La filtración de 11 millones y medio de documentos del cuarto mayor estudio de abogados dedicado a crear empresas offshore en paraísos fiscales, difundidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) parece ser sólo la punta de un iceberg. Se trata, en sí misma, de la mayor investigación periodística desde los famosos “archivos del Pentágono”.
En aquel caso revelado en 1971 por periodistas del New York Times, se desclasificaron 7 mil páginas de documentos secretos sobre la guerra de Vietnam que hoy ocuparían 24 Megabytes de información y podrían almacenarse en el disco duro de cualquier computadora.
En 2010, Wikileaks publicó 1.7 Gigas de “documentos secretos” del Departamento de Estado, una cantidad de información cien veces mayor que requeriría de un server para poder almacenarla.
Sin embargo, la magnitud de los datos filtrados en el caso “Panamá Papers” es exponencial: 2.6 Terabytes (26 seguido de 12 ceros) de información encriptada, que tardarían 24 horas en “bajarse” con conexiones de Internet de alta velocidad y llevaría 30 años leerlos a una persona dedicada durante ocho horas al día de lunes a viernes a esta tarea, según un cálculo de la revista Wired.
La información “hackeada” al estudio Mossack Fonseca con sede en Panamá, equivale a 40 años de actividad en los que se crearon más de 300 mil compañías en paraísos fiscales en todo el mundo.
El análisis de toda la documentación, pudo llevarse a cabo gracias al trabajo colaborativo de 376 periodistas miembros del ICIJ en 80 países, a quienes Bastian Obermayer, reportero del diario alemán Süddeutsche Zeitung, les compartió la información cifrada que una fuente anónima, le había hecho llegar a través de un chat encriptado en noviembre de 2014.
Islas del Tesoro
El ocultamiento y fuga de activos hacia los llamados paraísos fiscales es una maniobra conocida y ampliamente practicada por magnates y empresarios, que se acentuó a partir de la década del 80, según cuenta el periodista Nicolas Shaxson, colaborador de Tax Justice Interntational (TIJ) y autor de un libro antológico sobre el tema: Treasure Islands, Tax Havens and the men who stole the world.
El economista francés Gabriel Zucman, autor del libro La Riqueza Escondida de las Naciones, sostiene que un 8% del patrimonio financiero global está colocado en paraísos fiscales, que no sólo son islas sino países respetables como Suiza o Luxemburgo.
Sin embargo, “más allá de la mala prensa que tiene por estos días, el sistema offshore no sólo es legal, sino que permite reducir el c osto impositivo de la renta lícita”, destaca Pablo Van Thienen, director académico de la consultora CEDF Law & Finance.
Con esta visión coincide el tributarista Ricardo Paolina, socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociados. “Se trata de instrumentos legales para obtener ventajas fiscales, cuyo aspecto más controvertido es el anonimato del beneficiario efectivo de estas sociedades, a través del uso de acciones al portador”.
No obstante, Paolina aclara que esta posibilidad de ocultamiento es cada vez más restringida a partir de las normas de transparencia e intercambio de información fiscal establecidas en 2009 entre países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, cuyo fin último es la prevención del lavado de dinero), del que Argentina es miembro.
“Las sociedades offshore tienen objetivos variados”, explica Zenon Biagosch, presidente de Fidesnet, consultora especializada en prevención del fraude y lavado de dinero, y ex director del Banco Central. “El principal es la elusión impositiva. Esto es, usar herramientas legales, aunque éticamente reprochables, para evitar el pago de impuestos o la doble tributación en empresas globales”.
Para tener una idea de la dimensión del problema, Biagosch destaca que según Tax Justice Network, el flujo de evasión fiscal global alcanza los U$S 3,5 billones (millones de millones), equivalentes al 5% del PBI mundial.
Ese flujo alimenta un stock de activos financieros no declarados, administrados vía paraísos fiscales, que en términos nominales equivalen al 40% del PBI mundial. Cerca del 65% de ese monto lo aportan 10 países (los del G7, menos Canadá más China, Rusia, España y Brasil).
Si analizamos el nivel de endeudamiento público y privado de este top ten de países, vemos, según cifras del Banco Mundial, que supera los U$S 110 billones, 1,4 veces el PBI mundial. Son cifras siderales, en las que la economía negra, proveniente tanto de evasión como de actividades delictivas como tráfico de drogas y de armas, terminan en la economía formal, financiando el endeudamiento y nivel de vida de los países más desarrollados.
Política y negocios
Las revelaciones dejaron al descubierto las maniobras que utilizan ricos y famosos a lo largo del mundo para ocultar sus patrimonios, evadir impuestos y con frecuencia lavar dinero y financiar actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, el tráfico de armas y el terrorismo.
En esta primera instancia, la investigación salpicó a un centenar de políticos -entre ellos, 12 jefes y ex jefes de Estado-, además de celebrities, artistas, deportistas y empresarios.
El presidente ruso Vladimir Putin es uno de los más expuestos. Su mejor amigo, el músico Sergei Roldugin es titular de numerosas compañías off shore en las Islas Vírgenes Británicas, hacia dónde habrían fugado unos U$S 2.000 millones. Cuando estalló el escándalo en la prensa internacional, Putin desestimó la acusación, y la adjudicó a una “operación en su contra de la CIA, la Fundación Rockefeller y la Open Society de George Soros”.
El premier británico David Cameron tampoco quedó bien parado al conocerse que su padre, Ian, tiene un fondo de inversión off shore en Bahamas que en 30 años de actividad jamás pagó impuestos en el Reino Unido. Cameron salió al cruce de las informaciones publicadas por The Guardian y la BBC aludiendo que se trata de un “asunto privado” y que “nunca cobró una libra” del emprendimiento familiar.
Uno de los casos más grotescos fue el del primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, titular de una off shore en las Islas Vírgenes (Wintris Inc) junto a su esposa, a quien en 2009 le vendió su parte por la simbólica cifra de U$S 1, dato que olvidó mencionar en su declaración de bienes al ser electo a la primera magistratura en 2013. Al conocerse el caso, anunció su renuncia pero luego se desdijo. Su ofuscación durante una entrevista televisiva al ser consultado por el tema se convirtió en uno de los videos más vistos en Youtube.
Los Panamá Papers también revelaron que el ex presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad sería el titular de la petrolera Petrocom, inscripta en las Islas Vírgenes. En tanto, ocho encumbradas figuras del Partido Comunista Chino estarían ligadas a 40.000 compañías off shore creadas por el hoy célebre estudio de abogados panameño.
La investigación también salpica a Mauricio Macri, mencionado como director de al menos una sociedad offshore en los Panamá papers (Fleg Trading Ltd.), aunque también figura como director de otra, registrada en 1981, y que aún estaría activa en el Registro Público de Panamá (Kagemusha).
Impacto internacional
Tras la publicación de los Panamá Papers en 107 medios de comunicacion de 76 países el domingo 10 de abril, las repercusiones no se hicieron esperar. El británico The Guardian, calificó al caso como “la mayor filtración de datos de la historia”. La cadena alemana Deutsche Welle se refirió al “terremoto que sacude la política mundial”, y The New York Times habló en una editorial del “caso que podría poner fin al secretismo financiero”.
Otros diarios, como el ruso Pravda, ironizaron sobre el hecho de que “este consorcio de periodistas dirigido por un ex CNN (Peter Bayle) no ha publicado el nombre de un sólo político o empresario estadounidense relevante entre los millones de documentos filtrados, aunque sí sacrificó a peones del Imperio como el primer ministro islandés Gunnlaugsson, el presidente ucraniano Poroschenko o el argentino Macri”.
La prensa panameña lamentó el desafortunado titular que acaparó las primeras planas de medios internacionales, destacando que “en la investigación que abarca 21 jurisdicciones, más del 80% de de las 240 mil sociedades inscriptas por el estudio Mossack Fonseca no fueron constituídas en territorio panameño y aclara que la mitad de ellas están radicadas en las Islas Vírgenes, y un 30% en Bahamas y el estado de Nevada en Estados Unidos.
Surgido al calor de la dictadura de Manuel Noriega, el bufete de abogados creado en 1986 por Ramón Fonseca Mora y su enigmático socio, Jürgen Mossack, hijo de un inmigrante alemán que había servido en las SS de Hitler, fue ganando prestigio en la élite de los negocios.
La discreción era, para esta firma con 600 empleados en 42 países, un valor fundamental. El 14 de marzo, antes de la explosión de los Panamá Papers, y acorralado por denuncias de que su estudio habría constituído numerosas pantallas societarias para lavar activos de la corrupción en Petrobras, Fonseca Mora declaró al diario La Estrella de Panamá que “(Paul) Singer (titular del fondo buitre NLM), quería ensuciarlo por haberse negado a brindarle información sobre supuestas empresas fantasma creadas en el estado de Nevada para Lázaro Báez (consginado por Daniel Santoro), en las que habría canalizado dinero de obras públicas del Estado Argentino, y serían por tanto embargables.
Más allá de las repercusiones mediáticas, el caso está obligando a reformular las regulaciones internacionales al capital. Citados de urgencia, los titulares de organismos recaudadores de impuestos de 28 paíes se reunieron el 12 de abril en París, para acordar normas más agresivas de control del capital financiero. Resta saber si podrán lograrlo.
