Hierro Indio pareciera a primera vista un proyecto metalífero viable, ya que cumpliría con la Ley Provincial 7.722. Sin embargo, datos y procedimientos omitidos en su tramitación echan por tierra tal consideración.
El Gobierno pretende aprobarlo y remitirlo a la Legislatura obviando las instancias de Estudio de Impacto Ambiental, Consulta Pública de los expedientes y Audiencia Pública, presupuestos mínimos vigentes en todo el país, obligatorios para cualquier actividad potencialmente impactante, según Ley Nacional 25.675 y artículo 41 de la Constitución Nacional. Preceptos a los que se subordina el Código Minero en su artículo 233.
Para el caso de la Audiencia Pública, al ser abiertamente participativa, representa la mejor forma, desde lo legal, para determinar si hay o no licencia social. Los antecedentes en este sentido chocan con sus intereses y por eso pretenden eludirla: saben que la gente se ha expresado reiteradamente rechazando este tipo de explotaciones en sus territorios.
El documento no especifica qué ocurriría si prospección y exploración resultaran positivas, pasando a fase de explotación, donde sería necesario realizar flotación con químicos y agua para extraer las impurezas del hierro (titanio, fósforo, azufre, etc.).
No se está evaluando vulnerabilidad ambiental, vocación territorial zonal e impactos sinérgicos por la concurrencia de otras actividades actuales o potenciales, desechando los parámetros de la Ley Provincial 8.051 (ordenamiento territorial y uso del suelo).
Llama la atención que quieran aprobar el proyecto sin línea de base socioambiental, ni determinando la capacidad de carga del ecosistema. Una línea de base es la única herramienta empírica disponible para accionar legalmente contra una corporación en caso de contaminación. La medición de capacidad de carga del ecosistema permite saber si el proyecto puede provocar daño ambiental o no, independientemente de sus características. Ambos parámetros técnicos no se pueden determinar con visitas esporádicas y escaso esfuerzo de muestreo, tal como se evidencia en el IIA. Estos estudios deben ser sistemáticos y completados antes de iniciar.
La formulación de Hierro Indio esconde una trampa, pues los proponentes quieren juntar dos proyectos en uno, ya que los pedimentos mineros corresponden a dos minas a reactivar (Hierro Indio) y una manifestación de descubrimiento (El Soldado). Son dos yacimientos de distinta categoría que, de acuerdo al Código de Procedimiento Minero Provincial, deberían llevar tratamientos diferentes. Además, El Soldado es mucho más grande (3.000 hectáreas) y con más potencial que Hierro Indio y ahí está el punto de solaparlo para bajar las exigencias de aprobación.
Causa mucha indignación tener que hacer numerosos malabares burocráticos para dar con las actuaciones administrativas; y más aún, cuando de su lectura crítica, se verifica la subjetividad con la cual los funcionarios dan por sentado que supuestamente no va a haber impacto ambiental, argumento que emplean para eludir instancias obligatorias por ley. ¿Con el mismo criterio van a ejercer estrictos controles, como dicen?
Con este panorama concreto, el modelo megaminero que procuran Gobierno y corporaciones (del cual este proyecto sería punta de lanza), es inviable económica, social y ambientalmente, pues sólo se fundamenta en negocios particulares, arbitrariedades, prescindencia de procedimientos legales y subestimación al principio de autodeterminación de los pueblos.
