El juez federal, doctor Claudio Bonadío, ordenó el procesamiento por “administración fraudulenta” del actual -y desde el 2008- director ejecutivo del PAMI, doctor Luciano Di Césare, un médico mendocino radicado desde hace años en Santa Cruz, donde trabó relaciones con los Kirchner y sus amigos.
En la resolución, el doctor Bonadío expresa que el fraude se produjo entre 2008 y 2012. Sabemos que han existido transferencias al Estado posteriores a esa fecha.
El monto que investiga el juez federal oscila en los 14 mil millones de pesos que el PAMI, la obra social de los jubilados, habría transferido al gobierno nacional en canje por la compra de bonos del Estado, transformando al PAMI en otra de las cajas del Gobierno.
Di Césare, en vez de dedicar ese dinero a brindar servicios de primer nivel a los jubilados, como ordenan las leyes 19.032 y 25.615, se lo prestó al Gobierno. ¿Se devolverá algún día ese monto al PAMI con un Estado Nacional que está en difícil situación financiera?
Di Césare privilegió su relación con el Ejecutivo antes que la salud de millones de adultos mayores, muchos de los cuales carecen de la debida prestación médica, o son sometidos a largas esperas para realizar tratamientos especiales, o conseguir una silla de ruedas.
Según informes de tribunales, Graciela Ocaña se retiró de PAMI en el año 2007, dejando a la entidad con un superávit de 1.700 millones de pesos, sin deudas y prestaciones al día.
Durante la dirección de Di Césare, el superávit descendió en dos años en más de 1.000 millones, y en 2010 arrojó un déficit de 300 millones de pesos.
En 2011 el déficit llegó a 1.700 millones de pesos y en 2012 el pasivo fue de 2.000 millones de pesos, con menos prestaciones a los jubilados, y de peor calidad.
Di Césare fue denunciado por duplicar la planta de personal de PAMI, llevándola de 10.000 empleados a casi 20.000, con abundante cantidad de cargos de elevados ingresos como los de algunos parientes y militantes, sin rendir examen alguno.
El funcionario se ha defendido manifestando que las prestaciones no dejaron de brindarse, hecho que no es verdad, como lo acreditan las centenares o miles de denuncias que se han hecho públicas en los últimos años en todo el país. Y en la reducción de servicios que antes sí se brindaban.
Recordamos que entre sus funcionarios de confianza se encontraba Máximo Zacarías, quien estuvo vinculado al tráfico de efedrina utilizando ambulancias con carteles del PAMI.
En noviembre de 2012, desde la Federación de Jubilados Mendocinos -Fejumen- denunciamos el faltante de 25.000 recetarios. No hubo ni siquiera una investigación administrativa, a pesar de que en forma personal les fue entregada la información a los funcionarios nacionales.
Hemos formulado denuncias sobre la baja calidad de las prestaciones, los problemas con la provisión de sillas de ruedas, de algunos medicamentos, falta de control en las prestaciones, contrataciones al margen de las normas y sin sentido, alquileres de edificios, etc. Ninguna tuvo la menor respuesta, salvo mediante las agresiones y amenazas por parte de funcionarios o amanuenses enviados al efecto.
Según ellos, la mala calidad de las prestaciones médicas es culpa de los prestadores, sin decir que es su responsabilidad a quienes y bajo qué condiciones contratan.
Señalamos la falta de geriátricos donde brindar alojamiento a adultos mayores sin recursos, y la no conclusión de la construcción de varios hospitales para jubilados.
El PAMI se encuentra ilegalmente intervenido desde hace 13 años. Hemos solicitado su normalización en forma reiterada. Es conducido por una persona, violando las leyes que disponen que debe ser por un directorio de 11 miembros, 7 de los cuales deben ser jubilados.
Las leyes de PAMI deben ser reformadas con la participación de sus aportantes asociados, los jubilados, para brindarles no solo la debida participación sino más y mejores servicios, y transparencia en el uso de los fondos que no pertenecen al Estado, y menos a los funcionarios, sino que deben ser destinados a velar por la salud de los adultos mayores.
Debe concluir un período de politización y clientelismo de la obra social de los jubilados, los que en muchos casos son rehenes de funcionarios sin escrúpulos, sin capacidad ni conocimientos.
Apoyaremos una normalización legal y racional del PAMI, la obra social más grande de Sudamérica, la investigación de los posibles ilícitos que pudieran haberse cometido mediante el aprovechamiento y enriquecimiento de funcionarios, y el saneamiento de su situación financiera.
A diario recibimos denuncias sobre la situación de abandono que padecen muchos adultos mayores, varios de los cuales han perdido la vida, incluyendo la muerte en la sede del propio PAMI, de la señora Mireya Córdoba.
Confiamos que el presidente electo, Mauricio Macri, tomará las decisiones que conduzcan al cumplimiento de la institucionalidad y mejoramiento e incremento de las prestaciones en la obra social de los jubilados.
* Edgardo Civit Evans - Presidente de la Federación de Jubilados Mendocinos – Fejumen
