En su informe semestral sobre Libertad de Prensa en el país, la delegación argentina a la 71 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó ayer a los 12 años de gobierno kirchnerista como “el período más adverso” por el que han transitado los medios “desde el regreso de la democracia”.
En ese sentido, solicitó a los candidatos presidenciales que, en la nueva etapa que se avecina tras las elecciones, los medios públicos no sean más “usados como instrumentos políticos de los gobiernos de turno” y específicamente pidió que las conferencias de prensa vuelvan “a integrar la dinámica democrática”.
La evaluación resaltó que la presidenta Cristina Fernández haya hablado durante el presente año en más de 40 oportunidades por cadena nacional y que “buena parte de ellas fueron empleadas para destacar su gestión, alejándose de lo establecido en la Ley de Medios sancionada durante su Presidencia”.
El Informe, leído ante la Asamblea que sesiona en Charleston, capital del estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, por el titular de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, Carlos Jornet, recordó que, “en reiteradas ocasiones”, esas cadenas nacionales “han sido vehículo de manifestaciones injuriosas dirigidas contra la prensa”.
En ese sentido, Jornet recordó puntualmente el discurso del pasado 5 de agosto, cuando la Presidenta comparó “a magistrados, periodistas y medios que se ocupan de presuntos hechos de corrupción con los grupos de tareas que secuestraban, torturaban y mataban durante la dictadura militar”.
El detalle crítico de los últimos 12 años incluyó también los que fueron definidos como los “obstáculos” que encontró el periodismo durante ese período, ya sean de carácter económico, legislativo, normativo o “de presión”, que el Informe atribuyó, como en el caso de otros gobiernos latinoamericanos a la “intolerancia”.
En cuanto a las cuestiones económicas, se puntualizó que los gastos en difusión y propaganda oficial del Estado nacional “cerrarán el segundo mandato de Cristina Kirchner en un monto cercano a los 900 millones de dólares, al tipo de cambio oficial” y que “una cifra todavía superior será empleada en (el programa) Fútbol para Todos”.
Sobre la pauta oficial, el Informe refirió que “el primer semestre de este año concluyó con una erogación de más de 145 millones de dólares” y se volvió a denunciar que “su arbitraria asignación respondió, en gran medida, a intereses electorales y actuó como combustible indispensable para medios alineados con el discurso oficial”.
Al respecto, Jornet insistió en que “este doble estándar se refleja también en otras políticas de medios, como la asignación de frecuencias audiovisuales” y recordó que, “días atrás, la editorial Perfil denunció haber sido excluida de un concurso de televisión digital por su línea editorial”.
Otra parte fue dedicada a recordar que “el trabajo periodístico fue perturbado por numerosos actos de violencia e intimidación” y Jornet citó los casos de varios periodistas atacados por su tarea profesional, algunos por cuestiones ligadas al narcotráfico, “un fenómeno que crece de manera alarmante en nuestro país”, dijo.
Jornet también citó “otros hechos que interfirieron con el normal desenvolvimiento de medios de comunicación en los últimos seis meses”, entre ellos la cesión obligatoria de una página diaria a los partidos políticos en la provincia de Córdoba en tiempos de elecciones, el bloqueo de todas las cuentas bancarias de la empresa editora del diario El Tribuno, de Salta y el “corte abrupto” de la pauta publicitaria municipal al diario Democracia, de Junín (Buenos Aires).
Sobre el futuro, tras las elecciones, el Informe señaló que “una nueva gestión podrá atender las asignaturas pendientes en materia de libertad de expresión” y recordó que la Argentina “no cuenta con una ley nacional de acceso a la información pública ni con normas que regulen la distribución de la pauta oficial”.
También se planteó que el país carece “de normativas que contemplen la defensa de los derechos sobre los contenidos periodísticos que atiendan los desafíos que plantea el ecosistema digital”, que mantiene “disposiciones discriminatorias en materia impositiva que recaen sobre los medios gráficos” y que existen “leyes específicas y artículos de los códigos de fondo que afectan la libertad de prensa y que deben ser revisados”.
Los principales obstáculos
- Uso de recursos públicos para montar gigantescos aparatos comunicacionales destinados a la deslegitimación del periodismo independiente y de la oposición.
- Partidización de los medios públicos.
- Distribución discriminatoria de la pauta oficial con el objetivo de cooptar a sus beneficiarios o castigar a los medios no adictos.
- Aplicación selectiva de normas para perseguir la disidencia.
- Arbitrariedad en la asignación de frecuencias de televisión digital abierta.
- Sanción de leyes específicas para desarticular a medios críticos y favorecer a voces oficialistas.
- Presión a los anunciantes privados para quebrar las ecuaciones económicas de las empresas periodísticas.
- Utilización de los organismos de control y de los servicios de inteligencia para presionar, intimidar y espiar.
- Negativa a brindar información a periodistas críticos.
- Destierro de las conferencias de prensa presidenciales.
- Empleo de cadenas nacionales con fines proselitistas.
- Discurso oficial estigmatizante para los periodistas.
