La vendimia gruesa está a la vuelta de la esquina y la industria vitivinícola sigue sumida en la incertidumbre y la crisis. Y mientras el Gobierno, para revertirla, acaba de anunciar su segundo paquete de medidas en el último mes y medio y acusa a algunas bodegas por especular, los productores, poco convencidos con la promesa de inyectar $ 500 millones para recortar 200 millones de litros de vino excedente que presionan sobre los precios, siguen manifestándose como ayer lo hizo Aproem (Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza) y el miércoles lo había hecho APA.
En medio de acusaciones cruzadas, la confrontación por la metodología para equilibrar al mercado recrudece. Según el Ministerio de Agroindustria, ya se adquirieron 40 millones de litros a 500 productores, de los cuales 39 millones son exportables. Por lo tanto, faltan sacar de una plaza anegada de vino otros 160 millones para descomprimir los precios.
El lunes, Pérez había anunciado 13 medidas en respuesta al petitorio entregado en Casa de Gobierno por 25 entidades. La apuesta es eliminar el excedente con un reintegro de $ 1 por litro para exportar y otro tanto para vino para destilar, además de subvencionar la cosecha con $ 4 mil por hectárea a pequeños productores.
También, un fideicomiso de compra de uva a $ 1,60 para mosto, créditos blandos para bodegas que compren vino y “herramientas especiales” para uvas varietales, todo con $ 500 millones aportados por la Nación de manera progresiva y $ 150 millones por la Provincia; además de una suma similar invertida en créditos para cosecha y acarreo.
Desde diciembre a la fecha sólo se han presentado a Mendoza Fiduciaria 500 productores con un 20% del volumen problemático, muy por debajo de la meta prioritaria. Marcelo Costa, ministro de Agroindustria, lo atribuyó ayer a la especulación de los tenedores de vinos.
“Muchos están esperando que salgan otros a vender y una vez que el valor suba, saldrá el resto a hacer lo mismo. Al no ser obligatorio, el juego se abrió por este frente”, dijo y agregó que “hay una parte de los productores que tiene desconocimiento del tema”.
No obstante, según Eduardo Sancho, presidente de Acovi y director de Fecovita, “el vino que tenemos se necesita para mantener un nivel de venta mensual. Pero el excedente en el mercado está repartido y es posible que sean los trasladistas los que estén especulando”.
Por su parte, Mauro Sosa, gerente del Centro de Bodegueros y Viñateros del Este, que representa a parte de los fraccionadores y bodegas trasladistas de la región, argumentó que “en los datos de existencias que tiene el INV y el Gobierno queda reflejado que el vino está en poder de grandes fraccionadoras. El 60% de lo que tienen los trasladistas es vino de terceros”.
Pedidos concretos y cambios
Según las entidades, la medida anunciada por el Ejecutivo provincial no saca de la calle de manera urgente los litros excedentes que hay. De este modo, ayer Aproem recorrió las calles mendocinas repartiendo panfletos que decían "Productores en quiebra", a tono con el mensaje del "velorio de la vitivinicultura", impulsado ayer también por sus pares de Viñateros Independientes de San Juan.
Gabriela Lizana, titular de Aproem, indicó que “el operativo anunciado no sirve para nada. Antes de que se decreten las medidas, el Estado debería escuchar a los productores y, de este modo, rever otro operativo para sacar del mercado el sobrestock”, por lo que justificó en acciones de bajo impacto el hecho de que “los precios de uva y vino sigan quietos”, además de la falta de condiciones para la venta de la producción.
Tras coincidir con los enunciados de Lizana, Sancho insistió con una alternativa: pagar para que 120 millones de kilos de uva no entren al circuito elaborador y así evitar más presión sobre los precios, ante la inminencia de una cosecha estimada en 26 millones de quintales.
“De ese modo, el productor, sin costo de acarreo ni cargas sociales, recibirá un precio aceptable. Y el que tiene el vino va a repensar su actitud y saldrá a venderlo. Ya le planteamos al Gobierno que cuando alguna medida no funciona hay que abrirse a otras; aplicarlas o no es su responsabilidad”, completó Sancho.
La “no cosecha” es una metodología que tiene un antecedente lejano en la década del '30. De avanzar en 2015, para algunos dirigentes como Sosa “no será una opción sino la única salida para productores sin recursos. Y en definitiva, el fracaso de la política de diversificación de los últimos años”.
Por su parte, Lizana acentuó que otro de los motivos por el cual las entidades marchan es porque el Gobierno se echó para atrás con todo lo prometido el 23 de diciembre. En esa oportunidad se habían comprometido a “bloquear” los 200 millones de litros.
El ministro Costa descartó un bloqueo al considerar que repercute sobre todo en los productores más chicos que no tienen espalda financiera para esperar hasta fin de año para que se formen los precios.
Claramente, un borrón y cuenta nueva: en diciembre había fijado el 1 de agosto como fecha de liberación del vino nuevo a grandes bodegas y el 1 de noviembre para favorecer a pequeños elaboradores.
“Esto da cuenta de que el Gobierno no tiene claro qué hacer, porque la llegada de los 500 millones desde la Nación complementaría las medidas, no obligaba a reverlas o modificarlas. Adherir a un modelo nacional que no contempla las economías regionales nos llevó a esta situación crítica”, finalizó Sosa.
En contra del decreto de 35% de uva para mosto
Algunos sectores ayer ya cuestionaban otro cambio respecto de los anuncios oficiales de fines de 2014: el que dispondría destinar el 35% de la uva del año a mosto, en vez de una diversificación mixta (vino exportable y otros usos no vínicos). Se espera que el decreto con la firma del gobernador Pérez sea enviado a la Legislatura la próxima semana para su ratificación.
Si la medida fuera aprobada, el Centro de Bodegueros y Viñateros del Este ya anunció que irá por su impugnación. “Propusimos un cambio en la diversificación de la uva que en principio estaba contemplada y ahora se modifica.
Ahora, pretender elaborar un 35% sólo para mosto sería demasiado, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que tenemos 450 bodegas exportadoras. Es la única medida válida de lo que se anunció, lo demás es literatura. Por lo tanto, vamos a impulsar todas las instancias útiles para que no prospere si el destino es un mono producto”, anticipó Mauro Sosa que, no obstante, no aclaró si acudirán a la Justicia.
“En su momento era una de las tres medidas propuestas que no tenían costo financiero ni fiscal, junto a la regulación de implantación y la liberación selectiva. Ahora se necesita el dinero”, concluyó Sosa.
El observatorio de precios se hace esperar
En la marcha llevada a cabo ayer por Aproem uno de los pedidos concretos al Gobierno es que se reglamente con urgencia la cadena comercial. Según Gabriela Lizana, no hay relación entre el precio del vino de traslado genérico y el precio del vino en envase multilaminado (tetra) que paga el consumidor.
Para este pedido concreto, el ministro de Agroindustria, Marcelo Costa, señaló que el Observatorio de Precios dispuesto en el paquete de la Ley de Abastecimiento aprobado el año pasado, prevé solucionar este problema.
Costa confirmó, además, que la semana que viene se reunirá con funcionarios de la Secretaría de Comercio de la Nación dirigida por Augusto Costa para presentar los primeros resultados obtenidos a través de los precios pagados en toda la cadena vitivinícola.
El Observatorio de Precios será un organismo técnico que actuará bajo la órbita de la Secretaría y que va a monitorear, relevar y sistematizar los precios a lo largo de las distintas cadenas de valor, con la participación de diferentes organismos públicos nacionales y provinciales así como representantes de asociaciones de consumidores y del sector privado.
