El Código Procesal de Familia y Violencia Familiar consiguió ayer sanción definitiva en el Senado por unanimidad (igual que en Diputados). Pero el proyecto que salió con el consenso de todo el arco político tendrá algunas complicaciones en su aplicación porque para la Justicia no hay recursos suficientes para ponerlo en marcha.
"El Poder Judicial ya le ha requerido al Poder Ejecutivo en el Presupuesto la creación de cargos judiciales. No han venido, así que vamos a tener que establecer una metodología de trabajo para implementar el Código y lograr el cumplimiento de la norma", le adelantó a Los Andes el juez de la Suprema Corte de Mendoza Julio Gómez.
“El Código nos exige más presencia judicial porque hay oralidad y concentración en el juicio. Necesitamos una reconversión importante. Como el proceso no es escrito se necesitará menos personal judicial pero sí más jueces”, agregó.
El mismo argumento utilizó el titular de la Corte, Jorge Nanclares, hace dos semanas cuando se quejó por las limitaciones presupuestarias que tendrá la Justicia en 2019.
Para agilizar los tiempos, el nuevo Código de Familia estable más audiencias y presencia de los jueces durante los procesos. Cambios similares se implementaron en el fuero Civil este año. Se calcula que cada juez tendrá que resolver por año no más 500 causas, pero en general los juzgados superan ampliamente este número.
“Creo que tenemos que hacer una transformación de las oficinas judiciales. Es muy probable que no tengamos que incrementar nuestros juzgados pero sí la cantidad de jueces”, insistió Gómez.
Desde el Ejecutivo, el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, resaltó la importancia de la celeridad: "La dinámica de los conflictos de familia comúnmente requiere una respuesta rápida porque si la Justica es lenta en resolver este tipo de inconvenientes, como tenencias de menores, derechos alimentarios y divorcios, estamos en un gran problema".
“Este Código le da herramientas a los jueces a los efectos de que haya una mayor celeridad en la resolución de estos conflictos a los efectos de que la justicia llegue en tiempos oportunos”, agregó.
Además, el funcionario resaltó que los aportes de los jueces fueron escuchados durante el tratamiento en la comisión Bicameral: "Este fue un proyecto del Ejecutivo pero que tuvo mucha participación y que tiene mucho consenso. Tuvieron participación los jueces y los abogados, los actores que van a llevar adelante este Código".
Los tiempos judiciales
Todas las reformas judiciales impulsadas por el gobernador Alfredo Cornejo buscan que los tiempos de la justicia se acorten para prestar un mejor servicio. Pero al momento de pasar de la teoría a la práctica es esencial tener en cuenta la realidad de los tribunales.
Los senadores de la oposición señalaron este punto en el recinto cuando trataron el Código. "Espero que se le asignen a la Justicia los fondos para sacar esta ley", dijo Ana Sevilla (PJ).
La misma idea tiene la Suprema Corte. "Los tiempos dependen de los recursos", aclaró Gómez.
Pero el Presupuesto 2019 -aprobado ayer- contempla la mitad de los fondos que pedía el Poder Judicial, por lo tanto la Corte deberá recurrir a un plan alternativo. “La comisión de implementación tiene que presentar en un mes un plan concreto en donde estén desarrollados los tiempos”, señaló Gómez.
¿Se acelerarán las adopciones?
Una de las promesas del Ejecutivo cuando se presentó la iniciativa fue la de agilizar los tiempos de las adopciones.
En este sentido, Gómez reconoció que “el control de los plazos es un mecanismo valioso”. Pero aclaró que “el proceso de adopción es en el que se compromete más íntimamente a la persona porque trabaja sobre su propia identidad, a una persona se le cambia la filiación. Por lo tanto, es imprescindible que el juez tenga todos los espacios necesarios para meditar antes de tomar una decisión que es definitiva”.
Y sentenció: "Por más control de los plazos que haya, hay cosas en las que importa más la calidad de la decisión que la rapidez de la misma".
