Más de un año y muchas negociaciones transcurrieron hasta que Impsa pudiera reconocer lo que más quería: un acuerdo preliminar con sus acreedores por más de U$S 1.000 millones que, si bien debe homologarse, es el primer paso para salir del default en el que cayó en setiembre de 2014.
Pero no es sólo un plan de pagos: para poder ponerse de pie, la multinacional mendocina los convierte en accionistas con 40%, como parte de un convenio que implica emitir más deuda y hasta la chance de vender el 60% restante.
Los acreedores, entre los cuales aparecen bancos nacionales como el Nación, Galicia, Hipotecario, tenedores de bonos y entidades multilaterales como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) integran un fideicomiso que se incorpora a la compañía valuada, antes del default, en más de U$S 2.000 millones.
El BID es, con 15%, uno de los asociados de más peso, en un universo atomizado de beneficiarios que incluye fondos de inversión internacionales y personas físicas, tenedores de las Obligaciones Negociables que el emisor no pudo afrontar.
Ante la CNV (Comisión Nacional de Valores), la compañía señaló un “consenso preliminar de un grupo importante de acreedores, que representan un monto significativo de su deuda financiera”.
Es que falta incorporar a acreedores adicionales para firmar el acuerdo definitivo, que deberá homologar judicialmente. Son aquellos que no participaron de las negociaciones en los últimos meses.
“En particular, la sociedad espera implementar dicho entendimiento (sobre la base de los Términos de Entendimiento) a través de un acuerdo preventivo extrajudicial”, comunicó al ente.
De todos modos, el avance no significa la salida efectiva del default todavía. La nota “D” que le asignó hace más de un año la calificadora de riesgo Standard&Poors, hasta ayer no se había modificado. Técnicamente, una condición sería la formalización del acuerdo.
"Varios cientos" de socios
La menor actividad de Impsa marcó los acontecimientos. Según el propio Enrique Pescarmona, la facturación cayó de U$S 1.100 millones en 2012, a 2015 que cerrará en U$S 300 millones.
Por eso urge cancelar lo antes posible. “Éste es un primer paso para llegar al acuerdo preventivo privado, estimamos que durante el primer trimestre de 2016. En ese sentido, los controlantes saben que no se llevarán un centavo hasta que se complete el repago de la deuda”, aseguró el CEO de Impsa, Juan Carlos Fernández.
La cotización de los activos, muchos de los cuales están en proceso de liquidación en el exterior (ver aparte), llegó a U$S 2.000 millones hace dos años, pero la cesación de pagos la redujo a un valor no precisado hasta ayer. No obstante, para Fernández, “una cosa es contar con la empresa no operativa y otra distinta es tenerla normalizada, con un acuerdo, el compromiso de destinar el exceso de caja a pagar y la posibilidad de emitir deuda nueva”.
Muchos de los “bondholders” (tenedores de bonos) que participaron de las gestiones el último año son parte de un acuerdo de confidencialidad exigido por la CNV para evitar especulaciones (usar información privilegiada). Entre inversores nacionales y extranjeros, los que suscribieron son el 50%, y 20% de la deuda global.
El fondo de inversión chileno, Moneda Assets Management, es uno de ellos. A través de Patagonia Fondo de Inversión, administra activos en Argentina, entre los cuales están los bonos de Impsa.
En off the récord, desde la compañía reconocieron formar parte del “comité de bonistas” internacionales. Pero, aunque tomaron acciones de Impsa en parte de pago, relativizan su condición de “socios”.
La nueva composición del paquete accionario se conocerá una vez formalizado y homologado el convenio. En el seno de la multinacional mendocina hablan de “varios cientos” de nuevos socios, pero tendrá que atender el caso del BID, uno de los principales. El ente multilateral de crédito mantiene un litigio judicial contra la compañía ante la Justicia de Nueva York, por un crédito impago de U$S 170 millones contraído en 2014. Desde Impsa dicen que “hay conversaciones avanzadas” para resolverlo.
La situación en Brasil
Wind Power Energia SA (WPE) es, hasta ahora, una subsidiaria de Impsa en Brasil para apostar a la energía eólica. Desde inicios de 2015 se encuentra en un proceso concursal y, si bien hizo una propuesta a sus acreedores, la decisión de la Justicia viene dilatándose desde setiembre. Ahora, prevén una salida airosa si se aprueba el acuerdo en una asamblea fijada para el 3 de diciembre.
Aquí, la firma atribuye el origen de todos sus pesares a que Eletrobras, la estatal que la contrató para hacer megaparques eólicos, dejó de pagarle U$S 250 millones del contrato suscripto para la ejecución del complejo Santa Catarina.
“Creo que no estamos lejos del acuerdo”, anticipó Fernández sobre el concurso, clave para la liquidación final de los activos de WPE en Brasil. Además de Wind, las divisiones Hydro y Energymp engloban todas las inversiones brasileñas de Impsa, que ya negocia a cuenta con al menos 3 grupos internacionales interesados en quedarse con ellas.
