La Iglesia hizo un muy severo toque de atención por la creciente inseguridad que azota al país. Pero también por lo arraigada que, a su juicio, está la corrupción. Fue en un documento suscripto por el casi centenar de obispos del país en el que afirman, sin vueltas, que “la Argentina está enferma de violencia”, que hay una “creciente ola de delitos” y que “los hechos de violencia no solamente han aumentado en cantidad sino también en agresividad”. Además, consideran que la corrupción pública “es un verdadero cáncer social”.
El documento -de dos carillas, titulado “Felices los que Trabajan por la Paz”- fue redactado en el marco de un plenario de obispos que sesionó esta semana en la casa de retiros El Cenáculo, en Pilar. Se difundió en medio de una polémica entre el Gobierno, que achaca a los medios magnificar la cuestión de la inseguridad, y la oposición, que lo acusa de ocultar las cifras del delito. La declaración de la Iglesia se suma a otra de su anterior plenario, de noviembre, en el que advirtió con dureza sobre el avance del narcotráfico.
Esta vez, los obispos dicen que “es evidente la incidencia de la droga en algunas conductas violentas y en el descontrol de los que delinquen”. Señalan que “la reiteración de estas situaciones alimenta en la población el enojo y la indignación”. Pero subrayan que aquellas “de ninguna manera justifican respuestas de venganza o de la mal llamada 'justicia por mano propia'”, en alusión a los recientes linchamientos a presuntos delincuentes. Dicen que los medios “no siempre informan con objetividad y respeto a la privacidad y el dolor”.
También destacan que “no se puede responsabilizar y estigmatizar a los pobres por ser tales. Ellos -agregan- sufren de manera particular la violencia y son víctimas de robos y asesinatos, aunque no aparezcan de modo destacado en las noticias”. Añaden: “Conviene ampliar la mirada y reconocer que también son violencia las situaciones de exclusión social”. Además, los obispos puntualizan que “muchos jóvenes que no estudian ni trabajan quedan expuestos a diversas formas de violencia”.
En cuanto a la corrupción, afirman que “desviar dineros que deberían destinarse al bien del pueblo provoca ineficiencia en servicios elementales de salud, educación, transporte. Estos delitos -indican- habitualmente prescriben o su persecución penal es abandonada, garantizando y afianzando la impunidad. Son estafas económicas y morales que corroen la confianza del pueblo en las instituciones de la República y sientan las bases de un estilo de vida caracterizado por la falta de respeto a la ley”.
“Sólo si las leyes justas son respetadas, y quienes las violan son sancionados, podremos construir los lazos sociales dañados por el delito, la impunidad y la falta de ejemplaridad de quienes tenemos alguna autoridad”, advierten. Más adelante, dicen que “los reclamos de nuestros derechos deben ser firmes, pero pacíficos, sin amenazas ni restricciones injustas a los derechos de los demás”, en implícita referencia a los cortes de calles y rutas.
Por otra parte, afirman que “frente al delito, deseamos ver jueces y fiscales que actúen con diligencia, que tengan los medios para cumplir su función y que gocen de la independencia, la estabilidad y la tranquilidad necesarias. La lentitud de la Justicia -agregan- deteriora la confianza de los ciudadanos en su eficacia”.
