Mario Fiore - mfiore@losandes.com.ar (Corresponsalía Buenos Aires)
Mauricio Macri se encamina a conseguir su primer gran logro político. La Casa Rosada tiene garantizada la media sanción de Diputados -el próximo martes- de la ley que autoriza el pago a los holdouts a través de la emisión de una deuda cercana a los 12.000 millones de dólares. Además, tras el acercamiento que hubo el jueves con los gobernadores de todos los signos políticos en torno de los reclamos por la devolución de la coparticipación que la Nación detrae a favor de la Anses y de la Afip, el Presidente quedó convencido de que a fin de mes la norma que él envió hace sólo una semana al Congreso tendrá la sanción definitiva del Senado, cámara en la que los mandatarios del PJ tienen mayor poder de influencia.
Si la norma en tratamiento ha logrado consenso entre los principales actores de la política argentina es porque tanto la Nación como las Provincias están deseosas de salir al mercado internacional de crédito a buscar financiamiento. El conflicto con los buitres funciona como un gran obstáculo para los planes de Macri y de los gobernadores, fundamentalmente por aquella decisión que tomó el juez Thomas Griesa de empujar a la Argentina a un default selectivo en 2014 para obligarla a acordar con los acreedores beneficiados por sus sentencias. Nos referimos a las órdenes “pari passu” que Griesa dictó a favor de los fondos buitres y por las cuales trabó los recursos que la Argentina giraba religiosamente para cumplir con los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda 2005 y 2010.
La discusión parlamentaria tiene dos grandes ejes. El primero es por “justicia” del acuerdo que el ministro Alfonso Prat Gay firmó con 21 fondos de inversión repartidos por el hemisferio Norte, entre ellos Aurelius y MNL, los más hostiles para con la Argentina. El segundo eje, cómo terminar la política de desendeudamiento que empezó Néstor Kirchner.
El macrismo y el peronismo no K justifican los acuerdos con los buitres con el argumento de salvar la monumental reestructuración de la deuda que hicieron los gobiernos precedentes. Sobre los 102.000 millones de dólares que en 2001 fueron defaulteados, ya se pagaron más de 200.000 millones de dólares entre capital e intereses. En el oficialismo recuerdan que en el primer canje se logró casi el 76% de aceptación y que con el segundo se llegó al 93%, pero que el 7% que se resistió a las ofertas logró poner a la Argentina contra las cuerdas. Tras conseguir fallos en primera instancia (de Griesa) y en segunda instancia (de la Cámara de Apelaciones), los buitres se quedaron con la última palabra cuando nuestro país no logró que la Corte Suprema de Estados Unidos aceptara revisar los expedientes.
El gobierno de Macri busca cerrar esta farragosa historia, cuyo final no ha sido otro que una dolorosa derrota para nuestro país, pagándoles 11.964 millones de dólares a quienes reclaman más de 18.000 millones de dólares entre capital e intereses por una deuda original que no superaba los 6.100 millones de dólares.
Axel Kicillof, intérprete de Cristina Kirchner en la Cámara de Diputados, acusa al oficialismo de haber “claudicado” por haber acordado pagarle “hasta un 400%” a Paul Singer. Pero Kicillof, que no pudo resolver el conflicto cuando fue ministro, no plantea tampoco ahora una solución creativa. El dictamen del Frente para la Victoria (FpV) repite la consigna de ofrecerles a los holdouts la misma propuesta del canje 2005, que éstos ya rechazaron dos veces. Soslaya, como si esto fuera posible, que ganaron en todas las instancias judiciales.
El principal argumento que sostiene Kicillof para insistir con una fórmula que ya fue probada sin éxito es la necesidad de cuidar al país de darle la espalda al 93% de los bonistas que entraron a los canjes. El ex ministro cree que éstos podrían accionar judicialmente contra la Argentina si el Congreso deroga la legislación de las leyes “cerrojo”.
El Gobierno no ha podido, cuando faltan pocos días para que el Congreso dé su veredicto, ahuyentar los fantasmas de juicios futuros. A toda la oposición llama la atención, incluso a las caras más amables del peronismo como Sergio Massa o Diego Bossio, que la Procuración del Tesoro no haya terminado su dictamen sobre la pertinencia de los acuerdos de Prat Gay con los fondos buitres.
La otra gran preocupación que une a todo el justicialismo, y esta vez los dialoguistas coinciden con Kicillof, es el programa económico del Gobierno. Todos temen que Macri esté iniciando una carrera hacia el sobreendeudamiento como el que la Argentina experimentó a fin de los ’90, cuando la deuda se hizo impagable.
En la Rosada repiten que tras cerrar con los holdouts todo nuevo endeudamiento será direccionado exclusivamente a infraestructura, lo que permitirá atraer inversiones. Pero la realidad indica que esto no ocurrirá mágicamente. De hecho, la tasa de interés con la que Prat Gay aspira a colocar los bonos que se usarán para poder pagarles a los buitres rondará el 7,5%, un número que sigue estando lejos de lo que pagan otros países sudamericanos.
En el Gobierno nacional confían en que rápidamente llegarán a la Argentina unos 20.000 millones de dólares. Sin embargo, este optimismo del macrismo choca con las nulas promesas de inversiones que hicieron el primer ministro italiano, Matteo Renzi, y el presidente de Francia, François Hollande, en sus recientes pasos por el país. Será clave entonces para la Casa Rosada la repercusión que genere la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien llegará el 23 de este mes.
