Los servicios esenciales. Segundo round. Ya se puso sobre el tapete una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación; ahora el oficialismo empuja una ley en la Legislatura que reemplazaría a la 4.974 que regula el funcionamiento de la Subsecretaría de Trabajo.
Allí el oficialismo pretende crear una Comisión de Garantías, similar a la que existe en el ámbito nacional, que sería la encargada de fijar los servicios mínimos que deberán cumplirse en caso de paro en sectores que prestan servicios esenciales.
Esta disposición eriza la piel en los gremios estatales. Raquel Blas dice que es inconstitucional y que no le extraña del justicialismo, que a nivel nacional impulsa el recorte de las medidas cautelares y acá trata de recortar derechos de los trabajadores.
El proyecto del Ejecutivo ya fue aprobado en general la semana pasada y en la mañana de hoy lo tratarán en particular y así, darle media sanción de Diputados. La demora se debió a que el PJ pretendía el apoyo del PD y los demócratas querían introducir una veintena de modificaciones. La UCR no apoyó la medida.
Desde el miércoles pasado el PJ viene apurando los contactos con el PD y ayer logró cerrar una redacción para llegar a la sesión de hoy con todo acordado.
El tema no es nuevo. En la edición del 21 de marzo, Los Andes informaba que habían varias iniciativas en danza, algunas desde el año pasado. La idea original era que la provincia adhiriera a la Ley nacional 25.887.
En el artículo 24 de esa norma se establece qué es un servicio esencial y en su decreto reglamentario, el 272 de 2006, se prescribe que los servicios mínimos serían determinados por una "Comisión de Garantías" integrada por cinco miembros provenientes de organizaciones de empleadores, sindicales, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y un miembro por el Poder Ejecutivo.
En 2010, esa Comisión de Garantías emitió dictamen al que suscribió el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ese dictamen fue el que originalmente el PJ sacó a la luz para limitar el derecho de huelga en el sector salud, tal como daba cuenta este diario en su edición del 7 de abril pasado.
Pero con el correr de los días, apareció otra medida que complementa aquella pretensión ya informada. Ya no se trata de una adhesión a la ley nacional, ni a lo que dispuso la Comisión de Garantías y que suscribió el Ministerio de Trabajo de la Nación, sino de crear una "Comisión de Garantías" local, que intervenga antes de cada paro que afecte a los servicios esenciales, particularmente al sector salud.
De acuerdo a la letra del texto acordado ayer, la comisión tendrá una conformación equivalente a la nacional. Será designada por el Poder Ejecutivo con nombres propuestos por organizaciones de trabajadores y empleadores, de la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza y de la Universidad Nacional de Cuyo.
Estas instituciones propondrán ternas de profesionales de "reconocida solvencia técnica, profesional o académica en materia de relaciones del trabajo, del derecho laboral o del derecho constitucional".
Esta comisión deberá entender en la determinación de los servicios mínimos. De hecho, establece que, en caso de que gremios y Ejecutivo no se pusieran de acuerdo en el alcance de cuál será la cobertura en caso de huelga, será la Comisión de Garantías la que fijará las pautas que deberán cumplir los huelguistas.
La estrategia del oficialismo pasó casi desapercibida. Lo que alertó a los observadores fue la caída de la sesión de Diputados de la semana pasada. La ley en cuestión se aprobó en general pero no en particular y sin el voto del radicalismo.
De hecho, la titular de ATE tampoco estaba al tanto de los alcances de la iniciativa. "No pueden hacer eso. No es una facultad delegada a las provincias. Haremos las acciones que tengamos hacer", prometió Blas.
