Este año algunos importantes formadores de precios aplicaron aumentos a sus mercaderías para evitar ser perjudicados por la devaluación que se pronosticaba, y una vez producida ésta volvieron a aumentar los precios para "adecuarlos" al nuevo valor del dólar. Frente a tal abuso, no quedan dudas de que las paritarias de este año serán muy difíciles.
Desde el gobierno prefieren hablar de la inflación "que se espera" para el año, que según sus cálculos podría rondar el 20 al 25 por ciento, mientras que los sindicalistas se fundamentan en los porcentajes que marcaron la inflación de diciembre y enero, los dos primeros de la gestión de Mauricio Macri. De allí entonces que, por el simple hecho de partir de pisos diferentes, los acuerdos se compliquen a la hora de la discusión.
Para colmo de males, la primera paritaria que se abre es la de la actividad docente, un gremio muy castigado por los bajos salarios de sus trabajadores, pero que se encuentran con el inconveniente de que el Gobierno no puede estirar los presupuestos y debe atenerse a lo que le otorguen sus posibilidades. Salvo que, como sucedió el año pasado en Mendoza, los aumentos sin sustento generaron que el dinero con que contaba el Gobierno sólo alcanzó hasta el mes de octubre y los empleados públicos vieron demorados los pagos de noviembre, diciembre y aguinaldo.
En lo que respecta a la actividad privada la problemática es parecida, aunque también es dable advertir que hay algunos gremios, como es el caso de los camioneros, que son los que suelen marcar las pautas de los porcentuales para otras labores.
Sin embargo, si nos atenemos a la reunión que mantuvo días pasados Mauricio Macri con dirigentes sindicales, podría alcanzarse un acuerdo, consistente en no reclamar un porcentaje demasiado alto, a cambio de la modificación del impuesto a las Ganancias y la devolución del monto que el Estado les debe a las obras sociales. De todos modos, la dirigencia sindical deberá ser muy cuidadosa cuando plantee sus reclamos.
En el caso específico de nuestra provincia, se estima que, por tratarse de una economía agrícola intensiva, más del 60 por ciento de los costos de producción están dados por los salarios y muchos estiman que con el actual estado de precios, tanto en la uva como en el resto de las actividades, muchos productores no podrán hacer frente a ese tipo de erogaciones si no se producen incrementos similares en los precios de sus productos.
Al sector empresario también le cabe una fuerte cuota parte de responsabilidad a la hora de discutir salarios. Porque si bien es cierto que el objetivo de todo empresario es optimizar sus ganancias, no es menor real que no lo deberían realizar sobre los salarios de los trabajadores.
Porque, al fin y al cabo, si cae el poder adquisitivo de los mismos también caerá la demanda de productos y en ese esquema todos terminarán siendo perjudicados. Es más, se habla de molestias en el Gobierno porque los empresarios no cumplieron con las promesas realizadas para morigerar los aumentos de precios.
En la Argentina, los pactos sociales que intentaron los diferentes gobiernos no dieron los resultados esperados. Pero fueron positivos en otros países, como en Irlanda, donde las tres partes -empresarios, trabajadores y Estado- alcanzaron los acuerdos necesarios que les permitieron mejorar sustancialmente la economía y mantenerla en el tiempo.
Es de esperar que, en las difíciles situaciones actuales, la dirigencia en general demuestre la madurez necesaria como para llevar a buen puerto las negociaciones, porque hoy se requiere de un acuerdo entre los sectores para alcanzar los objetivos.
