Si hubo algo que sobresalió durante la gestión de Norberto Oyarbide como juez federal fue su afán desmedido por la exposición pública pero lo grave del caso es que, habiendo dejado su cargo, no pierde oportunidad mediática, participando de actos o programas en los que intenta ahora demostrar sus (pésimas) cualidades de bailarín o de showman.
Oyarbide, a lo largo de su carrera, demostró ser la contrapartida de lo que la gente espera de un juez de la Nación. La ciudadanía considera que un magistrado debe mantener una conducta intachable, tanto en su gestión pública como en su vida privada, en razón de que es la persona que debe considerar actitudes y juzgarlas con coherencia y objetividad en la sentencia.
Pero no sólo dejó mucho que desear en su vida privada sino que también sembró un manto de sospecha sobre sus fallos, especialmente en casos que alcanzaban a altos funcionarios nacionales y que “casualmente” caían bajo su jurisdicción.
Ingresó a la Justicia como empleado a mediados de 1976 y tuvo una carrera ascendente: fue secretario, fiscal y, en 1994, juez federal en la Ciudad de Buenos Aires, durante el gobierno de Menem.
Llevó adelante numerosas causas que involucraron a los ex presidentes Menem, Kirchner y Fernández de Kirchner; y al actual primer mandatario, cuando era jefe de Gobierno porteño. En el caso del riojano, por la supuesta cuenta en Suiza y por el enriquecimiento ilícito de Armando Gostanián.
Su nombre figuraba en la famosa “servilleta” de Carlos Corach sobre jueces confiables y no confiables. Investigó el patrimonio de Néstor y de Cristina, con sentencias inmediatas a favor de ambos e investigó a Macri en la causa de las escuchas ilegales, entre muchos otros casos. En la gran mayoría, con sentencias cuestionables y cuestionadas.
Fue denunciado por el propietario de un prostíbulo, al que concurría gente famosa, de haberle brindado protección a cambio de 15 mil dólares mensuales y servicios sexuales, razón por la cual se le inició un juicio político. Un grupo de magistrados, integrado por el abogado Alejandro Fargosi, lo acusó de “actos ofensivos al decoro de la función judicial” por haber cantado y bailado junto con la Mona Giménez y también se le pidió juicio político por su actuación en una causa por presunto lavado de dinero en pases de jugadores de fútbol, de la que fue apartado por la Cámara Federal por su tramitación irregular. En el programa Periodismo para Todos, Jorge Lanata cuestionó su forma de vida y su patrimonio.
A esos aspectos deberían sumarse el revuelo que generó su declaración sobre un anillo de 150 mil dólares (según valuó él mismo) que dijo haber recibido de regalo, sin mencionar de quién, o la repercusión pública que tuvo su raid por las más importantes playas y en los hoteles más suntuosos del Caribe junto a su pareja, un ex árbitro de básquetbol.
La gestión pública de Oyarbide generó más de una sospecha y por eso causó decepción en la ciudadanía la decisión del gobierno nacional de aceptarle el pedido de renuncia para acogerse al beneficio de la jubilación, lo que frenó las decisiones sobre los juicios políticos. Y si bien es cierto que por Constitución, las acciones privadas de los hombres están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados, no es menos real que Oyarbide, como juez de la Nación, debió honrar la jerarquía, el honor y el respeto que demanda ese cargo.
Es de esperar también que la reciente aparición pública, bailando con actitudes payasescas, sólo haya respondido a la necesidad de generar algún punto de rating a un programa de escasísima repercusión como en el que participó.
