La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, consideró en un dictamen no vinculante que la prisión preventiva de la dirigente jujeña Milagro Sala "es ilegal y debe ser dejada sin efecto".
En un dictamen presentado a la Corte Suprema, la jefa del Ministerio Público subrayó, además, que a su entender la jefa de la Tupac Amaru tenía inmunidad de arresto como legisladora electa del Parlasur por el kirchnerismo y que esa condición no fue suspendida por los canales establecidos en la ley.
La presentación de Gils Carbó se produjo a pedido de la propia Corte que el 14 de marzo le "corrió vista" a la procuradora para que se pronuncie sobre la forma en que fue detenida Sala, quien permanece encarcelada desde hace más de un año.
La Corte analiza la situación de detención de Sala ante un planteo de la defensa de la jefa de la Tupac Amaru, quien tiene dos condenas y rechaza los motivos de la justicia jujeña para mantenerla bajo arresto ante la posibilidad de que su liberación resulte intimidante para testigos.
El dictamen de la Procuración no es vinculante, es decir que aunque Gils Carbó opina que Sala debe ser liberada, el máximo tribunal podría resolver lo contrario sin que ello tenga implicación en términos judiciales.
La Corte fue llamada a intervenir sobre dos cuestiones esenciales: si la condición de diputada electa del Parlasur -cargo por el cual no llegó a jurar en Montevideo porque encabezaba el bloqueo a la Casa de Gobierno en Jujuy- le otorga a Sala fueros que impiden su detención y si la forma y el contexto en que fue detenida fue o no arbitrario.
Milagro Sala, jefa de la agrupación kirchnerista Tupac Amaru, está detenida desde enero de 2016 tras montar un campamento que impedía el ingreso a la Casa de Gobierno y el tránsito por la zona céntrica de Jujuy, tras lo cual la justicia dispuso su excarcelación por esa contravención, pero mantuvo su arresto por otras causas más graves que estaban en curso.
En diciembre de 2016 fue condenada a tres años de prisión en suspenso como instigadora de daños agravados por un violento escrache que perpetraron sus seguidores contra el entonces senador Gerardo Morales y dirigentes radicales. También fue condenada a pagar una multa y realizar trabajos sociales sin habilitación para integrar organizaciones por tres años.
La justicia dispuso su procesamiento y prisión preventiva en las causas que investigan desvío de fondos nacionales que debían llegar a cooperativas para construir viviendas en la provincia y por la agresión contra dos dirigentes sociales cometida en 2006, entre otros.
