“No consta en el expediente 8.248-I-2010 documentación de respaldo de los datos considerados en el informe de Gerencia de Tragamonedas sobre la pérdida de mercado, en términos de beneficio, por la apertura de nuevas salas”, dice el Tribunal de Cuentas en su dictamen.
Pero más aún, sobre esta estimación de pérdida de mercado es que el directorio del Instituto Provincial de Juegos y Casinos emitió la Resolución 263. En esa norma se le encomendaba al entonces presidente Daniel Pereyra renegociar el contrato. El primer objetivo era “asegurar a futuro un ingreso anual al Instituto igual o mayor al 90% del promedio percibido durante el último año”.
Es decir, tal era el escenario catástrofe que se incrementaban las máquinas y se mejoraba la tecnología para recaudar lo mismo. Pero, ante ese horizonte tan negro, el canon se incrementaba paulatinamente del 26,23%, al 33,92%; de ahí al 40,09% y finalmente al 47%. El último escalón del incremento aún no se cumple y no hay quien quiera firmar el pago del 47%. Ya se fue Nidia Martini del Instituto, sin poner la firma. Y Carlos Bianchinelli, que asumió en febrero, aún duda.
A la postre, el cálculo que animaba la renegociación resultó acertado. Con 200 máquinas más, la Provincia recauda un poco más de lo que cobraba en el año 2011 (con la vigencia del contrato anterior), al menos en los cálculos de ATE. Distinto es el caso de la Mendoza Central Entretenimientos: su facturación creció más de 80%, respecto de 2011, y eso que aún no se le paga el 47%.
