A través del ministro de Seguridad, Gianni Venier, el Gobierno explicó su proyecto. El funcionario integró el equipo de abogados penalistas que diseñó la norma, a la que él consideró una “muy buena obra”.
Venier rechazó el concepto de “endurecimiento” con el que se ha calificado al proyecto. A su entender, la ley dejará una “prisión preventiva transparente y efectiva”.
Desde su visión, que asimiló a la de Cornejo, “será una ley con aspectos muy progresistas”, que no sólo otorgará celeridad, sino que incorporará innovaciones que darán “más claridad” a los procesos.
En esa línea citó aspectos, como que la prisión preventiva “será otorgada sólo por el juez”. Y para esto se recurrirá a la oralidad total. “Nada por escrito”, dijo el ministro, que además explicó que el juez de Garantías, “en 2 días, deberá disponerle al imputado lo necesario para resolver su situación”.
La norma busca agilizar los juicios de flagrancia. “Los privados de libertad sólo podrán estar 3 meses presos. Antes de ese tiempo deberá haber condena”, añadió el funcionario.
Como regla general, la ley establece la prisión preventiva total en 2 años, aunque con excepciones, como cuando se está en “etapa investigativa”, que puede llevar hasta 6 meses más. “Hoy es hasta un año más”, resaltó Venier, insistiendo en la celeridad que busca la norma.
"Si se está en etapa de juicio y ya se cumplen 3 años de prisión preventiva, puede haber una pequeña extensión sólo a efectos del debate", detalló.
El ministro explicó que en la actualidad, "15% de los casos" de detenidos con prisión preventiva, está en la Corte. "Podrán estar como máximo 6 meses en esa instancia", informó, algo que "es nuevo y da mayor velocidad también".
Otro elemento “progresista” destacado por Venier fue el ingreso de la víctima al proceso, quien podrá requerir la prisión preventiva o recurrirla si no fuera otorgada. “Eso involucra a la ciudadanía”, dijo.
Otro aspecto defendido fue la aplicación de la “observancia de los reglamentos carcelarios”, algo que se aplicaba sólo a los condenados y que ahora se aplicará también a procesados. “Con eso se baja con los derechos del sentenciado a los derechos de quien está en prisión”, enfatizó Venier, y lo consideró de “altísimo progresismo”.
Desde la visión dura, con esta ley, el juez podrá contemplar los antecedentes del individuo para determinar su prisión. “Se trata del hombre circunstanciado”, marcó Venier, que indicó que eso servirá “para evitar las amenazas que suelen hacer los que entran y salen”, consideró el funcionario.
Llamativas coincidencias
Es recordado el hábeas corpus "correctivo y colectivo" que a fines de 2015 enfrentó al Cornejo con la Suprema Corte provincial.
Ese amparo había sido presentado por la organización Xumek, precisamente por la indefinición en las prisiones preventivas de unas 800 personas.
Lucas Lecour, firmante de ese hábeas corpus, mostró ayer su coincidencia con el proyecto. "En términos generales, el proyecto establece lo que la Corte determinó en el fallo a favor del hábeas corpus", explicó.
“Están fijando y ordenando los plazos; es más o menos lo que pedíamos”, añadió Lecour, que resaltó que “el proyecto cumple con los estándares internacionales”.
De todos modos, Lecour informó que Xumek ya trabaja “en aportes para mejorar” el proyecto. Venier -por su parte- respondió que esos aportes “serán bienvenidos”.
Finalmente, el ministro también buscó disipar las sospechas de una hipotética pelea con la Corte.
Ayer, entre las numerosas opiniones al respecto, el juez del máximo tribunal, Julio Gómez, advirtió que “nadie puede estar en prisión sin que exista semi y plena prueba de participación de un ilícito”, explicitó.
Venier, en tanto, señaló: “Coincidimos con Gómez. La prisión debe darse siempre que haya prueba”. Y concluyó: “El proyecto da prueba suficiente para encarcelar en forma inmediata, pero a su vez es estricto cuando la prisión está dada”.
