Para Unicef, el Régimen Penal de Minoridad en Argentina viola los derechos del niño

La ausencia de una ley específica para menores de 18 años en conflicto con la ley penal convierte a la Argentina en un país donde "los niños y adolescentes tienen menos garantías procesales que los adultos", aseguraron especialistas de Unicef y afirmaron que ese régimen penal "es violatorio de los derechos humanos".

"El Régimen Penal de la Minoridad Nacional vigente en Argentina no es acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) porque es de neto corte tutelar y violatoria de los derechos humanos", indicó Manuela Thourte, especialista en Protección para Unicef, de cara al Seminario internacional de justicia Juvenil que el organismo realiza a partir de mañana en Buenos Aires.

Es que a nivel internacional existen una serie de instrumentos, reglas y derechos que deben ser tomados en cuenta cada vez que un niño, niña o adolescente entra en contacto con el sistema de justicia penal juvenil y el principio central, advierten desde Unicef, es el de la dignidad.

"Hablamos del derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, a ser tratado desde el pleno respeto de sus derechos humanos, la necesidad de tomar en cuenta su edad y la importancia de promover la reintegración y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad", detalló Thourte.

En Argentina, el Régimen Penal de la Minoridad Nacional vigente está regido por la ley 22.278 firmada en 1980 por Jorge Rafael Videla. La norma, que Thourte señala como de "neto corte tutelar", dice que entre los 16 y los 18 los adolescentes son punibles penalmente.

En el 4 párrafo del artículo 1 aquel decreto señala que "si de los estudios realizados resultare que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador".

"En base a la normativa algunos jueces detienen adolescentes no punibles -personas menores de 16 años- por tiempo indeterminado, como medida de 'tratamiento' o 'medida tutelar'", explicó.

"Los delitos y penas no son especializados para personas menores de edad -agregó-. La ley actual demuestra que los niños y adolescentes tienen menos garantías procesales que los adultos".

El seminario de Sistemas de supervisión y monitoreo de condiciones de privación de libertad de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal que organiza Unicef entre mañana y el viernes en el Auditorio Buenos Aires tendrá como objetivo sentar las bases de de un sistema que de momento no existe en el país.

"La idea también es contribuir al debate público sobre el tema, dado que cuando se habla de adolescentes en conflicto con la ley penal se sugiere priorizar políticas represivas o de 'mano dura' que aumentarían la privación de libertad sin discutir las condiciones en que esos adolescentes viven y sin evaluar las consecuencias posteriores", remarcó.

Según cifras de Unicef, en 2015 se registraron 817 niñas, niños y adolescentes privados de libertad (1305 si se suman los jóvenes de 18 a 21 años); 2915 bajo programas de supervisión y 122 en restricción de libertad.

"Los números muestran que están lejos de ser los principales responsables del fenómeno de la inseguridad, como algunos medios de comunicación sugieren", indicó la especialista.

En ese sentido, destacó que un sistema basado en los principios de la CDN que facilite la integración e inclusión de adolescentes infractores es mejor para la sociedad "porque reduce la reincidencia y la violencia y, además, en muchos casos esa clase de medidas resultan también menos costosas en términos económicos".

"El objetivo fundamental de una legislación y política de justicia juvenil debe ser la prevención y protección antes que la represión", aseguró.

Por último, consultada sobre los principales desafíos para Argentina en materia de Justicia penal juvenil, Thourte resaltó la necesidad de privilegiar estrategias amplias de prevención del delito por sobre la judicialización; la determinación de edades mínimas y máximas de responsabilidad penal coherentes con el desarrollo progresivo de los niños; la utilización de estrategias de remisión y medidas alternativas a la privación de libertad.

"Unicef recomienda la aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad, que contemple estándares internacionales de protección de derechos humanos y garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con debidas garantías y medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional y de última instancia la restricción de la libertad personal", concluyó.