Después de un octubre intenso en el que a punto estuvo de prosperar un pedido de detención en su contra, Pablo Moyano aguarda otro mes movido en el plano judicial: este jueves, en el primer día de noviembre, a las 8 y 30 deberá presentarse en los tribunales bonaerenses de Lomas de Zamora para ser indagado.
Moyano, secretario adjunto del gremio de Camioneros, está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita sospechada de hacer negocios ligados al Club Atlético Independiente. La institución de Avellaneda es presidida por Hugo Moyano, mientas que Pablo ocupa el cargo de vicepresidente.
El 12 de octubre pasado, el fiscal Sebastián Scalera pidió la detención de Pablo Moyano, medida que fue rechazada por el juez de Garantías, Luis Carzoglio. El rechazo al encarcelamiento preventivo, se produjo a horas de que Pablo Moyano regresara al país proveniente de Singapur, donde había participado de una cumbre internacional de organizaciones sindicales ligadas al transporte. Distintas organizaciones sindicales habían avisado que irían a Ezeiza a resistir el encarcelamiento del dirigente camionero.
"Me inventaron una causa. Somos 32 dirigentes en la comisión directiva de Independientes y parece que yo solo armé una asociación ilícita juntado dinero de los choripanes y de los trapitos. En 2006, Julio Comparada vendió tres jugadores, entre ellos el "Kun" Agüero y le pagaron millones de dólares. Se fue de la presidencia y dejó el club fundido. Nadie investigó nada", se defendió Pablo Moyano. La causa judicial investiga una serie de ilícitos como la reventa de entradas, pagos de comisiones por venta de jugadores y aprietes al cuerpo técnico que encabeza Ariel Holan junto a barra bravas del club.
Hugo Moyano calificó el pedido de cárcel contra su hijo de "persecución política", y no dudó en señalar al gobierno nacional como un interesado en que prospere la causa judicial. "Este es un gobierno de gorilas", afirmó.
El presidente de la Federación de Camioneros y su hijo Pablo buscaron respaldo en las filas sindicales. Lo encontraron. Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, aun cuando Pablo Moyano dejara el Consejo Directivo cegetista por discrepancias políticas, le dio su apoyo. "Son todas cosas que tiran desde el Gobierno para difamar. Es una persecución política a la dirigencia gremial, en busca del desprestigio que siempre nos quieren hacer", sostuvo Daer.
“Cómo puede hacer una familia para estar, desde enero, todos los días en los diarios, con una presión sistemática, mediática, de acusaciones. Acusaciones que nunca terminan. Es muy difícil y no caben dudas de que son operaciones para amedrentar”, amplió Daer.
Las CTA, y la Corriente Federal Sindical que preside el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, también respaldaron a Moyano.
“Que nadie se crea que está por encima de la ley o piense que puede prepotear a los demás”, dijo el Presidente Mauricio Macri, cuando Pablo Moyano se quejó por el pedido de presión que pesaba sobre él.
Pese a que durante los dos primeros años de gestión, Hugo Moyano mantuvo una cordial relación con el Presidente, en el oficialismo se lo relaciona con un modelo sindical al que también pertenecen dos dirigentes actualmente presos: el extitular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, Omar "Caballo" Suárez, y el jefe de la delegación platense de la OUCRA, Juan Pablo "Pata" Medina. "Asociación ilícita", "malversación de fondos" y "extorsión", son algunos de los delitos que pesan sobre estos dos dirigentes sindicales.
La familia Moyano enfrenta, además, distintas causas judiciales. La justicia federal de Morón tiene un expediente abierto en el que se investiga si Hugo Moyano, a través de terceros, compró dos propiedades de lujo en el conurbano bonaerense.
El juez federal Claudio Bonadio, a su vez, tiene una causa por el presunto desvío de fondos de la obra social de los camioneros y por un posible fraude en el reintegro de medicamentos.
La Unidad de Información Financiera (UIF), en tanto, detectó en Suiza dos cuentas a nombre del club Independiente por las que pasaron 30 millones de dólares, operadas desde 2015 por Hugo Moyano y que no fueron declaradas ante la AFIP.
