Productores y elaboradores vitivinícolas que accedan a un subsidio como los que la Provincia dispuso durante la última vendimia para compensar la pérdida de rentabilidad, ya no deberán acreditar que están al día con el pago de impuestos provinciales.
Es que al darle carácter de "aporte social”, los beneficiarios, en particular de las operatorias anunciadas por el gobernador Francisco Pérez a inicios de 2015 como el pago de $ 2.000 por hectárea desde la cosecha, quedan exceptuados desde ahora de cumplir con el requisito del libre de deuda con ATM (Administración Tributaria Mendoza).
Así queda asentado en el decreto 1192, firmado por el gobernador Pérez el 3 de julio. El concepto de aporte social se fija tanto para ANR (Aportes No Reintegrables) como para percepción de servicios y otros beneficios al sector vitivinícola, en línea con las medidas contenidas en el Decreto 231/15, e implica una excepción al artículo 135 de la Ley N° 8530, detrás de la consigna que es casi una obsesión desde 2014: completar el recorte de 200 millones de litros de excedentes vínicos.
La ley de Presupuesto 2013 había consagrado que “toda persona física o jurídica que perciba un aporte no reintegrable del Estado provincial deberá, previo a la percepción del mismo, acreditar que no presenta deudas tributarias y no tributarias de períodos vencidos en la Dirección General de Rentas u organismo que en el futuro la remplace con iguales o similares funciones”. Asimismo, eximía a “aportes sociales y de salud”.
En busca de dar señales para revertir la crisis vitivinícola, Pérez había anunciado entre diciembre y enero pasados un paquete de 13 medidas, consagradas sucesivamente en los decretos 230 y 231/15.
Si bien semanas después persistían algunas dudas en el sector sobre su implementación, todo comenzó con la inyección de $ 4 mil por hectárea para solventar la cosecha a viñateros de hasta 5 hectáreas; siguió con una compensación de U$S 0,10 por litro de vino exportable y hasta hoy se apoya en una operatoria de crédito para comprar vino de contado.
“Como sigue en pie la operatoria para exportar y los créditos de compra de vino y el de mosto, para el cual la Nación aportó $ 40 millones y la provincia otros $ 20 millones, el espíritu de la medida es tratar de facilitar el acceso a la asistencia durante el ciclo comercial”, explicó el subsecretario de Industria, Martín Hinojosa.
A modo de ejemplo, el último registro del Ministerio de Agroindustria apunta que, mientras el subsidio para cosecha se ejecutó casi en su totalidad, la operatoria a tasa subsidiada acordada con el banco Nación (unos $ 100 millones en principio) ronda el 50%.
Para Emiliano Palazzo, de la Federación de Cámaras, la medida "va en camino de lo que hemos pedido durante mucho tiempo: flexibilizar para incluir a los productores. Aunque llegue tarde, cuando muchas cartas ya estén jugadas y a esta altura se esté apuntando más a bodegas que a los viñateros".
Precios: 50% abajo de 2013
A la hora de justificar la decisión, en los considerandos del decreto se menciona la existencia de un mercado con “elasticidad de precios”, que exige “sostener la oferta”, y una “imperiosa necesidad de que todos los eslabones de la cadena reciban una retribución justa y equilibrada, que posibilite un adecuado nivel de vida y el sostenimiento de la actividad en el tiempo”.
Finalmente, la medida remarca la situación provocada por los sobrestocks vínicos sobre los precios del mercado de traslado y de la materia prima, que derivó en “una pérdida de rentabilidad y descapitalización, principalmente de los pequeños productores”.
La retracción reconocida oficialmente parte de $ 1,50 por kilo en 2013 hasta $ 0,84 en la temporada actual. Así, los argumentos para facilitar la asistencia financiera concluyen en “retrasos en la cadena de pago de obligaciones mensuales” que, sin intervención del Gobierno, no les permitiría “subsistir hasta la próxima vendimia”.
Tras rescatar el espíritu del paquete de medidas lanzado por Pérez, con apoyo complementario de la Nación, concluye en que “es de necesidad pública la intervención del Gobierno y llegar a los productores más perjudicados y salvaguardarlos para ciclos futuros, cuando impacten las medidas y las expectativas sean positivas”.
