Mendoza se transformó en la primera provincia -y una de las pocas en América Latina- en regular las aplicaciones electrónicas en materia de transporte, con la aprobación de la Ley de Movilidad (resistida por los taxistas -ver aparte-) ayer en la Legislatura.
Entre otros puntos que estipula la norma, plataformas digitales como Uber o Cabify, si quieren ser legales en la provincia, deberán pagar un extra de 1% sobre cada viaje que realicen en el impuesto a los Ingresos Brutos.
Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos, celebró la aprobación de la Ley "que tuvo el aporte de todos los bloques de la oposición". Además, indicó que trabajarán todo agosto para reglamentarla, por lo que las aplicaciones podrían aparecer en los próximos meses si se ajustan a este nuevo marco normativo. "Hay una reglamentación que impedirá la competencia desleal" con los taxis y remises, aseguró el funcionario.
La ley, además de abrir la puerta a las plataformas electrónicas, reglamenta además al servicio de taxis y remises, los transportes escolares y servicios contratados.
Qué deberán pagar
Aún no está claro lo que deberán pagar las plataformas en materia de impuestos por trabajar en la provincia. Hay ciudades donde Uber paga tributos que la ley le preexigía y otras que lanzaron nueva normativa una vez que esta plataforma comenzó a operar. En Mendoza, por caso, lo que se intenta es regular la actividad antes de su funcionamiento.
Mema dijo que se le exigirá el pago de los impuestos provinciales, es decir, Ingresos Brutos. Específicamente, el texto de la nueva ley indica que este tipo de servicios electrónicos deberán pagar "una sobre alícuota del 1% sobre el total del viaje en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que corresponda a la actividad".
Esto quiere decir, según palabras de Jorge Teves (senador UCR), que del porcentaje de ingresos brutos que pagan taxis y remises las plataformas virtuales deberán pagar un 1%: "Este incremento va a un fondo para financiar, entre otros, el parque automotor de taxis".
También informó que para inscribirse como chofer de estas plataformas se deberá tener carnet de conducir profesional y abonar en Servicios Públicos 750 pesos.
"A diferencia de otros lugares, también deberán declarar un domicilio legal y fiscal, y tener representantes que vivan en Mendoza", indicó Teves, agregando que la cantidad de vehículos en circulación será de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada localidad, pero que es un punto que aun está por verse.
Otro dato a tener en cuenta es que cada vez que alguien usa Uber, la empresa se queda con el 25% del valor del viaje y el resto va al chofer.
Además, según informan desde la propia plataforma, cada conductor de Uber es responsable impositivo por toda la actividad que genera y Uber colabora haciendo las retenciones correspondientes del chofer según su categoría impositiva.
El modelo mexicano
En muchas ciudades Uber tiene conflictos judiciales por no pagar impuestos, pero hay algunas donde ya está regulado, como Montevideo y el DF mexicano. En la capital uruguaya la ganancia que obtiene es de 50% de cada viaje. Sobre eso el Gobierno le aplica un impuesto de 12%. Por ejemplo, si cobra 100 pesos por un viaje, el impuesto se aplica sobre 50 pesos (50% de la renta) y se grava con 12% (6 pesos).
En la capital de México, el sistema es similar a como se aplicará en Mendoza si Uber decide desembarcar aquí. Está obligada a pagar el 1,5% de la tarifa de cada viaje con el propósito a mejorar la movilidad urbana. Según publicó hace poco la revista Forbes, Uber ya pagó U$S 9,7 millones en concepto de impuestos.
Más detalles
Público y privado. Solo los micros serán un servicio "de interés público" mientras que los demás oscilarán entre servicios "de interés general" (taxis y remises) o servicios habilitados (transportes escolares y otros).
Taxis más nuevos. Deberán tener como máximo 8 años de uso y 10 si tienen GNC (5 y 6 años, respectivamente, los remises). Cuando se otorguen nuevos permisos el vehículo deberá ser 0 km.
Mandatarias. Se crea esta figura para titulares de varias licencias de taxis (de 4 a 150). El mandatario administrador será responsable solidario de todas las relaciones jurídicas y laborales y también deberá reconocer las cargas sociales, derechos y beneficios laborales de los choferes.
Transportes escolares. La antigüedad se limita a 10 años (antes era de 20), aunque se les concedió tiempo hasta el año 2023 para llegar a este objetivo.
