El trabajo presentando se ha elaborado con amplio consenso y su núcleo central revela un notable esfuerzo intelectual y gran equilibrio en sus conceptos. Como ha dicho uno de sus participantes el documento expone “lo que hay que hacer, que no es ni más que lo que dicen la Constitución y las leyes, para que la Argentina genere condiciones de inversión”. En este caso la propuesta excede largamente el plano de la economía, para centrarse en cuestiones institucionales, como condiciones esenciales para la convivencia del país.
Expresa que el rol del Estado “es proveer el marco necesario para el desarrollo pleno y autónomo de sus habitantes y de la sociedad en su conjunto, que le dan origen y sustento”. Luego estampa un concepto sencillo y claro pero contundente: “Cuando en este documento nos referimos al concepto Estado, lo hacemos recordando que Estado y Gobierno no son sinónimos. Y que la ciudadanía no debe permitir que los gobiernos -nacional, provinciales y municipales- se apropien del Estado”. Exactamente lo contrario a lo ocurrido en el período kirchnerista.
Un Estado eficaz es esencial para la vida política, económica y social de un país. Destaca el documento las funciones que debe cumplir, como el ejercicio de la defensa e integridad territorial, el monopolio de la fuerza pública, las relaciones exteriores, la protección de la vida, la libertad y los bienes de sus habitantes, la administración de justicia, la educación y la salud.
Pero además agrega con énfasis que “el Estado también debe proteger a los sectores más vulnerables, tales como las personas de muy bajos ingresos, los desocupados y los ancianos. Debe asegurar un piso mínimo de ingresos requerido para vivir con dignidad. En particular, debe mantenerse y perfeccionarse la Asignación Universal por Hijo”.
Otro rol fundamental del Estado es asegurar la soberanía monetaria y fortalecer el federalismo, mediante un contrato fiscal ampliamente acordado. No menos importante es la afirmación de que las leyes deben tener carácter objetivo, general y obligatorio. También en este caso la deformación de la legislación, direccionada con nombre y apellido, es una mala práctica que viene de lejos. En definitiva, reclama que el Estado sea garante del imperio de la ley y el Estado de Derecho. Hace precisa crítica de los años que llevamos viviendo en estado de emergencia económica y social declarada por ley, puesto que “así se terminó transformando lo extraordinario, lo anómalo, en ordinario y normal”.
Sostiene que “el Estado debe ser la persona ética por excelencia y por ello a los gobernantes les cabe la responsabilidad de actuar de manera ejemplar”. Sin duda se trata de una cuestión fundamental de la política y la sociedad argentina, carcomida por una corrupción avasallante. Sólo con esa ejemplaridad ética reclamada podremos torcer el rumbo decadente que llevamos.
El documento incursiona luego en el siempre complejo asunto de la relación del Estado con la sociedad civil y con las empresas. En este caso hay una precisa referencia a que es función del Estado “establecer y asegurar un marco de plena competencia en la actividad económica, evitando la existencia de prácticas monopólicas u oligopólicas, para que ésta quede a salvo de las presiones de intereses sectoriales o políticos que puedan distorsionarla o malograrla”.
En síntesis, se trata de un documento extenso y profundo que concluye con un listado de políticas públicas deseables. Sin duda es un valioso aporte en el proceso electoral, que los candidatos deberían leer con atención.
