Con Entre Ríos, son 11 de 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Casi la mitad de las jurisdicciones nacionales ya acordó con la Nación congelar sus tarifas de electricidad hasta diciembre de 2014 y Mendoza está en el lote de las pendientes. A ellas el ministro de Planificación, Julio De Vido, "apura” periódicamente para sumarse a la lista del Programa de Convergencia Tarifaria a cambio de millones para obras de infraestructura energética que, en el caso de Mendoza, rondarían $ 250 millones.
El dato emana de los estudios de costos presentados por las mismas empresas, incluidas las inversiones necesarias para mejorar el servicio domiciliario. Son análisis con números a diciembre de 2013 que sustentan un pedido de ajuste del VAD (Valor Agregado de Distribución), uno de los tres componentes de la tarifa junto al valor de la energía e impuestos y su principal variable de ingresos.
Por estos días, todas las miradas (las de la Nación y las de las distribuidoras, urgidas por una suba) se posan en el Ejecutivo provincial. Es que De Vido aguarda que el gobierno de Paco Pérez suscriba el Programa que inmoviliza los cuadros tarifarios, y las empresas concesionarias reclaman un incremento de sus ingresos que, en promedio y debido al desfasaje financiero expuesto, aseguran no debería bajar del 60%.
La zanahoria tienta. Mendoza se haría acreedora de al menos $ 250 millones en fondos del Ministerio de Planificación Federal para ejecutar obras de mejora de infraestructura eléctrica, por caso una línea de media tensión del tramo Este- Villanueva para 85 mil usuarios. A cambio, la condición es la impuesta al resto de las jurisdicciones nacionales firmantes: ningún ajuste de tarifa a usuarios, para lo cual sí debe garantizar a las distribuidoras eléctricas una suba del VAD, reclamo sostenido por los concesionarios de la Provincia.
Es que la revisión integral de cuadros tarifarios debe hacerse por contrato cada 5 años (la última vez fue en 2008), y se difirió de agosto de 2013 a febrero último, pero la estrategia anti inflacionaria del Gobierno nacional cambió los planes. “La convergencia tarifaria es un límite importante. El Gobierno tiene todos los costos, que a esta altura habría que actualizar. Hay una relación entre lo que hay que hacer y lo que cuesta hacer las cosas; es una cuestión lógica”, se sincera, en estricto off the record, el gerente financiero de una de las 3 grandes distribuidoras.
Los acuerdos
Cada acuerdo suscripto es a cambio de financiamiento nacional de obras de infraestructura eléctrica. Por ejemplo a Entre Ríos, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, aseguró al gobernador Urribarri dinero para una línea de Alta Tensión de 132 kv mientras que en Tucumán y Santa Cruz se llevaron el compromiso de mejoras en la red de distribución por $ 180 millones. Ya suman 11 las provincias que suscribieron al programa: La Rioja, Catamarca, Formosa, Córdoba, San Juan, Jujuy, Chaco, Río Negro, Santa Cruz y Tucumán completan la lista precedente.
Para adherir, en el Ejecutivo mendocino estudian el esquema “a la sanjuanina”: el Gobierno de José Luis Gioja acordó otorgar un 20% de VAD financiado con su Fondo Estabilizador, previa audiencia pública. En Mendoza, más allá de medirse el impacto de la paritaria salarial del sector, la opción sería el Fondo Compensador de Tarifas, o el ítem CCE (Compensación de Costos Eléctricos). Un funcionario que conoce del tema cree que, con todo, la firma “está verde, pero puede madurar rápido en función de lo que pretenda la Nación”.
El ministro de Energía, Marcos Zandomeni, lo admite, no sin relativizar el importe que podría aportar Planificación Federal a través del llamado Fondo Federal II. “No hay nada cerrado, pero con la Nación es cuestión de 5 minutos. Ya hubo reuniones con las empresas para evaluar propuestas; todas tienen un borrador del convenio”.
Según Zandomeni “lo más importante es mantener la calidad. Con un acuerdo así se reducen obligaciones a las empresas en un año en el que todos vamos a poner algo: el control de la inflación, las obras, y el nivel del servicio”.
Del lado de las empresas, un ejecutivo resume: “Lo único oficial es que todas las provincias están firmando, que en la última revisión integral hubo una diferencia grande entre lo pedido y lo aprobado y que en 2013 la Provincia, como poder concedente, aprobó readecuaciones insuficientes, si se mira el desfasaje acumulado en 5 años; más allá de las obras no se puede desatender el gasto que conlleva el servicio”.
