“La Policía retirará cada piquete y la Justicia deberá dar órdenes rápidas para que nadie perjudique a terceros por su protesta”, textuales palabras dijo el Gobernador de la Provincia, Alfredo Cornejo, en su discurso de asunción el 9 de noviembre. Dichos que ahora se harán realidad. Pues ayer el Gobierno de la Nación aprobó el llamado “Protocolo de actuación en las manifestaciones públicas”, cuyo objetivo es “asegurar la normal circulación durante las protestas callejeras y garantizar la actuación sin excesos de las fuerzas de seguridad”.
Así, esta modalidad determinada por el Estado nacional se aplicará en casi todas las provincias del país a través del Consejo de Seguridad Interior (CSI). Aquí, mientras el Ejecutivo lo celebra los gremios lo repudian.
“El protocolo es un modo de regularizar la protesta. Tiende a garantizar el derecho que tienen los gremios o las personas a peticionar ante las autoridades pero sin cometer delitos. Va en consonancia con el discurso del Gobernador: velar por el bien general, no afectar el derecho de los que circulan. Esto no es ni más ni menos que hacer que se cumpla la ley”, defendió el subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, Marcelo D'Agostino.
Por su parte, los representantes de los principales sindicatos mendocinos salieron a repudiar el protocolo y todos coincidieron en asegurar que se trata de una resolución “inconstitucional”.
“Es una barbaridad. Viola el derecho de huelga. Lo más grave es el momento en el que llega este protocolo: muchos aumentos, tarifazos, transferencia a grandes grupos económicos y cada vez menos para los que menos tiene. Cuando no hay consenso por parte del pueblo para hacer un ajuste, se recurre a esta política de represión”, analizó Raquel Blas (ATE), una de las sindicalistas más combativas.
Sitea tampoco está de acuerdo porque asegura que criminaliza la protesta. Así lo ve su secretario general, Federico Lorite: “Nosotros venimos analizando la política de (el presidente, Mauricio) Macri: endeudamiento externo, ajuste y represión. Es un correlato que se va intensificar con los tarifazos que se vienen”.
“Uno debe respetar los derechos de todos. El piquete es el resultado de una falta de diálogo y de reconocimiento de los derechos constitucionales de los trabajadores. No a la criminalización de la protesta por ser sindicalista. En una protesta social no puede haber violencia nunca”, dijo la titular de Ampros, Isabel del Pópolo.
Hoy SUTE se reúne en plenarios en todos los departamentos para analizar el irresuelto tema paritario. Además, aprovecharán para tomar una postura sindical respecto este protocolo del Ministerio de Seguridad de la Nación. “Estamos en contra. En el plenario lo vamos a tratar al igual que la jornada de protesta y lucha del 24 de febrero. Va a salir seguramente un repudio a ese protocolo”, adelantó la secretaria gremial, Liliana Chaves.
Mientras que D'Agostino sostuvo que no es inconstitucional. “Hacer un piquete sí es un delito. El gobierno garantiza el derecho de peticionar ante las autoridades siempre y cuando no se cometa un delito”, remarcó el funcionario.
