La primera de las tres jornadas de huelga que llevan adelante los trabajadores estatales de la Administración Central y de la Salud, estuvo marcada por una fuerte adhesión a las medidas adoptadas como el paro, las asambleas y los piquetes, pero también con alto contenido político entre las denuncias cruzadas y las amenazas de las autoridades de descontar los días de huelga a quienes no asistan a su trabajo y los encuentros que mantuvieron algunos sindicalistas con el Gobierno.
Si bien la acción fue calificada por el gobernador Francisco Pérez como "no conducente" -lo dijo desde Roma tras su encuentro con el Papa- añadiendo que "se descontarán los días" a unos 3.500 huelguistas, los gremialistas no sólo confirmaron la continuidad de la medida sino que aseguraron que desde el lunes próximo la endurecerán "por tiempo indeterminado".
Los sindicatos se esmeraron en aclarar que lo que ellos realizan en estos tres días "es huelga y no paro", lo que implica distintas maneras de protestar, como el paro propiamente dicho, los piquetes o las asambleas.
"En la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hay 149 formas distintas de huelga", explicó la titular de ATE, Raquel Blas, para justificar los cortes que se vieron ayer y que también habrá hoy; el paro en los hospitales y las asambleas en algunas dependencias del Estado. En ese sentido los gremios informaron que "hubo 90% de acatamiento general" a las distintas medidas.
En el caso específico de Salud garantizaron la cobertura de los servicios mínimos, tal como se acordó con el Ejecutivo. "Las guardias están funcionando como corresponde; los jefes de servicio están trabajando y no se ha dejado de atender a ningún paciente internado", dijo Claudia Iturbe, secretaria gremial de Ampros.
Fue precisamente este gremio el que protagonizó uno de los momentos políticos de la jornada al reunirse con el vicegobernador Carlos Ciurca y el ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla, para abordar la amenaza del ministro de Salud, Matías Roby, de quitarle la personería gremial e imponerle una multa millonaria.
"Ciurca se comprometió a interceder para que cesen estas amenazas", dijo la titular de Ampros Isabel del Pópolo, acompañada por Jorge Yabkowsky, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), entidad que ha considerado las amenazas de Roby como "un ataque a la libertad sindical, amparada por la Constitución y los convenios de la OIT y de los derechos humanos".
El ministro Lafalla señaló que "no se ha recibido denuncia alguna" sobre la quita de personería jurídica o la multa y agregó que la mayor preocupación "es restablecer el sistema de Salud".
En el Gobierno están satisfechos con ésa y otras reuniones que han tenido con los gremialistas, y dicen que les sirve "para avanzar en una propuesta superadora" la que podría presentarse en las próximas horas, y para todos los sectores, según trascendió.
