Ya es casi un hecho que el “jamás vamos a pagarles a los buitres” de Lorenzino en Twitter, cuando era ministro de Economía, ha quedado totalmente fuera de juego. La Presidente, por suerte, parece haber entendido que, por más injusto que parezca, hoy no queda otra que acatar el fallo de Griesa y pagar a los holdouts (buitres y no buitres).
Sucede que Cristina captó la idea de que lo más racional hoy es negociar y pagar en bonos a largo plazo (al estilo acuerdo con Repsol por YPF), donde seguramente después encontrará la manera de “venderlo políticamente”, sin que sus tradicionales seguidores se den demasiada cuenta del nuevo “sapo tragado” para el relato anti-capital extranjero y pro-desendeudamiento del kirchnerismo tradicional.
Y si bien el país no se ha cansado de recibir apoyos internacionales en su lucha anti-buitre, la negociación para encontrar una forma de pago (acomodada a nuestra realidad) del 100% de la deuda a los buitres parece inevitable. Hasta el reconocido editor del Financial Times (el influyente diario británico pro-city bancaria londinense) Martin Wolf, se sumó a la ola de apoyo que hemos recibido tras el fallo adverso, cuando en su nota titulada “Defender a Argentina de los Buitres”, advirtió que “es una extorsión ser obligados a pagar en su totalidad la deuda adquirida por gobiernos pasados”, tildando a su vez de “absurdo” el argumento de los fondos buitres sobre que “están ayudando a los argentinos a castigar la corrupción del Gobierno”.
Igualmente, hay que entender que el apoyo del Financial Times va más allá del caso puntual nuestro, ya que lo que principalmente teme la industria financiera británica son las consecuencias a largo plazo para las reestructuraciones de deuda de otros países (grandes negocios para los bancos de inversión), que quedan sumamente comprometidas por este “juicio del siglo” que perdió Argentina en sede norteamericana. ¿Qué país se va a animar ahora a encarar este tipo de canjes de deuda con fuertes quitas? Peligra entonces un importante nicho de mercado de la industria financiera, eso es lo que observa el Financial Times.
En el mismo sentido se expidieron la semana pasada la ONU, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y el G77+China, que, al igual que el Financial Times, plantearon el peligro “para todos los procesos futuros de reestructuración de la deuda, tanto en los países en proceso de desarrollo, como para los desarrollados”.
Las falencias de los canjes de Lavagna y Boudou
Siguiendo al reconocido colega porteño José Luis Espert, la gran mayoría de los países emiten deuda bajo legislación extranjera (además de nacional), entre otras razones, para abaratar su costo de financiamiento. Resulta que colocar deuda en la moneda de un país respetado por los mercados financieros internacionales (como EEUU), y aceptando que ante un litigio el emisor se someterá a su legislación, ha redundado generalmente en tasas de interés más bajas que si la legislación fuera la local. Es una práctica común en el mundo financiero.
De esta forma, y fruto del déficit fiscal a que la clase política vernácula nos tiene acostumbrados, continúa Espert, varios de los contratos de deuda que Argentina voluntariamente firmó en los ‘90 con sus prestamistas fueron bajo legislación extranjera (incluyendo los canjes 2005 y 2010).
De hecho, todos los contratos de los '90 decían que si Argentina algún día decidía cambiar las condiciones de emisión originales (baja de tasas, quita de capital), como ocurre cuando hay un canje de deuda, tendría que lograrse una adhesión del 100%. Ni del 75% como con el canje de 2005, ni del 93% después del canje de 2010. O sea, el 7% de bonistas (buitres o no) que no aceptó los canjes con quita es una de las razones del fallo adverso de la justicia norteamericana, ya que si los mismos no eran aceptados por el 100%, a la corta o a la larga se iba a recibir un fallo adverso. Y así terminó sucediendo.
En segundo lugar, la famosa Ley Cerrojo sancionada por nuestro Congreso a instancias del gobierno de Néstor Kirchner, agravó el problema, ya que violó la cláusula pari-passu al establecer dos categorías de deudores: los que aceptaron los canjes, a los cuales el Gobierno les pagaba, y los que no, a los cuales estos últimos el Gobierno desconocía como acreedores, hasta inclusive dándolos de baja de las estadísticas de la deuda pública argentina (una de las mentiras del relato sobre el desendeudamiento), deslistando a sus bonos de los mercados donde cotizaban y jamás sentándose a negociar a pesar de los continuos llamados de la justicia de los EEUU.
En síntesis, y coincidiendo con Espert, los canjes de deuda de Lavagna (2005) y Boudou (2010) tenían importantes vicios jurídicos de fondo, ya que violaban dos conceptos claves de la letra del contrato: el porcentaje de adhesión (que debía ser 100%, y no 93%) y la cláusula pari-passu. Argentina fue demandada en juicio y, como era esperable, lo perdió.
El giro de Cristina y tratativas
Por lo pronto, y después de la buena predisposición mostrada por Cristina para negociar (“queremos pagarle al 100% de los acreedores” dijo en su discurso en Rosario), el juez Griesa designó esta semana como mediador al abogado Daniel Pollack, experto norteamericano en litigios financieros, como símbolo de que no quiere “quebrar a la República Argentina”, sino más bien un acuerdo privado entre las partes (settlement), relativamente rápido y que deje a todos conformes.
De hecho, el Gobierno argentino tensó aún más la cuerda y anunció este último jueves el depósito de más de U$S 1.000 millones para cumplir con los vencimientos de capital e intereses del lunes 30 de junio próximo. Ese día el país enfrenta un vencimiento de unos U$S 900 millones, si bien vía Nueva York vencerán solo U$S 539 millones que corresponden a tenedores de bonos en sede norteamericana.
Mientras tanto, Kicillof (se supone con el guiño de Cristina) siguió toda la semana “jugando para la tribuna”, con fuertes discursos contra Griesa: “no cabe duda de la parcialidad del juez a favor de los fondos buitre ni de su verdadera intención de llevar a la Argentina al default”.
Sin embargo, el joven ministro sabe que no queda otra que negociar y pagar para evitar males mayores, como se hizo con el Club de París. Pero acá nos topamos con otro problema adicional: los ministros de economía de Nestor y Cristina tienen malos antecedentes como negociadores de pagos por deudas atrasadas, incluyendo los canjes de Lavagna y Boudou con los costosos bonos cupón PBI, y el carísimo arreglo de Kicillof con el Club de París (que incluyó U$S 3.700 millones por punitorios gracias a los 12 años de bravuconadas y dilaciones en el arreglo).
Y finalmente los punitorios del fallo de Griesa también van en la misma dirección de los excesivos pagos de los bonos de Lavagna y del arreglo de Kicillof con el Club de París, ya que el reclamo original de los fondos buitre se hizo por 428 millones de dólares, pero terminaron siendo 1.500 millones de dólares, al incluir capital e intereses punitorios, también por no negociar antes. En síntesis, mucho “jarabe de pico” del relato contra el capital internacional, pero parece que en la presunta “década ganada” les hemos pagado bastante dinero a nuestros acreedores, más del aconsejado quizás.
En las próximas semanas el gobierno hará esfuerzos denodados por cerrar un acuerdo con los holdouts (buitres o no), pero evitando la cláusula RUFO, y tratando que ese eventual arreglo le permita volver a los mercados internacionales en 2015, ya que de lo contrario, el balance de pagos no cierra, al menos con niveles de actividad tolerablemente aceptables.
En palabras de Bein, economista cercano ideológicamente al gobierno, al gobierno le faltan entre U$S 8.000-10.000 millones para terminar relativamente tranquilo 2014-15, y de proyectar variables, surge que a esas divisas va a haber que conseguirlas afuera, ergo el default (que nos alejaría de los mercados internacionales) hoy es el escenario menos querido por Cristina, a pesar del impetuoso discurso anti Griesa-Buitres de su joven ministro Kicillof.
