El domingo pasado, y en medio de un acto político donde fustigaba al gobernador de Neuquén, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, afirmó que “en el negocio petrolero hay que volver a lo lógico, que el dominio sea de la Nación y participe a las provincias, como decía la Constitución del ‘49, que era sabia”.
Parrilli estaba anticipando el espíritu que reina en el gobierno nacional y en las autoridades de YPF. Él expresaba la esencia de algo que vengo señalando en estas columnas, y es que el sistema federal le resulta incómodo y les molesta tanto a Cristina Kirchner como a Kicillof y Galuccio. Por supuesto, políticamente están tratando de dibujarlo y por eso las negociaciones adquieren las formas retorcidas que son habituales en el gobierno kirchnerista.
Como sea, la provincia de Mendoza está a punto de ceder atribuciones constitucionales en base a un pacto de dudosa legalidad, porque la Constitución no puede modificarse por convenios entre funcionarios. La misma Constitución dice que las leyes que reglamentan los derechos no pueden hacer que el derecho sea imposible de ejercer.
Lo grave es que estaríamos repitiendo la experiencia del acuerdo con Portezuelo del Viento, solo que en este caso declinamos derechos a cambio de promesas firmadas que nunca se cumplieron. Lo grave no es que la Nación no cumpla, sino que ningún gobernador esté dispuesto a ejercer sus atribuciones y obligaciones para defender los derechos de Mendoza.
Lo que la Nación prohíbe
La “propuesta” de la Nación no permite a las provincias utilizar el sistema de acarreo y establece que la única retribución que pueden obtener son las regalías, las cuales fija en un 12%. Si bien no lo dice, el precio sobre el que se liquida dicha regalía es atribución discrecional de la Nación, cambiando el criterio tradicional, que era tomar el precio internacional del WTI, la cotización del petróleo de Texas.
De esta manera, las provincias petroleras han perdido grandes sumas de recursos, criterio que la Nación no está dispuesta a cambiar y, al parecer, las provincias no están dispuestas a cuestionar. Otro punto exigido por la Nación es que las petroleras no paguen impuesto de sellos. ¿Porqué ellos no y los demás sí?
Otro requisito es que todas las provincias cobren un 3% de Ingresos Brutos, lo que pondrá un duro problema al gobernador Pérez, ya que tendrá que enfrentar una dura lucha con la oposición radical. Este sector político fue el responsable de empujar, inicialmente, una alícuota del 6% porque es parte de su ideología castigar a los que ganan y premiar a los que fracasan.
Luego, aceptaron fijarla en 5%, pero con una reducción al 3,5% a cambio de inversiones, en una regla muy poco clara. El problema es que ahora habrá que enfrentar lo más duro: explicarle a un comerciante o a un profesional que pagará una tasa superior a una petrolera. La base de los impuestos es la igualdad y no la escala, lo que obligará a revisar en forma urgente la base de los ingresos provinciales y, por supuesto, la forma en que se malgastan los ingresos provinciales.
Respecto del acarreo, es bueno aclarar que este sistema, por el cual las empresas participan con un porcentaje, podría aplicarse si las empresas provinciales participaran con inversiones del riesgo exploratorio, pero desde YPF dicen que el acuerdo no contempla esa posibilidad. Lo que la gente de YPF desconoce es que los contratos que hace Enarsa, la otra empresa nacional, se hacen bajo el sistema de acarreo. Lo que es prohibido a las provincias, le es permitido a la Nación.
El fondo del problema
Se pretende argumentar, en esta negociación, que lo que está en juego es la fijación de políticas por parte de la Nación, y esto es una forma grosera de desviar el fondo del problema. El problema, en sí mismo, es que la Nación fija un precio arbitrario para el petróleo y el gas producido en Argentina. Esto perjudica a las provincias pero no estimula a las empresas. Las que están no quieren invertir y las que no están no quieren venir.
Por eso, en lugar de cambiar el criterio inventan mecanismos retorcidos, como el de “vender” como concesión la posibilidad de disponer del 20% del crudo producido a precio internacional. Eso no es una concesión sino la remoción parcial de una distorsión, porque lo normal es que las empresas dispongan del total de su producción al precio internacional.
Es absurdo que nos comportemos como si fuéramos un país que nada en petróleo. La realidad es que tenemos muy poco y ahora hay que perforar las rocas para sacar lo que queda; necesitamos capitales y aplicamos políticas que solo atraen a los marginales.
El gobierno de Cristina, con la ideología de Kicillof y la complicidad de Galuccio, se robó los panes y quiere que discutamos sobre las migas que quedaron en la mesa. Si a las provincias les pagan 105 dólares por barril en lugar de 72, se acaban todas las discusiones y seguramente nadie querrá meterse en complicaciones ni peleará por 1 punto más de impuesto.
Los ideólogos nac&pop argumentan que si se reconoce un precio mayor por el crudo, subiría el precio de los combustibles. Es verdad, pero no un 30%, ya que la incidencia del crudo en el precio final de las naftas es mucho menor que los impuestos nacionales.
Revisando políticas, el gobierno de Cristina podría aprender de lo que en su momento hizo el gobierno chileno de Michelle Bachellet, en su primera gestión. En aquella oportunidad, ante la suba del precio internacional del crudo, el gobierno bajó los impuestos internos que gravan los combustibles. De esa manera amortiguó el impacto de la suba del crudo.
En Argentina los gobernadores deberían ponerse firmes en este concepto y no aflojar a las presiones, porque tienen respaldo constitucional para hacerlo mientras carecen de facultades constitucionales para ceder derechos de las provincias que representan. Exigir el precio internacional y que la Nación baje el ITC es el camino más simple, y es posible.
Los mendocinos estamos ante una instancia más grave pero igualmente trascendente, si se lo compara con el acuerdo por el que se renunció al juicio contra la Nación a cambio de la construcción de la presa de Portezuelo del Viento. Nos quedamos sin recursos y con una promesa que nunca se cumplirá porque, además, nuestros gobernadores están más preocupados por quedar bien con la Nación que en defender los intereses de los mendocinos.
Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
