que el porcentaje ofrecido (al que no suscribió Sitea) está por debajo de la inflación. La paritaria con el sector la firmaron ATE y UPCN.
“Medimos los aumentos, los comparamos con datos reales y objetivos, y llegamos a la conclusión que casi la mitad de los trabajadores de la Administración Central está por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando de salarios inferiores a los $ 15 mil, correspondientes a la clase 5”, señaló el titular de Sitea, Federico Lorite.
En el Gobierno, aún sin ser notificados de la denuncia, pusieron en duda que el planteo prospere. Según entienden, en las mismas paritarias se contempló el hecho de que el porcentaje ofrecido no quede desfasado con la inflación.
“El acuerdo si bien es en base a las previsiones presupuestarias, contempla una cláusula que permite a las partes sentarnos en el último trimestre a evaluar si existió un desfasaje entre el 17% otorgado y la inflación que se registra a esa fecha. Esta cláusula haría caer el argumento”, consideraron en el Gobierno.
El arreglo salarial cuestionado es el que otorgó el gobernador, Alfredo Cornejo, a los trabajadores estatales: el 17% en dos veces. En algunos casos, la propuesta fue aceptada por los distintos gremios, y en otras, como fue en el caso de los docentes (SUTE), el porcentaje se impuso por decreto.
La oferta que se repitió en las distintas paritarias consistió en un 10% a partir de febrero y el restante 7% a partir de julio, con la posibilidad de reabrir la discusión en el tercer trimestre.
El planteo de inconstitucionalidad se fundamenta en un agravio que consideró la gente de Sitea y que llevó a la Justicia.
“Entendemos que el aumento salarial al régimen 05 violenta el derecho de propiedad. De acuerdo a los índices inflacionarios oficiales de 2016 y de 2017, el aumento no alcanza a cubrir la inflación proyectada para este este año ni el pasado, en base a los índices oficiales”, argumentó el abogado de los denunciantes, Carlos Vega, y explicó por qué consideran que es inconstitucional.
“El artículo 17 de la Constitución establece el derecho a la propiedad, y si una paritaria es inferior a la inflación proyectada, que lo demostramos con los índices oficiales y comparativamente con las provincias de San Luis y Buenos Aires, entendemos que el aumento es confiscatorio y deja a más del 50% de trabajadores por debajo de salarios básicos de la pobreza”, señaló el abogado.
En cambio, en el Gobierno volvieron a decir que la oferta fue la que se presupuestó en base a la proyección inflacionaria.
“El perjuicio que plantea Sitea se cae y se desdibuja, porque aún no tenemos la proyección de fin de año. Cuando estemos más cerca de tenerla, nos hemos comprometido a sentarnos con datos en la mesa sobre la inflación en Mendoza. En el supuesto de que existiera algún desfasaje, vamos a analizar en conjunto y con los gremios, teniendo en cuenta la recaudación y las finanzas públicas, con la intención de corregirlo”, explicaron en el Ejecutivo.
En este sentido, no es la primera vez que una discusión paritaria termina judicializada. El año pasado, fue el SUTE el que llevó a esta instancia el polémico ítem Aula, un fallo que está pendiente aún y que se espera que se conozca en las próximas semanas, según lo anunciado desde la Corte.
