Las autoridades de la AMIA solicitaron recientemente a la conducción de la Delegación de Asociaciones Israelistas Argentinas (DAIA) que dejen de lado la causa judicial contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el memorando de entendimiento con Irán, que firmó el gobierno de la actual senadora nacional y que dio paso a una convulsión política inusual en el país, que hoy continúa. Esta decisión de la AMIA generó un gran revuelo en la comunidad judía argentina porque es la primera vez que se desiste en la ejecución de una estrategia conjunta entre entidades israelitas ante un caso que las involucra.
En declaraciones periodísticas, el presidente de AMIA, Agustín Zbar, sostuvo que la acción contra la ex Presidenta “está fuertemente instalada en lo que se conoce como la grieta de un sector contra el otro. Y en nuestra institución, que tiene más de 36 mil socios, tenemos gente de todas las filiaciones políticas, que vota de manera muy diferente. No nos parece que las instituciones de la comunidad tengan que definirse a favor o en contra de esto”. “Este es un año electoral y se ha dicho que va a haber un juicio oral contra la ex Presidenta por la firma del memorando. Ese juicio, ciertamente, va a tener incidencia en el proceso electoral”. “Nos parece que es negativo que las instituciones de la comunidad judía estén involucradas de ese modo en un proceso político que no representa la actividad que nosotros tenemos por esencia, que es mutualista”. Fueron éstos los más destacados conceptos vertidos por el titular de la AMIA al hacer pública la determinación que tomó la entidad a su cargo.
La postura de la AMIA puede ser compartida o no. Pero indudablemente genera una enorme turbulencia institucional semejante pedido sobre una causa judicial por el supuesto encubrimiento de los responsables de un drama irresuelto judicialmente, como el del atentado a la mutual judía, con un saldo importantísimo de víctimas fatales y la posterior muerte violenta del fiscal que investigaba los pasos políticos que llevaron al juicio contra la ex presidenta Kirchner, que se ventila actualmente y por el que se preocupa la conducción de la AMIA.
Es real que el ataque terrorista de 1994 fue contra nuestro país, pero es indudable que el mismo se enmarcó en el conflicto que el Estado de Israel mantiene con organizaciones terroristas de origen islámico amparadas en muchos casos por poderes políticos dedicados a promover y financiar dichas acciones criminales. Esta debería ser la premisa de la organización mutual por sobre el pensamiento políticopartidario de cada uno de sus socios.
No debe olvidarse que, con motivo de la firma del cuestionado memorando con Irán, en su momento fue la propia AMIA la que se expresó rotundamente en contra de lo convenido entre los dos países, reclamando la instrumentación de un nuevo acuerdo bilateral que incluyera pretensiones de dicha entidad, que fue blanco del terrible atentado.
La muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, según pericias, asesinado días después de haber hecha pública su denuncia contra el gobierno kirchnerista y sólo a horas de formalizar su investigación en el Congreso, merece un esclarecimiento por la gravedad tanto del desenlace que terminó con su vida como por la grave conclusión a la que llegó su labor judicial.
Ganarle a la impunidad es uno de los mayores desafíos que tiene la sociedad argentina.
El finalmente frustrado acuerdo con Irán que argumentaron se hizo para supuestamente avanzar en la búsqueda de la verdad en uno de los atentados más traumáticos y dolorosos ocurridos en la Argentina, es una herida que no nos dejará en paz hasta que se pueda saber definitivamente qué condujo a las principales autoridades del país a intentar pactar con los involucrados en el acto terrorista. Es demasiado grave el acontecimiento y sus posteriores secuelas como para tratar de ponerle un punto final.
