El último primer día, las presentaciones de buzos de promoción, las fiestas de egresados, entre otras, son celebraciones que están arraigadas entre los estudiantes mendocinos y que suelen mezclar dos componentes altamente incompatibles: alcohol y menores de edad. Se trata de situaciones que muchas veces se salen de control y que el gobierno busca mantener a raya haciendo hincapié en la responsabilidad parental.
Por esta razón en el Código de Contravenciones de la provincia de Mendoza, que entró en vigencia en octubre del año pasado, se explicitan sanciones para padres, tutores o guardadores derivadas de conductas inapropiadas de los menores a su cargo.
De hecho, desde que se aplica la norma, unos 80 padres arriesgan sanciones por el consumo de alcohol de sus hijos y omisión de cuidado (artículos 86 y 97). Se trata de los responsables de 16 chicos a los que se encontró en estado de ebriedad en distintos boliches de Ciudad a fines del año pasado, más los 26 de San Martín que estaban alcoholizados mientras festejaban en un bar la presentación del buzo de promoción. Por cada uno de ellos se presume la responsabilidad de dos personas, aunque puede variar según el caso y quedar en manos de tutores u representantes legales.
Desde el Ministerio de Seguridad aclararon que todavía no han sido multados, sino que sus casos se encuentran en proceso y que serán los jueces de paz contravencionales asignados los que determinarán si deben pagar un monto en dinero o si llegan a un acuerdo que incluya trabajo comunitario, terapia familiar o algún otro tipo de resarcimiento.
"El Código Contravencional establece la responsabilidad de los padres por las conductas de los hijos menores cuando estos hayan cometido un hecho contravencional", comenzó a explicar Gianni Venier, ministro de Seguridad de la Provincia. Y recalcó que los menores no son punibles por el mencionado código.
En el caso de San Martín, el funcionario detalló que fueron los vecinos los que llamaron a las autoridades por ruidos derivados del festejo de los estudiantes en un bar del departamento. "La policía los encontró alcoholizados y haciendo ruido fuera de horario por lo que se los llevaron a la dependencia para tomarles los datos", relató a la vez que remarcó que inmediatamente se empezó a llamar a los padres. "Antes del código se labraban actuaciones solo contra el titular del local que estaba permitiendo la ingesta de los chicos, pero ahora además se da intervención al juzgado de paz contravencional del lugar y éste empieza a tomar actuaciones", indicó Venier.
Lo que hace el responsable de este juzgado es recabar datos para ver si realmente hubo una infracción por parte de los menores y si el hecho involucra a los padres o no. "Para ello se cita a cada uno de los chicos con ambos padres, o quienes tengan la tutela del menor y se les pide que expliquen por qué sus hijos estaban en esas condiciones", señaló el funcionario.
Una vez que se toma las testimoniales correspondientes y evalúa las pruebas presentes (actuaciones de la policía, entre otros), el juez determina si cabe aplicar la sanción pura en dinero o llegar a algún tipo de acuerdo. "Se puede plantear una forma de remediar lo hecho que sea comprobable para el juez, como por ejemplo, trabajo comunitario y hasta terapia familiar", detalló.
En el caso de haber reincidencia la sanción se eleva al doble y la terapia familiar se vuelve obligatoria. Como este proceso lleva un tiempo de resolución, la multa no se aplica instantáneamente, por lo que por el momento no se puede hablar de multados, sino de amenazados con pena de multa.
Efecto disuasivo
Otros que podrían ser sancionados son los padres de 16 jóvenes a quienes se encontraron alcoholizados a fines del año pasado en distintos boliches de Ciudad. Aunque todavía sus casos se encuentran en proceso ya que los jueces responsables todavía no determinan cómo deben responder por los hechos.
"Lo más sobresaliente que notamos después de difundir los casos de estos 16 chicos fue que funcionó para concientizar a otros jóvenes. Durante las dos semanas subsiguientes de festejos en la explanada de Casa de Gobierno, con hasta 6 por noches, no encontramos ni un sólo derivado de la ingesta de alcohol", aseguró Venier, para quien la medida anterior tuvo un efecto disuasivo claro.
Se trata justamente del objetivo que persigue el gobierno con este tipo de sanciones. "No buscamos multar, sino cuidar a los chicos para que no se alcoholicen y que los padres se hagan responsables por ellos", manifestó.
25 agresiones a personal educativo
En el artículo 46 del Código de Contravenciones se detalla la sanción por "ofensa personal a un funcionario público" que incluye a docentes y directivos de establecimientos educativos de gestión pública y privada. A raíz del mismo, se han registrado aproximadamente 25 casos de padres de alumnos que han agredido a algún referente de la escuela a la que asisten sus hijos desde fines del año pasado.
"Estos casos se han resuelto sin multa, ya que los agresores han recapacitado y se ha llegado una solución a través de la mediación con el defensor del docente", comentó Venier quien detalló que generalmente se trató de un pedido de disculpas freten a la comunidad educativa.
"Son casos de padres que han insultado a maestras, celadores, entre otros. Cosas que antes no pasaban y queremos que no se sigan repitiendo ya que en el ámbito educativo no tienen que haber invasiones de ese estilo", recalcó.
Futuro software
Actualmente es engorroso para los funcionarios contabilizar la cantidad de personas sancionadas por el Código Contravencional ya que requiere averiguar individualmente en cada uno de los juzgados de paz contravencionales, por lo que desde el Ministerio de Seguridad están trabajando en un software que facilite el registro.
"Con la Justicia estamos trabajando en un sistema nuevo para hacer el seguimiento de los casos que hoy hacemos por informe y rastreo", adelantó el ministro de Seguridad Gianni Venier, quien aseguró que próximamente podrán tocar un botón y contabilizarlos rápidamente.
