No hace mucho tiempo, luego de conocerse el inicio de negociaciones del Gobierno con el FMI en busca de un nuevo acuerdo crediticio, el presidente Macri encaró una serie de reuniones institucionales que incluyeron el encuentro con los referentes de los distintos sectores partidarios del Senado de la Nación.
En esa oportunidad, el primer mandatario recibió la promesa, muy especialmente de quienes representan a la oposición, que son mayoría en el Senado, de no poner en riesgo en medio de la disputa política los cauces institucionales.
De esa forma los legisladores se comprometieron a mantener un debate serio y profundo de los ásperos aspectos derivados de la actual crisis económica, pero sin llegar al límite de la tolerancia que merece toda gestión del Poder Ejecutivo de turno.
Lamentablemente, la tensión generalizada en el país por la inestabilidad cambiaria y su repercusión en las distintas variables de la economía condujo a un debate muy cerrado sobre la aplicación de las tarifas a los servicios públicos surgidas del reacomodamiento que este gobierno implementó a partir de la supresión de los subsidios vigentes durante la administración del kirchnerismo.
Esto llevó a la sanción de una ley ideada por la oposición que retrotrae los cuadros tarifarios de los servicios a valores de noviembre de 2017.
La medida, rápidamente vetada por el Presidente de la Nación, significó prácticamente la ruptura del diálogo político en la Argentina, ya que los sectores justicialistas de la Cámara alta representan a las provincias gobernadas mayoritariamente por el PJ y en general balanceaban la relación entre el Gobierno y los sectores más reaccionarios desde el punto de vista partidario.
Sin dejar de reconocer que desde el oficialismo hubo marcada impericia para llevar a cabo la indispensable negociación política que el sistema democrático impone, sobresale la cerrada actitud del arco opositor, que se basó en el lógico malhumor social reinante para pretender imponer una ley de discutible incumbencia del Poder Legislativo.
Los hechos confirmaron que el poder de persuasión de los mandatarios de provincia fue perdiendo peso a medida que la crisis económica avanzó y, como consecuencia, muchos dirigentes, especialmente los pertenecientes al peronismo, sintieron que posiblemente la intentona de volver al poder en 2019 sea más factible que meses atrás en virtud de la caída de imagen presidencial que registran prácticamente todas las encuestas.
El veto presidencial a la ley tarifaria impulsada ciegamente por la oposición, más allá de los apuntados errores del oficialismo para buscar consensos, es lógico, entre otras consideraciones, en el marco de negociación para el mantenimiento del crédito que el país necesita en estos momentos.
Es que más allá de las estrategias políticas de coyuntura, les cabe a los legisladores una gran responsabilidad institucional que debe exceder lo partidario: aportar racionalidad frente a lo que impone la pasión.
Es de esperar que el diálogo se imponga otra vez en las cámaras legislativas. De lo contrario la disputa entre lo populista y demagógico de una parte de la oposición y cierta suficiencia del oficialismo puede llevar al país a una crisis institucional que nos vuelva a remontar a un pasado no muy lejano que los argentinos no merecemos revivir.
