El Palacio Judicial de San Martín es un enorme edificio de cuatro plantas que concentra la mayor parte de la actividad judicial del Este mendocino. Fue inaugurado en abril de 2013 y tanto el ex gobernador Francisco Pérez como el entonces presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, coincidieron aquella mañana en una definición que se mantiene: “Es el edificio judicial más moderno del país”, repiten aún hoy en las altas esferas del Poder Judicial y, sin embargo, el lugar no cuenta con el presupuesto suficiente para mantenimiento y entonces luce por fuera descuidado e inseguro.
Efectivamente, los jardines que rodean el Palacio de Tribunales de San Martín no se atienden, los vidrios trizados no se remplazan y los sanos jamás se han limpiado por fuera en cuatro años. Además, el sistema de cámaras de vigilancia externo no funciona desde que se robaron los equipos.
El edificio se ubica en calles Chubut y 9 de Julio, tiene 8.600 metros cuadrados, trabajan allí unas 400 personas y, se estima, circulan a diario otras 8.000 más. Sin embargo, sólo cuenta con una docena de ordenanzas (hay otros seis pero con cambios de funciones y uno más que lleva cuatro años de licencia): “En San Martín, el ordenanza hace el trabajo interno, lleva despachos, expedientes y limpia, aunque no se los puede poner de jardineros porque esa tarea es para un 'peón de patio'”, explican en los tribunales, que no cuenta con personal en ese cargo, pese a que se ha repetido el pedido durante los últimos tres años.
Así, por falta de personal dedicado, no hay quien trabaje los jardines de los tribunales del Este mendocino, que lucen todo el año igual: descuidados, llenos de yuyos y secos. Sólo la esporádica presencia de empleados municipales puede arrimar al lugar algo de limpieza: “De todos modos, la comuna no tiene obligación de hacer la jardinería. Si de vez en cuando cortan los yuyos es de gauchada”, coinciden en los despachos. Ni siquiera el riego de los canteros es una garantía, ya que el robo habitual de los aspersores lleva a que el sistema funcione a medias en la mayor parte del predio.
La situación preocupa a los vecinos que critican la mala vista que muestra el lugar: rotura de vidrios, cerámicos sueltos, pintadas y los espacios verdes sin limpiar son a la vista habituales. “Se ve feo y olvidado. Es posiblemente el edificio más grande de la ciudad pero no luce”, dice Romina, que vive en la zona y camina por allí todos los días.
La distribución de los espacios dentro de tribunales es un diagrama que, con algunas modificaciones, se ha mantenido desde la inauguración: la planta baja y parte del primer piso están destinados a la atención del público. También en el primer piso funcionan las cuatro salas de debate con que cuenta el edificio, todas comunicadas por ascensor con la alcaidía, que estará debajo y donde son alojados los presos que van a debate.
En el segundo piso está la Justicia civil y laboral. En el tercero, la de Familia y en el último, la Justicia Penal. Así, caminar por el interior del edificio resulta confortable y cómodo, aunque el exterior es otra historia. Los vidrios de las ventanas trizados a piedrazos arman otra de las postales que confirman la falta de mantenimiento que sufre el edificio. Los primeros fueron dañados en 2013, poco después de la inauguración y los últimos, durante este mismo año: “No se ha cambiado ninguno. Aunque se han hecho reclamos, notas y pedidos, no hay presupuesto para esas reparaciones”, repiten en los tribunales.
Tampoco para la limpieza de los vidrios, que sólo se mojan cuando llueve pero que no han sido trapeados desde la inauguración, especialmente los de las plantas superiores, que se muestran siempre manchados o chorreados. “Si este edificio estuviera en la capital y no de este lado del río Mendoza, habría plata para tenerlo lindo, pero el centralismo es así y la Suprema Corte nunca tiene dinero para esta región, no hay presupuesto”, coinciden en los despachos.
Se robaron las cámaras
El Palacio Judicial de San Martín incluye tecnología de última generación en sus sistemas informáticos, de comunicación y vigilancia, ya que cuenta con 60 cámaras de seguridad repartidas en todos sus pisos. Sin embargo, el exterior es otra cosa y no hay cámaras para vigilar el perímetro.
“Había algunas cámaras pero se las robaron y nunca las repusieron”, explican. Para colmo, la vigilancia policial flaquea por las tardes, cuando sólo queda un efectivo en la guardia y nadie para recorrer el perímetro y la explanada. Sin cámaras externas, no hay manera de que el guardia sepa desde una oficina, lo que está pasando afuera.
Esa suma de inseguridad que da la ausencia de cámaras y de personal policial que recorra el lugar lleva a que no haya responsables por la rotura de los vidrios a piedrazos o a que los daños en los vehículos de algunos magistrados nunca se resuelvan.
