La decisión del juez federal Claudio Bonadío, de ordenar el allanamiento de la sede central del PAMI en el marco de una causa por los préstamos de ese organismo al Tesoro de la Nación, exige que la investigación llegue a lo más profundo para establecer si hay o no culpables de lo que sucede, en razón de que lo que está en juego es la salud de los jubilados.
La medida adoptada por el magistrado nace en el marco de un expediente que se inició por una denuncia del fiscal Carlos Stornelli, quien cuestionó que el organismo nacional no puede hacerle concesiones al Gobierno.
Además, es necesario señalar que en forma paralela avanza otra causa, a cargo del juez Sergio Torres, donde la cúpula del PAMI fue denunciada por manejos económicos irregulares.
Nadie puede dudar de que el sector pasivo atraviesa por una situación preocupante. De acuerdo con lo afirmado por las propias autoridades, poco más del 50 por ciento de los jubilados percibe el haber mínimo y lo hace en un momento de la vida en que gran parte del salario deben destinarlos a la salud.
Por una cuestión económica, no pueden acceder a los sistemas prepagos de atención, razón por la cual se ven obligados a aceptar esperas de meses para acceder a un turno de especialistas o a las cirugías.
Según se afirma, entre las principales deficiencias figuran la falta de cercanía de las prestaciones, falta de calidad, no hay suficientes camas para internación de los afiliados, un inadecuado sistema de contrataciones, geriátricos y establecimientos de salud mental que no cumplen los requisitos y la falta de médicos y centros de atención.
Todo ello, enmarcado en denuncias efectuadas por las entidades que agrupan a las clínicas y sanatorios que denunciaron falta de financiamiento del instituto, aunque desde el PAMI negaron retrasos en pagos o deudas con prestadores. El PAMI es la obra social más grande del país y cuenta con un presupuesto de 45 mil millones de pesos.
Es conducido por Luciano Di Césare, un hombre muy cercano a la familia presidencial a la que acompañó desde que Néstor Kirchner lo designara director de la obra social de Santa Cruz, en 1991.
Una de las mayores críticas que surgen desde los sectores se centra en la cantidad de personal con que cuenta el organismo, que pasó de 10.700 a 20.000 empleados en los últimos siete años.
Es dable señalar también que el Estado, a través de fondos del PAMI, está construyendo siete hospitales, seis de ellos ubicados en la provincia de Buenos Aires (dos en La Matanza y los restantes en Esteban Echeverría, Ituzaingó, Escobar y General Rodríguez) y en Entre Ríos.
Las informaciones señalan que sólo los de La Matanza presentan algún grado de avance, mientras el resto se encuentran paralizado, pese a que se han derivado importantes fondos, lo que ha llevado a que las críticas surjan desde los propios empleados del organismo nacional.
En el caso de la investigación de lo que está sucediendo en el PAMI surge la necesidad de que los tiempos de la Justicia se aceleren. Los jubilados, por su edad, no pueden esperar y, debido a sus condiciones económicas, no les queda otra salida que aceptar lo que se determine desde el organismo para la atención de su salud.
