Parches en impuestos y un gasto desbocado

Como consecuencia de un descontrolado aumento del gasto público, en todos los niveles jurisdiccionales, el Gobierno Nacional apela a cuanto recurso encuentra a mano para financiarlo, incluido el impuesto inflacionario, la expropiación de los recursos de la Anses y el progresivo vaciamiento del Banco Central.

Ahora, como consecuencia del adverso resultado electoral en las PASO y las cada vez más fuertes presiones de diversos sindicatos, decidió modificar el impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia. La situación conflictiva creada porque cada vez más trabajadores debían tributar había sido provocada por el propio Gobierno, que se negaba a actualizar el mínimo no imponible.

Dado el alto nivel inflacionario y los incrementos salariales establecidos en la convenciones colectivas, el impuesto fue recayendo sobre más personas con alícuotas más altas, a punto tal que en muchos casos los aumentos salariales se los llevaba íntegramente el impuesto. Sin duda un verdadero despropósito.

Así se llegó a una situación insostenible y, contrariando lo expresado durante bastante tiempo, el Gobierno Nacional, mediante un decreto, procedió a actualizar el mínimo no imponible. Ese mínimo ha sido fijado en 15.000 pesos mensuales, igual para trabajadores casados y solteros, eliminando una manifiesta injusticia que había en la diferencia anterior.

En resumen, la modificación tan reclamada importa un alivio para los trabajadores de ingresos bajos y medios. De todos modos, en otra muestra de discrecionalidad, no se determinó un mecanismo de ajuste automático del mínimo, por lo que con el actual nivel de inflación no pasará demasiado tiempo para que el problema hoy subsanado vuelva a presentarse.
 
Otra dificultad es que no se han modificado las alícuotas, que en el caso de los trabajadores en relación de dependencia de nuestro país, a igual nivel de salarios, son notablemente más altas que en Chile, conforme a un estudio del Ieral.

Pero el problema más serio es que para compensar la pérdida de ingresos fiscales que implica la modificación reseñada, el Gobierno dispuso crear arbitrariamente otros impuestos, tal como un adicional del 10% al impuesto a las ganancias de las empresas.

Estas pagan actualmente una alícuota del 35% sobre las ganancias, el adicional se aplicará sobre las ganancias distribuidas, lo que implica que en estos casos el gravamen ascienda al 41,5%. Asimismo, se ha creado un nuevo impuesto que grava con una alícuota del 15% la transferencia de acciones y títulos que no cotizan en Bolsa. Estos dos gravámenes han sido severamente cuestionados por especialistas tributarios por los efectos negativos, que van a contramano de lo que se hace en el mundo.

En las últimas décadas el gravamen a las ganancias de las empresas ha bajado significativamente con la finalidad de atraer inversiones, siendo hoy el promedio de 24%, pero aquí se lo ha aumentado, y como no hay ajuste por inflación, en realidad se gravan ganancias que son puramente resultado de la inflación.

Cuando la inversión debiera ser alentada, según el Ieral, con decisiones que creen mejor clima de negocios y mayor seguridad jurídica; señalando que hubiera sido más efectivo disminuir la carga fiscal sobre las utilidades reinvertidas, en lugar de aumentarlas sobre los dividendos.

En síntesis, el efecto de estos parches es una presión fiscal que alcanzará este año el 42,8% del PBI, con un gasto público consolidado del 50,2% del PBI, algo insostenible en el tiempo.